Hoy por hoy

Los niveles de inseguridad ciudadana siguen en aumento. Los robos y asaltos se han hecho más frecuentes en las últimas semanas, con joyerías y bancos como si fueran zonas rojas. En contraste, la élite política local goza de la seguridad que le brinda el Servicio de Protección Institucional (SPI). Proteger esta élite nos cuesta a los panameños $30.2 millones al año, y no es toda la seguridad particular que brinda el Estado, dado que otras entidades tienen su propio cuerpo de protección institucional. Obtener datos sobre el funcionamiento del SPI ha resultado imposible, porque sus autoridades ocultan a quién protegen y con cuántos agentes, con la máscara de la seguridad nacional. Y así, gente que nos cuesta mucho más que dos o tres agentes por turno, obtiene la seguridad de la que no gozan los ciudadanos de a pie y que quizá necesiten con más apremio. Sin ir más lejos, una adolescente fue agredida sexualmente en una comarca, pero no ha podido presentar una denuncia porque las autoridades no tienen presencia allá. Los responsables de hacer de este un país más seguro, lo que hacen es asegurarse de que el Estado los proteja a ellos. Y los que no, que vayan a elecciones.