TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 4 añosEl nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) tiene, al igual que sus colegas, retos en sus manos, frente a la situación que estamos viviendo: una abierta campaña electoral cuyo centro es el presupuesto general del Estado para la vigencia 2023. Los diputados han dejado claro en qué se usarán decenas o quizás cientos de millones de dólares, que han sido asignado a instituciones que son usadas con fines clientelistas, como el programa de la Descentralización o las becas y auxilios económicos del Ifarhu. Si los que ya están y el nuevo magistrado no son capaces de ver lo obvio, es evidente entonces que nada quieren hacer sobre el uso del dinero del Estado para fines electoreros. El TE y la Fiscalía Electoral deben asumir sus roles, es decir, iniciar investigaciones sobre esta situación, que año a año empeora, pues no hay controles ni instituciones que pongan orden con sanciones ejemplares que envíen un mensaje claro sobre el mal uso de los dineros estatales. El nuevo magistrado viene de un partido al que conoce bien, que sabe cómo actúa. Su prueba de fuego será, precisamente, denunciar, investigar y castigar a los infractores de cualquier partido político y en especial, al que le ha dado la oportunidad de hacer cumplir las leyes electorales. Así nos demostrará dónde están sus lealtades. Todos esperamos, por el bien de nuestra democracia, que se eleve por encima de los intereses políticos de su antiguo partido y cumpla a cabalidad la misión encomendada.
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Hace 4 añosEl Ifarhu está bajo el escrutinio público frente a los abusos cometidos contra estudiantes que necesitan auxilios económicos no reembolsables, pero que el director de la institución prefiere dárselos a la parentela de los políticos, en especial, del partido gobernante. Pese a los cuestionamientos, a las exigencias de investigación, críticas y recriminaciones, el Ifarhu contará con un presupuesto que claramente es electoral. En momentos en que sectores de salud, educación y científico piden mayores recursos —que son negados sistemáticamente—, el Ifarhu recibe aumentos de presupuesto para el año preelectoral: cientos de millones de dólares, que superan con creces los presupuestos del Órgano Judicial o la Procuraduría General y decenas de entidades estatales. Bastan dos dedos de frente para entender por qué, una institución sin credibilidad, recibe aumentos millonarios. Tal parece que existiera la intención de despojar al Estado para gastar en campañas electorales bajo la mirada cómplice de la Fiscalía Electoral. El partido en el poder nos espeta a la cara que no importa que los ciudadanos exijan rendición de cuentas. Su mensaje alto y claro es que ellos son los que mandan y no tienen qué rendir cuentas a nadie.
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Hace 4 añosSi de algo han presumido los políticos que buscan reelegirse en las próximas elecciones es de usar el dinero del Estado para promoverse en estas fiestas patrias. No se han ocultado, no han disimulado, no se esconden. Y sencillamente lo hacen porque saben que no habrá consecuencias. La Fiscalía Electoral hace gala de sordera y ceguera como no lo ha hecho antes, y eso que antes se volvió proverbial su indiferencia ante situaciones que ameritaban, al menos, una investigación.
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Hace 4 añosLos políticos que buscan un cargo de elección en 2024 ya empezaron a hacer sus movimientos y poco a poco despiertan la incertidumbre en el ambiente con una campaña adelantada, en la que ni el Tribunal Electoral ni la Fiscalía Electoral se dan por aludidos. Aunque oficialmente la campaña no ha empezado, ya se siente en declaraciones, en el presupuesto general del Estado, en las redes sociales. Estamos experimentando una invasión de propaganda electoral que tiene muchas formas.
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Hace 4 añosFinalmente, el Órgano Judicial da paso al enjuiciamiento de los presuntos responsables del blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. Fue un camino lleno obstáculos, en el que ha habido de todo para ocultar la verdad. Han transcurrido años desde que en Brasil comenzó una investigación que involucraba a las principales constructoras de ese país, incluida, Odebrecht. Las justificadas sospechas de corrupción en Panamá han sido reveladas por la propia empresa, que ha señalado a los funcionarios locales que recibieron multimillonarios sobornos por obras y “favores”. Entre los acusados están testaferros y quienes recibieron directamente las coimas. Algunos de estos nombres se repiten en procesos fuera del país; condenados, incluso. No es un proceso cercano a la perfección, pero, al menos, recoge a los principales actores del drama: los que recibieron o ayudaron a esconder millones de dólares, desviados de obras estatales que fueron a parar a los bolsillos de unos cuantos y a campañas políticas, según Odebrecht. Ahora falta esperar el desenlace de este juicio, prevista en una lejana e incierta fecha que permitirá que mucha agua corra bajo el puente y que hace que nos preguntemos sobre la legitimidad de este proceso.
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Hace 4 añosEl país parece estar sumido en un caos, producto de la carencia de institucionalidad, certeza del castigo, liderazgo político. Las situaciones que hemos vivido en los últimos días (explosiones e incendios en edificios, con decenas de afectados, así como heridos, incidentes lamentables en los desfiles patrios, incluso, después de estos, como el ocurrido en una discoteca), a los que se suman la falta de justificación y explicaciones sobre los auxilios económicos del Ifarhu; el contrato de la minera, del que nadie da cuentas sobre las nuevas negociaciones; el aumento injustificado de la planilla del Estado; los problemas de la Caja de Seguro Social, etc.
