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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 añosEl Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha recurrido a varios contratos llave en mano para concretar sus obras de construcción y mantenimiento de la red vial, que en esta administración –al cabo de tres años– ya suman casi $1,000 millones. Y aunque buena parte de esos proyectos se pagarán en el ejercicio fiscal de los años que aún le restan a este gobierno, lo cierto es que un cuarto de esa deuda tendrá que asumirla el gobierno que resulte electo en 2024, sin contar los contratos que seguramente se adjudicarán en lo que resta de esta administración. En el pasado, algunos de los proyectos desarrollados bajo este esquema, aunque tienen la ventaja de ser financiados por las empresas contratistas, para luego ser pagados por el Estado, han terminado en manos de empresas “amigas”, a través de pliegos cerrados o confeccionados a la medida, con el fin de evitar la competencia. Por otro lado, hay que destacar que lo que se lleva contratado en proyectos llave en mano suma cuantiosos recursos a los que hay que añadir el financiamiento. Por ello es recomendable no abusar de esta figura, pues, al fin y al cabo, es deuda que tendremos que pagar, incluso a esas empresas “amigas” que han recibido varios de estos contratos.

Hoy por hoy

Hace 4 añosEl peso de las deudas, la falta de ingresos y el despilfarro empiezan a sentirse en el presupuesto del Estado del próximo año. Hay sectores que serán privados de recursos suficientes para sus necesidades, como el de educación. Su cálculo de funcionamiento e inversión –que incluye programas de alimentación para estudiantes y el mantenimiento de los centros escolares– era de unos $2,380 millones, pero el Ministerio de Educación recibirá $1,840 millones, 22.5% menos de lo solicitado. El próximo será un año preelectoral y seguramente veremos recursos estatales que serán destinados a fines reeleccionistas. Nada nuevo, en realidad, pero es necesario indicar que los problemas causados por la pandemia no están cerca de solucionarse y la prudencia fiscal no es, ni de lejos, una fortaleza de este gobierno, mucho menos en vísperas de una elección en la que se juegan el futuro. Si la educación tiene ante sí este panorama, significa que las proyecciones económicas no son buenas. Apenas vislumbramos lo que se nos viene encima.

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Hace 4 añosUn estudio de la firma Indesa ha corroborado lo que ya todos intuíamos o sabíamos: que los medicamentos en Panamá son caros, excesivamente caros, aunque hay factores que contribuyen a ello, como los costos de importación; la casi ausencia de fabricantes locales; el tamaño del mercado, y el poco consumo de genéricos, por ejemplo. Indesa revela que, entre los medicamentos que estudiaron respecto a otros países de la región, adquirir medicinas en Panamá es, en promedio, 28% más caro que en esos países. Este estudio, valioso por su información, debería ser punto de referencia para comenzar, en serio, una política nacional sobre los costos de importación; incentivos para fabricar localmente medicinas, y dirigir esfuerzos para ofrecer profesionales para la industria. Panamá necesita atender urgentemente sus necesidades , en vez de promover más importaciones, que representan fuga de divisas. Tenemos que planificar nuestro futuro, dejar de improvisar y de vivir en la zozobra. Eso es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Dejarlo solo en manos de los políticos y del gobierno, nos pone en la situación en la que estamos ahora.

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Hace 4 añosEl Índice de Desarrollo Humano 2021/2022, que presentó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nos muestra una realidad que despierta preocupación. Ahora –respecto al anterior informe de 2019– Panamá ha perdido cuatro puestos. Parece poco, pero las alarmas ya están sonando, no solo porque hay una desmejora en la mayoría de los asuntos medidos, sino porque, pese a que esos problemas son perfectamente visibles, el Gobierno no está destinando recursos para enfrentarlos. Servicios de salud, hospitalarios, investigación, educación, familia, etc., entre muchos otros, sufren recortes importantes en la Asamblea, donde se analiza el presupuesto estatal para el próximo año. Y aunque puede ser indignante contemplar cómo se desvía el dinero para proyectos proselitistas, ello no sorprende si consideramos que 2023 marca el inicio del nuevo proceso electoral para elegir o reelegir a las autoridades locales y nacionales. Entonces, los presupuestos de los siguientes dos años no van a atender las necesidades reales de la sociedad, sino a recrear una imagen falsa tras haber perdido cinco años en el poder. Crearán espejismos, mientras a los panameños nos consume la realidad que nos muestra el PNUD.

