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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha recurrido a varios contratos llave en mano para concretar sus obras de construcción y mantenimiento de la red vial, que en esta administración –al cabo de tres años– ya suman casi $1,000 millones. Y aunque buena parte de esos proyectos se pagarán en el ejercicio fiscal de los años que aún le restan a este gobierno, lo cierto es que un cuarto de esa deuda tendrá que asumirla el gobierno que resulte electo en 2024, sin contar los contratos que seguramente se adjudicarán en lo que resta de esta administración. En el pasado, algunos de los proyectos desarrollados bajo este esquema, aunque tienen la ventaja de ser financiados por las empresas contratistas, para luego ser pagados por el Estado, han terminado en manos de empresas “amigas”, a través de pliegos cerrados o confeccionados a la medida, con el fin de evitar la competencia. Por otro lado, hay que destacar que lo que se lleva contratado en proyectos llave en mano suma cuantiosos recursos a los que hay que añadir el financiamiento. Por ello es recomendable no abusar de esta figura, pues, al fin y al cabo, es deuda que tendremos que pagar, incluso a esas empresas “amigas” que han recibido varios de estos contratos.

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