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La investigación de este medio que dio con evidencias del mal uso de aplicaciones del Tribunal Electoral (TE) que hacen personas interesadas en obtener las firmas que respalden su candidatura por la libre postulación es un hecho muy grave y las autoridades deben actuar con todo el rigor que la ley permite, aplicando las sanciones máximas previstas, a fin de que actos como estos no se repitan. La Fiscalía Electoral debe conducir una investigación prolija, respetando las garantías procesales para dar con los culpables y someterlos ejemplarmente a las penas previstas por la legislación vigente. Paralelamente, y sin que esta tarea sea menos importante, el TE debe considerar la idea de revaluar los métodos de recolección electrónica de firmas. Han quedado evidenciadas serias deficiencias que ameritan mucho más que una excusa o restarle importancia. Si estos procedimientos permitieron la inscripción de cientos o miles de personas en apoyo de una o más candidaturas, queda claro que hay fallas que ameritan investigación, auditorías, corrección y pruebas antes de volver siquiera a pensarse como un sistema seguro para estos fines. En esto se juega su buen nombre el TE, mientras la democracia tiene mucho que perder.

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