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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 4 añosLas calificadoras de riesgo, una vez más, advierten al Gobierno de Panamá sobre los peligros que hay en el horizonte en materia económica –que incluye, obviamente, la calificación de Panamá– dada las presiones que ejerce sobre las finanzas públicas el problema de los fondos de pensiones y jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Pero sus advertencias no son tomadas en serio, a juzgar por displicencia de este y de gobiernos anteriores al tratar el tema (si es que alguna vez lo hacen). Los panameños estamos acostumbrados a improvisar, aun sabiendo de antemano lo que sucederá. Pero, en este caso, no bastará con eso. La seriedad del problema es tal, que, si no se halla una pronta solución, las afectaciones irán mucho más allá de no pagarles a jubilados y pensionados. Toda la economía será perjudicada, y salir de ese hoyo costará mucho trabajo, esfuerzo, estrés y dinero. Las consecuencias de patear la bola hacia adelante empiezan a sentirse, ya que algunas calificadoras de riesgo están previendo calificaciones negativas en el futuro inmediato a causa de la falta de iniciativas que solucionen este asunto. Y seguramente no lo harán. La prioridad del Gobierno ahora es mantenerse en el poder no solucionar los problemas.

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Redacción de La PrensaHace 4 añosLa incompetencia gubernamental en Panamá tiene muchas caras, y una de ellas se puede encontrar en materia ambiental. Es inconcebible que el país, que cuenta con 120 áreas protegidas, tenga menos del 10% de estas con un plan de manejo vigente; otras 20 están en proceso de actualizarlo y solo 7 están en elaboración. Es vergonzoso el estado de nuestras áreas protegidas, las cuales, además, cuentan con insuficientes guardaparques, si es que tienen. Es increíble que en la exagerada planilla estatal no sea posible hallar, entre tanto nombramientos, el personal para cumplir con labores tan elementales. Pero más allá de eso, cuesta creer que las autoridades no estén al día en los planes de manejo de las áreas protegidas. Se supone que esas áreas reciben un tratamiento especial por sus características: belleza, aportes ambientales, su fauna y flora, etc., y la mayoría estén abandonadas, sin protección del Estado. Y esto solo tiene un calificativo: negligencia, y, además, inexcusable. Pareciera que la nave del Estado está a la deriva, sin nadie que se haga responsable de que las leyes se cumplan. Es evidente que la anarquía se apodera del país y ni funcionarios ni ciudadanos hacen algo para preservar el Estado de derecho.

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Hace 4 añosAl analizar el talante de los últimos proyectos de ley que se han dado a la tarea de aprobar los diputados –sin mayores trabas, explicaciones o cuestionamientos– queda expuesta la agenda electorera de estos funcionarios, quienes se preparan para una campaña de reelección o para optar por algún otro puesto de menor jerarquía en caso de prever que sus opciones sean limitadas. Es así como algunos proyectos de ley –nacidos de la iniciativa de los diputados– buscan dotar de fondos millonarios a alcaldías y juntas comunales, garantizando así flujo de dinero estatal a quienes resulten electos como alcaldes o representantes de corregimiento en las próximas elecciones, que en este caso podrían ser los actuales diputados. Paralelamente, sin que aún se haya abierto oficialmente la campaña electoral, ya hay muchos en esas tareas. Basta como mirar sus cuentas en redes sociales, donde publican sus fotografías recorriendo sus respectivos circuitos electorales o pactando acuerdos electorales o buscando nuevos adeptos. Mientras tanto, la Fiscalía Electoral parece estar en otro planeta, pues no se entera ni se da por aludida de estas actividades electorales ni cómo se utiliza dinero del Estado para financiar el clientelismo político. Así las cosas, nada bueno podemos esperar de quienes buscarán reelegirse en 2024.

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Hace 4 añosEste fin de semana hemos palpado las prioridades de los políticos. Por un lado, brillaron los padrinazgos, alianzas y hasta parafernalia electoral. Fue en la finca de un poderoso empresario del PRD, en donde se reunieron las máximas autoridades de este partido y allegados, con el vicepresidente de invitado, cuyos simpatizantes actuales posaron con él para fotos, modelando su material propagandístico. Así pretendían transmitir que han dejado atrás sus amargas pugnas internas. A su vez, el aliado del PRD, el Molirena, celebró elecciones de convencionales, en un proceso en el que no faltaron quejas, mientras que, en Cambio Democrático, la autoproclamada nueva líder de ese partido impugnó el calendario electoral del colectivo, alegando violaciones de procedimiento. Claramente estamos ante una campaña electoral que ya empezó, al menos extraoficialmente, lo que define cuáles son las prioridades de los políticos. Es obvio que no se trata de servir al país, sino servirse del país. ¿Qué somos los ciudadanos para esta gente? Ahora, únicamente el voto que los mantendrá en la cima del mundo. Después seremos su piso, por donde pasearán –como propias– las riquezas del país que seguimos sin saber defender de su codicia.

