TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 4 añosMientras los diputados de la Asamblea Nacional se muestran indiferentes al pedido del Ejecutivo para derogar la ley de créditos fiscales al turismo en el interior del país, a la Corte llegó una demanda para que se declare inconstitucional la norma aprobada en junio pasado, que reconoce estos incentivos, al igual que lo fue la primera versión de esa legislación, sancionada en 2019. Es evidente que el Gobierno tiene una agenda política con la que intenta favorecer a empresarios de la industria turística, empleando leyes que privilegian estas actividades y sus empresarios por encima del resto. Todo ello, en detrimento del fisco nacional, porque es dinero que dejará de entrar al Tesoro Nacional. Si estas leyes no establecen privilegios, entonces, ¿qué son? Razón tiene el demandante en impugnar la ley, pues está muy claro que se están estableciendo prebendas, sin contar el hecho de que la iniciativa pareciera una contraprestación a favor de los más encopetados donantes de campaña. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre esta cuestionable ley, surgida de oscuros arreglos de recámara, con el único fin de esquilmar recursos necesarios –ahora más que nunca– para el país.
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Hace 4 añosEn una época en la que un simple gasto en el gobierno se cuenta en millones de dólares, desembolsar $230 mil no parece algo muy significativo. Sin embargo, el mensaje que se envía es otra cosa. El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no tuvo reparos en gastar esa cantidad –incluidos los más de $7 mil que costó su pasaje aéreo a Grecia– en una fiesta en el Stavros Niarchos Foundation Cultural Center de Atenas, con motivo de la Feria Marítima Internacional de Posidonia, celebrada entre el 6 y 10 de junio pasado. Ese gasto, aunque suene a promoción del país, pareciera más una convocatoria para hacer negocios con el abanderamiento de naves y para engrosar las comisiones que ciertos funcionarios panameños del servicio exterior cobran para sí y para los responsables de sus nombramientos, como es la tradición. En otras palabras, fue una fiesta pagada con nuestros ya insuficientes impuestos, para que un grupito de servidores públicos pueda beneficiarse de ello, en una época en la que cada centavo cuenta, pues el dinero ya no alcanza ni para pagar la planilla del Estado. Este es el mensaje que recibimos todos: plata para los corruptos; impuestos para los de a pie.
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Hace 4 añosContrario a lo que ha dicho el que fuera el principal accionista de una de las empresas acusadas en el mega escándalo de Odebrecht –quien aseguró que el FBI no estaba interesado en las actividades de su compañía–, sí hay evidencias de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su División Penal, inició una investigación, al menos desde 2018, en la que quedaba clara una vinculación entre Odebrecht y su departamento de coimas con las actividades bancarias de esa empresa, ya que los fiscales estadounidenses se mostraron interesados en las 16 cuentas bancarias que mantenía en 9 entidades financieras en Panamá, de las cuales, transcurridos 3 años desde entonces, solo le queda un banco con el que actualmente opera. Este interés de Estados Unidos, que abarca además decenas de empresas que eran operadas por Odebrecht, es muy significativo, ya que el alcance de la cooperación solicitada a Panamá incluía 65 cuentas en 25 bancos locales y extranjeros con operaciones en el país, de las cuales, solo uno de ellos manejaba un tercio de la mayoría de las cuentas de sociedades bajo el control de Odebrecht. Tratar de negar realidades tan palpables es cosa solo de necios.
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Hace 4 añosLuego de darse a conocer el número de personas que apoyan las candidaturas por la libre postulación, es inevitable sospechar que detrás de estos personajes que aspiran a la Presidencia hay maquinarias partidistas apoyándolos. Significa que el espíritu de la ley es irrespetado, pues esta figura fue creada como alternativa para el votante que no quiere apoyar a los candidatos de los partidos políticos. Los que encabezan las preferencias con más firmas casi todos tienen un partido detrás, incluso, movimientos evangélicos unidos para formar un partido con raíces religiosas. Es obvio que el electorado es visto en muchos casos como alguien al que hay que coquetear con engaños, empezando con su propia autodenominación de “independientes”. Y no es que todos los que integran un partido sean malos, pero, ¿por qué desvincularse públicamente de sus respectivos colectivos, cuando en el fondo siguen siendo dependientes de estos? Por fortuna, el Tribunal Electoral ha puesto a disposición de la población toda la información relevante de cómo avanza la recolección de firmas de cada aspirante. Que cada quien saque sus propias conclusiones.
