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Los ajustes recomendados por la Asamblea Nacional al presupuesto general del Estado para la vigencia de 2023 –que se elevan a unos $460 millones– son reveladores en varios aspectos, en especial, los recomendados para seguir haciendo política solapadamente con el dinero de nuestros impuestos. Por ejemplo, $64.3 millones más para la Autoridad Nacional de Descentralización, que como sabemos, su ley fue modificada para permitir la contratación de más gente en vez de hacer inversiones en las comunidades. Incluso, los diputados pidieron aumentar $4 millones al presupuesto de la Unachi, a la cual este año ya le habían aprobado al menos $9 millones en aumentos salariales. Y lo inesperado: un traslado de partida de casi $12 millones para la propia Asamblea, sin el sustento del diputado Crispiano Adames. La mayoría de aumentos aprobados en la Comisión de Presupuesto es para ajustes salariales o el pago de bonos a empleados del gobierno. Nuestros gobernantes se están asegurando de no dejar un centavo sin gastar. El presupuesto de 2023 será de unos $27 mil millones, que tendrá que completarse, sin duda, con más y más deuda, en medio del desempleo y la falta de ingresos al erario.

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