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Hace 4 añosPanamá sufre, desde que empezó la pandemia, una difícil situación fiscal, dado que la economía está atravesando uno de sus peores momentos de las últimas décadas. No obstante, al examinar la planilla del Estado, es difícil creer que esta haya crecido en lugar de mantenerse estable o, en el peor de los casos, que haya disminuido. Si durante casi dos años el Estado no pudo conseguir sus metas de inversión, ¿cómo es que, habiendo menos trabajo, la planilla haya crecido en miles de personas y decenas de millones de dólares? El Gobierno ha fracasado –porque en el fondo jamás hubo esa intención– en elaborar, y mucho menos ejecutar, un plan de austeridad. Esta era una tarea básica, pero ni siquiera pudo con eso. Los intentos de ahorro que hizo el Gobierno son risibles, carentes de toda seriedad y, lo que es mucho peor, pone presión sobre presupuesto, pues gastos de operación de pagan con financiamiento. Esto no solo es incompetencia, es la más clara negligencia en el manejo de dineros estatales. Para cuando este gobierno termine su periodo, Panamá necesitará un rescate, pues las deudas no darán tregua y entonces la situación será caótica. Todo para pretender ocultar lo que a todas luces es obvio.
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Hace 4 añosA la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) el Gobierno le debe parte del dinero del decomiso de bienes al narcotráfico. Son unos $11 millones, correspondiente a los períodos 2018-2019 y 2019-2021. Y no es a la única a la que le deben dinero. Es como si durante la pandemia el dinero estatal –tanto el de los impuestos como el de los préstamos y hasta ingresos como estos– se hubiese ido por la cañería, dejando solo un rastro de deuda y de aportes que no aparecen. Ni siquiera justifican por qué la Asamblea Nacional aumentó los presupuestos de programas y entidades que (¡qué coincidencia!) se usan para el clientelismo. La Conapred es un organismo que se dedica a la prevención del consumo de drogas. Y para ser un país en el que el uso de estupefacientes ha aumentado notablemente, esta organización recibe unos presupuestos raquíticos, a pesar del beneficio que podría brindar a nuestra juventud. El Gobierno nos debe muchas explicaciones sobre el uso de estos cuantiosos presupuestos, cuyos altos déficits son cubiertos con la contratación de cientos de millones de dólares en deuda. Sin embargo, nadie exige cuentas ni nadie las da.
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Hace 4 añosEl Gobierno y la empresa First Quantun llevan a cabo negociaciones –que todos desconocemos– sobre protecciones para la compañía cuando el precio internacional del cobre baje, aparentemente sin considerar que de la mina se extraen otros metales, como oro, plata y molibdeno, también de gran valor. Una comisión gubernamental que redacta los contratos ha sido nombrada sin que haya trascendido quiénes la integran. El resultado de estas negociaciones es desconocido, sin contar que han pasado meses desde que la minera y el Gobierno alcanzaron los acuerdos que deben plasmarse en el nuevo contrato. ¿Por qué el atraso? Mantener este ritmo en las negociaciones solo beneficia a la empresa, ya que no aceptó pagos retroactivos, de acuerdo con los acuerdos alcanzados. Tan solo paga el 2% de regalías por las ventas brutas, pactado en el contrato original. El Gobierno no parece diligente en este asunto. Cuando anunció los acuerdos con First Quantun nos hizo creer que estaba por cerrar el contrato. Retrasar el cierre del contrato no compensa al Estado por una actividad que tiene consecuencias para el entorno ambiental. Esperemos que estas negociaciones no terminen retorciendo lo que ya está pactado.
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Hace 4 añosSi bien la patria se celebra, hay pocos motivos para hacerlo. Si hay entusiasmo, es de la juventud, que dentro de unos años tendrá que enfrentarse a la difícil realidad de encontrar un empleo digno en un país sumido en una espiral creciente de corrupción, y en la que poco a poco se cierran los espacios para la gente honesta y trabajadora. La podredumbre de la política salpica a la sociedad, que empieza adoptar las cuestionables conductas de políticos y gobiernos que solo buscan poder para hacerse de los recursos y del patrimonio nacional e impunidad para hacerlo a sus anchas y sin castigo. Panamá necesita rescatarse a sí misma, repudiar la corrupción como valor; necesita reencontrarse con el patriota que todos llevamos por dentro; dejar el cinismo y condenar –en las urnas– a los políticos mafiosos y cleptómanos. La anarquía comienza a apoderarse de nuestras instituciones y el ejemplo más palpable es la Asamblea, cuyos diputados no saben de límites a su insaciable codicia; que hacen leyes a su medida, ignorando deliberadamente sus deberes. En tanto, el Ejecutivo es una nave sin rumbo, sin timón, sin capitán y cuya tripulación, amotinada como está, solo sabe llenarse los bolsillos. ¿Es esta la patria que queremos celebrar?

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