Hoy por Hoy

Meses atrás, La Prensa solicitó al director del Ifarhu la lista de beneficiarios de cada “auxilio económico” no reembolsable que fuera superior a la suma de $50 mil. El director, alegando la protección de la privacidad de los becados privilegiados, se negó a entregar la información de carácter pública. No es el único; hay muchos funcionarios que, con la misma excusa, se han rehusado a informar sobre el uso de recursos estatales. La osadía de estos servidores públicos solo es posible cuando las autoridades permiten estos abusos, porque todo aquel que recibe dinero del Estado renuncia a la confidencialidad, ya que los fondos de los que hace uso pertenecen a la colectividad y, por lo tanto, proteger su privacidad es un absurdo. Esa opacidad permite situaciones como las que han sido denunciadas en redes y medios, sobre el uso del dinero del Ifarhu, entregado a estudiantes cuyos padres son funcionarios con una solvencia económica que permite costear esos estudios. El que aprueba esos “auxilios económicos” es el director del Ifarhu y el que los refrenda es el contralor de la República. Ambos podían haberlos negado, pero optaron por allanarse y patrocinar el descarado robo de oportunidades a estudiantes que sí necesitan ayuda, pero están muy lejos del gobierno y de su partido. Su hipocresía e insensibilidad no conoce de límites.