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Hace 4 añosDiputados oficialistas –incluso apoyados por sus colegas de oposición– presentaron una iniciativa que modifica la ley de descentralización en la administración pública. Buscan mofarse de un fallo de la Corte Suprema que eliminó los dobles salarios a representantes de corregimiento y alcaldes que cobraban miles de dólares mensuales sin prestar un servicio, por un trabajo al margen de las funciones para las que fueron electos. Inconformes y en desafío del fallo, los diputados pretenden auspiciar la sinvergüenzura facilitando una vez más el doble salario, alegando que tendrían que trabajar en el puesto que obtuvieron por el voto popular y el que ocupaban antes de ser electos, siempre que el horario se los permita. Es decir, que laborarían dos jornadas completas o de 16 horas al día. Si pretenden que creamos que políticos caraduras, vagos, incompetentes y sin conciencia harían tal sacrificio, están equivocados. Si no pueden cumplir una jornada, menos con dos. Estos cínicos justifican el doble salario indicando que el Estado debe “crear las condiciones básicas necesarias para no causar desmejoras salariales [de alcaldes y representantes] y que estos puedan brindar sus experiencias y conocimientos a sus habitantes, dando así́ valor agregado a sus corregimientos y distritos”. La desfachatez es insultante.

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Hace 4 añosDurante varias semanas, la mesa única de diálogo en Penonomé ha sido el foro en el que varios sectores han expresado su disconformidad con la situación y se han llegado a acuerdos en temas de importancia, aunque tales consensos solo son parches para los graves problemas estructurales que tiene el país. Pero estos sectores que actualmente están representados en la mesa del diálogo no son los únicos con derecho al disenso y a proponer soluciones. Muchos sectores esperan que los que están sentados ahí compartan la silla con otros con los mismos derechos que ellos tienen; algunos seguramente con más conocimientos o experiencia. No se trata de monopolizar el diálogo; se trata de que todos los panameños tengan la oportunidad de expresarse y de hacer propuestas. Entonces, ¿por qué se hace todo lo posible para impedirlo, extendiendo el tiempo de discusión de temas que ya han sido abordados? Los intermediarios del diálogo ya deberían tomar acciones, a fin de salvaguardar los derechos de todos, sin que esta mesa se preste para privilegios, que es, precisamente, lo que reprochamos todos: que hay panameños favorecidos en detrimento de otros. Esperamos que la mesa del diálogo no sea uno de esos escenarios para privilegiados.

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Hace 4 añosSi algo hay que reconocerle al Gobierno es su disposición para convocar diálogos. Lo malo es que casi siempre son inconducentes, inútiles y, en consecuencia, pérdida de tiempo para los que creen que por esta vía se pueden conseguir objetivos. Veamos el caso del costo de las medicinas. Hay tres comisiones hablando de eso: una del Ejecutivo; otra del Legislativo y la tercera –surgida, precisamente, por la falta de resultados– de los grupos que organizaron las protestas de julio pasado, y que obtuvieron un parche en la mesa única del diálogo por Panamá –la rebaja del precio de 170 medicamentos– en vez de una solución integral. Hablar, discutir, analizar, incluso, acordar soluciones, no parece ser el problema. En cambio, la voluntad para llegar al fondo de la cuestión; reestructurar el sistema y, alcanzados los objetivos, aplicar lo acordado, esa es otra historia. La verdad es que no hay tal voluntad, porque hay factores elementales que lo impiden. Por ejemplo, hay mucha incompetencia en el Gobierno; las soluciones propuestas no están consolidadas; el liderazgo es escaso y la credibilidad de los políticos anda por el piso. Con este panorama, es poco probable una solución a largo plazo… aunque aún quedan esperanzas.