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Hace 4 añosEl informe sobre libertad de expresión en lo que concierne a Panamá, presentado ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebra en Madrid, España, expone las amenazas a las que están expuestos medios y periodistas en la esfera legal civil, incluso en la penal. En ambos casos, no son pocas las querellas temerarias que solo buscan de medios y periodistas la autocensura, porque desnudan verdades que los funcionarios prefieren ocultar. Las amenazas son tan reales como el hecho de que hay medios que podrían dejar de existir por el exagerado resarcimiento monetario que exigen los que se sienten afectados. Por ello es necesario legislar sobre este tema, a fin de garantizar la vida de los medios, incluso con sentencias en su contra. Por otro lado, la libertad de información está también en jaque, ya que ahora el Gobierno hace uso de una ley que protege datos personales, prohibiendo la difusión de información de carácter estrictamente pública. Y por último, pero no menos grave, están los ataques de difamación y descrédito en redes y acciones de amedrantamiento por parte de funcionarios y autoridades de gobierno. Y así dicen que respetan la libertad de expresión.

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Hace 4 añosLa Asamblea Nacional aprobó un proceso abreviado para efectuar la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este procedimiento se desconoce un hecho esencial. Y es que no se abrió un espacio de consulta ciudadana, necesario no solo para que los diputados conozcan a los candidatos al cargo, sino también la población en general, en especial cuando la designación ha recaído sobre una profesional del derecho que no salió de la lista corta que preparó el Pacto por la Justicia, tras entrevistar a todos los aspirantes al cargo. La sociedad panameña merece conocer mejor a esta funcionaria, que desempeñará un importante cargo en este país, y por ello no es buena idea privar a los ciudadanos de conocerla y evaluarla. No se trata de poner en duda sus capacidades; se trata de darle una oportunidad para probar, precisamente, que es una persona idónea para el cargo e íntegra; de revisar su trayectoria; de analizar sus criterios profesionales. Esto es lo que se le niega a la sociedad panameña al ignorar un proceso abierto que, seguramente, sería de mucha utilidad, incluso, para una profesional que busca ocupar el cargo. Los diputados niegan transparencia y eso no es bueno para nadie.

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Hace 4 años

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Hace 4 añosEl director del Ifarhu, con sumo descaro en sus argumentos, ha tratado de justificar las escandalosas sumas de dinero que ha entregado a políticos de su gobierno y a exfuncionarios que, pudiendo pagar cómodamente los estudios de sus hijos, han sido beneficiados con el regalo de cientos de miles de dólares en detrimento de estudiantes que realmente necesitan de esos fondos.

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Hace 4 añosEl Tribunal Electoral (TE) contará con un nuevo magistrado, gracias a la escogencia que hizo la Corte Suprema de Justicia este lunes, pasadas las 10 de la noche, como para revivir los viejos tiempos. El elegido, así como su flamante suplente, no pueden negar su simpatía por el partido en el poder. Aunque esto debería ser un conflicto de interés o una causal de descalificación, no hubo problemas para que ambos fueran elegidos. Pareciera que un requisito tácito para ocupar un cargo de envergadura en la jurisdicción electoral, es ser miembro del PRD, como ha sido la tradición en los últimos años, en la que el partido en el poder designa a uno de sus “ilustres” miembros, que generalmente saca de una chistera. La institucionalidad en materia electoral, que ya venía golpeada, sufre un revés que esperamos no sea motivo de lamentaciones más adelante, cuando el TE tenga que elegir entre ser imparcial o probar su fidelidad al partido que los llevó a esos cargos. También es decepcionante conocer que esta designación es ejecutada por los cinco magistrados designados por el actual gobierno (que a partir de enero, serán seis). Aquí nos habían hecho creer que ellos no eran como los otros, que esta nueva mayoría sí fallaría en derecho y adecentaría el Judicial. Al final, son más de lo mismo. Pobre país.

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Hace 4 añosLo que ocurre en el Ifarhu con los auxilios económicos no reembolsables merece una prolija investigación y la inmediata renuncia del director de la institución. Lo que ha hecho este funcionario es despilfarrar recursos del Estado y favorecer a personas cuyas familias pueden cubrir préstamos escolares sin problema alguno. Por ello, es imperdonable su falta de buen juicio, desviando decenas de miles de dólares en detrimento de estudiantes que sí merecen y necesitan estas ayudas. Su gestión en el Ifarhu es inhumana: robó sueños y destruyó la imagen de la institución a su cargo. Los funcionarios deben entender que el Estado no está a su servicio, sino al revés. Por ello también es cuestionable la conducta de servidores públicos que buscan favorecer las empresas de su entorno familiar, cuando lo que deberían hacer, si quieren hacer negocios con el Gobierno, es estar, precisamente, fuera del engranaje gubernamental, y menos ocupar puestos desde donde pueden accionar para que sus empresas sean favorecidas, directa o indirectamente, con obras estatales, como es el caso de un diputado oficialista y su hija viceministra. Nada es tan hiriente que usar esos puestos para beneficio propio o para la casta política de turno.

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