Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 4 añosLa depredación de recursos del Estado por parte de los políticos –de todos los partidos– se ha convertido en una institución. Tan sólida es que la Asamblea debería considerar la creación del Ministerio del Latrocinio y la Corrupción; nombrar a su mejor ladrón y reglamentar el monto a robar, con cargo al Presupuesto General del Estado. Es inconcebible el esfuerzo de estos pandilleros políticos para despojar a la sociedad panameña, que parece recostada en un diván, mirando cómo le roban.

Hoy por Hoy

Hace 4 añosComo el sector privado había predicho, la inclusión de decenas de productos a la lista bajo el régimen de precios controlados generó el efecto contrario al deseado. La canasta básica ha aumentado de precio y ahora es más cara que en julio y agosto pasado, cuando se llegó a los acuerdos con los grupos organizados que realizaron los cierres de calles en todo el país. Y los aumentos de los productos han sido especialmente altos en las zonas rurales, donde, precisamente, los ingresos de sus habitantes son menores que en el resto del país. Las buenas intenciones no bastan para controlar el mercado. Este tiene sus reglas y es mejor entenderlas que forzarlas inútilmente. Y eso es lo que ha ocurrido. El Gobierno debe encontrar formas más creativas para generar más competencia y que se apliquen las reglas de mercado a la baja. Pero poco logra, pues sus funcionarios parecen desconocer el comportamiento del mercado. Ahora, ¿qué hará el Gobierno para contener las alzas? ¿Más controles? Aprendan de sus errores y usen más la imaginación.

Hoy por hoy

Hace 4 añosEl Tribunal Electoral (TE) insiste en mantener en servicio la aplicación que permite recoger de forma digital las firmas en apoyo a candidaturas de libre postulación, a pesar de que no tenemos la seguridad de que este sea un método a prueba de trampas. Pero lo peor es que las dudas que genera esta aplicación están mermando la credibilidad del TE. Insistimos en que la aplicación debe ser suspendida temporalmente, realizarse una auditoría exhaustiva y, además, aplicar pruebas al software que no dejen lugar a la desconfianza ciudadana. Incluso, a las personas que buscan candidatizarse mediante el engaño, el TE debería sancionarlas ejemplarmente por cada firma fraudulenta. No basta con tímidas sanciones que dan lugar a lo contrario de lo que se busca. Castigos y la certeza de que se aplicarán con severidad pueden ser más persuasivos que tratar de convencerlos de ser honestos. Lo que está en riesgo es el sistema de gobierno y con eso no se admiten juegos peligrosos como al que ahora se está prestando inexplicablemente el TE. Hay otros métodos para recoger las firmas y aunque no son 100% seguros contra el fraude, se han utilizado exitosamente en el pasado. Entonces, ¿por qué insistir en algo que aún genera inquietudes e incertidumbres?

Hoy por Hoy

Hace 4 añosMeses atrás, La Prensa solicitó al director del Ifarhu la lista de beneficiarios de cada “auxilio económico” no reembolsable que fuera superior a la suma de $50 mil. El director, alegando la protección de la privacidad de los becados privilegiados, se negó a entregar la información de carácter pública. No es el único; hay muchos funcionarios que, con la misma excusa, se han rehusado a informar sobre el uso de recursos estatales. La osadía de estos servidores públicos solo es posible cuando las autoridades permiten estos abusos, porque todo aquel que recibe dinero del Estado renuncia a la confidencialidad, ya que los fondos de los que hace uso pertenecen a la colectividad y, por lo tanto, proteger su privacidad es un absurdo. Esa opacidad permite situaciones como las que han sido denunciadas en redes y medios, sobre el uso del dinero del Ifarhu, entregado a estudiantes cuyos padres son funcionarios con una solvencia económica que permite costear esos estudios. El que aprueba esos “auxilios económicos” es el director del Ifarhu y el que los refrenda es el contralor de la República. Ambos podían haberlos negado, pero optaron por allanarse y patrocinar el descarado robo de oportunidades a estudiantes que sí necesitan ayuda, pero están muy lejos del gobierno y de su partido. Su hipocresía e insensibilidad no conoce de límites.