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Hace 4 añosUna simple licitación para comprar y repartir la galleta y crema nutricional, que serán entregadas con meses de retraso a unos 400 mil estudiantes, es el colmo de la incompetencia que reina en el Gobierno. Se supone que esta iniciativa busca que los alumnos cuenten con una alimentación adecuada, que les permita asimilar los conocimientos que reciben en las aulas de clases. Pero estamos a menos de cuatro meses de que termine el año lectivo para que empiecen a repartir lo que deberían estar haciendo desde que comenzaron las clases en marzo pasado. Es el mismo drama del mantenimiento y adecuación de los centros educativos cada año; y lo mismo es con los nombramientos de los docentes. Y ni hablemos de la educación jurásica que reciben nuestros estudiantes. Es una vergüenza esta elemental falta de visión y planeamiento. La improvisación sigue dominando un ministerio que debería ser un ejemplo para los docentes, para los estudiantes y para el país. Pero lo que vemos es que la galleta y crema nutricional no son solo complementos alimenticios, sino también un atractivo botín, sin importar que cientos de miles de estudiantes se vean perjudicados por la incompetencia. Seguimos empecinados en seguir siendo los peores.

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Hace 4 añosEl plan de retiro voluntario –parte de las medidas de austeridad que pretende adoptar el Gobierno tras comprometerse en el diálogo único– no parece que irá más allá de la idea. En la práctica, probablemente no reclute ni a un tercio de los que buscan en un segmento del funcionariado al que está apostando: los 40 mil jubilados o próximos a jubilarse, que siguen en el servicio público. En primer lugar, hay funcionarios que –pese a su deseo de jubilarse– deben seguir laborando, para hacer frente al alto costo de la vida; en segundo lugar, ¿olvida el Gobierno que el programa que paga las jubilaciones de la Caja de Seguro Social está a punto de irse a la quiebra? ¿Quién, con sano juicio, dará un salto al abismo? En el pasado, los gobiernos han tratado de llegar a estos mismos arreglos, pero con poco éxito. Y mientras esto sucede en el Ejecutivo, en el Legislativo se están aprobando leyes que van mucho más allá que jugosos incentivos para funcionarios en la misma situación. Todo en medio de una crisis económica que requiere de préstamos para pagar la planilla, que paradójicamente sigue creciendo y no por arte de magia. Cero sentido de la oportunidad.

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Hace 4 añosLa miopía ha dado paso a la ceguera. Algunos políticos –entre ellos, el inefable Raúl Pineda– muestran un irrespeto por la inteligencia de los ciudadanos, aunque este menosprecio lo que revela en verdad es lo limitado que es su sentido común. Este diputado presentó un proyecto que, a simple vista, parece una solución a un viejo problema de los funcionarios: la carrera legislativa. Pero su solución no es más que un ardid, un mamotreto para mantener la mediocridad en la Asamblea, la que solo le sirve a sus intereses políticos y económicos. Para empezar, el proyecto se aprobó a poco de iniciar un año preelectoral y solo serán acogidos los funcionarios de esta administración, pues el periodo para ingresar será cerrado seis meses después de entrar en vigor la ley. Además, la pantomima es evidente, porque la ley no exige concurso de competencia. Todos los que tengan al menos dos años de servicio pueden ingresar, siempre que cumplan “los requisitos mínimos de experiencia y/o preparación académica, según el Manual de Clases Ocupacionales, para el cargo que desempeñan…” ¿Debemos suponer que hay cargos ocupados por funcionarios sin capacidad académica ni técnica? Es el oportunismo descarado y descarnado.

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