Hoy por Hoy

Hace 4 añosLa solicitud –casi secreta– de aumentar el presupuesto de la Asamblea Nacional para la vigencia 2023 nos dice mucho acerca de lo poco que nuestras autoridades están considerando un plan de austeridad. Y la razón es obvia: los diputados seguramente pretenden usar dinero del Estado para hacer proselitismo. Lo hemos visto en el pasado reciente y nada nos hace pensar que no seguirán con la misma práctica, a juzgar por los presupuestos de entidades clientelistas –como la Dirección de Asistencia Social (antiguo Programa de Ayuda Nacional) y la Autoridad Nacional de Descentralización–, que recibieron aumentos sustanciales para el próximo año, incluso por encima de los ajustes que pidieron. Y la Asamblea Nacional no podía quedar rezagada, por lo que solicitó un aumento de $56.8 millones, sin contar que este año es probable que termine con el mayor presupuesto de su historia: $212 millones. La cifra es abusiva, sin duda, considerando que el país tiene que endeudarse para cumplir con un presupuesto inflado, totalmente alejado de la realidad de los ingresos. Y para el próximo año –en vísperas de la campaña electoral– van por el mismo camino, sin importar las consecuencias.

Hoy por hoy

Hace 4 añosComo era de esperarse, la Asamblea Nacional se prepara para utilizar dinero del Estado para hacer campaña política el próximo año. La comisión legislativa de Presupuesto concedió ajustes mínimos para el Ministerio de Salud y para la Caja de Seguro Social. Incluso, el Hospital Oncológico, que pidió $80 millones, tendrá que funcionar con $60 millones. Lo mismo ocurrió con el sector educativo: la comisión recomendó pequeños incrementos para los presupuestos de las entidades vinculadas a este sector, con excepción de la polémica Unachi, a la que le recomendó el 80% del aumento que solicitó. En cambio, la Asamblea fue generosa –al punto de ajustar los presupuestos por encima de los aumentos solicitados– con la Autoridad Nacional de Descentralización y la Dirección de Asistencia Social -antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN)-. La razón de ser de ambas es el clientelismo político y no se trata de percepciones. Por eso los diputados volcaron millones a estas entidades, negándole salud y educación a la población, solo para poder contar con unos recursos millonarios que facilitan cualquier reelección. El Tribunal Electoral debería vigilar el uso de estos fondos. Las alarmas están encendidas.

Hoy por Hoy

Hace 4 añosLa investigación de este medio que dio con evidencias del mal uso de aplicaciones del Tribunal Electoral (TE) que hacen personas interesadas en obtener las firmas que respalden su candidatura por la libre postulación es un hecho muy grave y las autoridades deben actuar con todo el rigor que la ley permite, aplicando las sanciones máximas previstas, a fin de que actos como estos no se repitan. La Fiscalía Electoral debe conducir una investigación prolija, respetando las garantías procesales para dar con los culpables y someterlos ejemplarmente a las penas previstas por la legislación vigente. Paralelamente, y sin que esta tarea sea menos importante, el TE debe considerar la idea de revaluar los métodos de recolección electrónica de firmas. Han quedado evidenciadas serias deficiencias que ameritan mucho más que una excusa o restarle importancia. Si estos procedimientos permitieron la inscripción de cientos o miles de personas en apoyo de una o más candidaturas, queda claro que hay fallas que ameritan investigación, auditorías, corrección y pruebas antes de volver siquiera a pensarse como un sistema seguro para estos fines. En esto se juega su buen nombre el TE, mientras la democracia tiene mucho que perder.

Hoy por Hoy

Hace 4 añosUna y otra vez, los funcionarios o exfuncionarios acusados de delitos contra la administración pública recurren a trilladas palabras –porque ni siquiera son argumentos– con las que ellos se autodescriben como víctimas, y a los medios, como fabricantes de novelas, refiriéndose a sus casos. Y así, sin algo que respalde su alegada inocencia, se esconden –sin éxito– en falacias que, de tanto, repetirlas, terminan creyéndoselas. Si en Panamá no hay justicia, no es por culpa de los medios. Cada gobierno ha sabido integrar a sus filas a esos funcionarios que la Constitución señala como contrapesos de poder. En consecuencia, tenemos que el rol de la justicia ha sido reducido a la impunidad. En Panamá, lo que esos políticos llaman novelas son hechos que sobrepasan la capacidad de imaginación de un escritor, porque no hay ingenio alguno que pueda concebir, ni de lejos, lo absurdo de nuestra realidad. La historia de este país empiezan a escribirla los que se ven a sí mismos como triunfadores, cuando son ellos parte de este profundo drama que viven los ciudadanos de este país. Es por ellos que no hay sonrisas ni alegrías, salvo en esos privilegiados hogares donde las francachelas se pagan con nuestro dinero.

Hoy por hoy

Hace 4 añosLos niveles de inseguridad ciudadana siguen en aumento. Los robos y asaltos se han hecho más frecuentes en las últimas semanas, con joyerías y bancos como si fueran zonas rojas. En contraste, la élite política local goza de la seguridad que le brinda el Servicio de Protección Institucional (SPI). Proteger esta élite nos cuesta a los panameños $30.2 millones al año, y no es toda la seguridad particular que brinda el Estado, dado que otras entidades tienen su propio cuerpo de protección institucional. Obtener datos sobre el funcionamiento del SPI ha resultado imposible, porque sus autoridades ocultan a quién protegen y con cuántos agentes, con la máscara de la seguridad nacional. Y así, gente que nos cuesta mucho más que dos o tres agentes por turno, obtiene la seguridad de la que no gozan los ciudadanos de a pie y que quizá necesiten con más apremio. Sin ir más lejos, una adolescente fue agredida sexualmente en una comarca, pero no ha podido presentar una denuncia porque las autoridades no tienen presencia allá. Los responsables de hacer de este un país más seguro, lo que hacen es asegurarse de que el Estado los proteja a ellos. Y los que no, que vayan a elecciones.

Hoy por Hoy

Hace 4 añosLos ajustes recomendados por la Asamblea Nacional al presupuesto general del Estado para la vigencia de 2023 –que se elevan a unos $460 millones– son reveladores en varios aspectos, en especial, los recomendados para seguir haciendo política solapadamente con el dinero de nuestros impuestos. Por ejemplo, $64.3 millones más para la Autoridad Nacional de Descentralización, que como sabemos, su ley fue modificada para permitir la contratación de más gente en vez de hacer inversiones en las comunidades. Incluso, los diputados pidieron aumentar $4 millones al presupuesto de la Unachi, a la cual este año ya le habían aprobado al menos $9 millones en aumentos salariales. Y lo inesperado: un traslado de partida de casi $12 millones para la propia Asamblea, sin el sustento del diputado Crispiano Adames. La mayoría de aumentos aprobados en la Comisión de Presupuesto es para ajustes salariales o el pago de bonos a empleados del gobierno. Nuestros gobernantes se están asegurando de no dejar un centavo sin gastar. El presupuesto de 2023 será de unos $27 mil millones, que tendrá que completarse, sin duda, con más y más deuda, en medio del desempleo y la falta de ingresos al erario.

LAS MÁS LEÍDAS

Investigan altercado entre piloto de Copa Airlines y controlador aéreo en aeropuerto de Costa Rica. Leer más
Los Rabanes tienen plazo hasta este miércoles para responder demanda de Gringo Man por $110 millones. Leer más
Combustibles registran una ligera baja desde este viernes 10 de julio. Leer más
Presidente Mulino veta reforma de Benicio Robinson que debilitaba la protección de los arrecifes. Leer más
Cepanim: Adultos mayores, muchos en bastón y sillas de ruedas, abarrotan el Megapolis en busca de su certificado. Leer más
Jubilados cobrarán desde este viernes la primera quincena de julio. Leer más
Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados. Leer más