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Hace 4 añosLas noticias sobre la Caja de Seguro Social (CSS) son alarmantes, no solo por la gravedad en la que están sus finanzas, sino por lo inminente de una quiebra que pondrá en riesgo el pago de las pensiones de casi 300 mil jubilados y pensionados. Probablemente sea el problema económico más grave que tendrá que solucionar este Gobierno, ya que, aunque pudo hacerse algo o mucho en las pasadas dos administraciones, lo que hicieron fue permitir el progreso del deterioro, al punto de que tenemos unos pocos meses antes de que los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS se queden esperando un cheque que no llegará. Se sabía que la pandemia agravaría más la situación, pues, por un lado, miles dejaron de cotizar en la CSS y, por el otro, las jubilaciones adelantadas fueron incentivadas, sin contar las personas que llegan a la edad de jubilación y no se retiran de sus puestos de trabajo. Es urgente enfrentar el problema con profesionales verdaderamente capaces, haciendo a un lado los intereses políticos que, en buena parte, tienen a la institución como está. Hará falta imaginación y, desde luego, probablemente sacrificios para reflotar una entidad que está en sus estertores.
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Hace 4 añosLas parrandas llegan a su fin. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) se quedará sin fondos para pagarle a pensionados y jubilados en 15 meses –es decir, antes de finalizar el próximo año–. El peor escenario: endeudados hasta la coronilla; con una crisis económica de la que no salimos; con ahorros mínimos; con un déficit fiscal que crece en vez de disminuir; con cero contención del gasto; con el desempleo en su peor momento, y con protestas callejeras (ahora en pausa) por la corrupción y el alto costo de la vida. Es la tormenta perfecta. El informe actuarial entregado a la junta directiva de la CSS desnuda una verdad que no enfrentaron ni esta ni las dos últimas administraciones gubernamentales. Se ocultaron detrás del aparente progreso, barriendo sus desaciertos bajo el tapete. Por desgracia, le tocará a este gobierno tratar de salir del atolladero, pero sus funcionarios son una pila de incompetentes y codiciosos. Si el presidente de la República quiere atender el problema, tendrá que contratar verdaderos especialistas, porque los que tiene son, en su mayoría, charlatanes y aduladores que, aunque reciben un salario, no han invertido un minuto de su tiempo en solucionar esto.
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Hace 4 añosUn precandidato presidencial envió un mensaje amenazante, en el que expresó su pretensión de “prohibir” a este diario y a sus periodistas el uso de su nombre, imagen y cualquier información que le vinculara, luego de que La Prensa lo llamó para obtener su versión sobre una condena por estafa en su contra. El político deliberadamente ignora que, como figura pública que ha elegido ser –al pretender la silla presidencial–, ahora está sometido al escrutinio de medios y ciudadanos. Este precandidato no había hecho una amenaza semejante, pero, a la luz de un hecho que no lo favorece, reacciona como lo ha hecho un expresidente con cuentas pendientes con la ley y hasta un colega suyo, que anda en tan malos pasos que logró que su imagen esté vedada para este periódico. La absurda postura de este precandidato no difiere de las pretensiones de un cuestionado diputado del PRD, que pidió al Tribunal Electoral más regulaciones para los medios, advirtiendo que en las pasadas elecciones hubo “tolerancia”, pero que podría pasar lo que ya ocurre en México y Colombia: el asesinato de periodistas. Al menos ahora sabemos qué une a este precandidato con el resto de la fauna política existente.
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Hace 4 añosAbiertamente, los diputados practicarían la extorsión. En la víspera de una cita de los magistrados para sustentar el presupuesto del Tribunal Electoral (TE) para el año 2023 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, este órgano se declaró “preocupado” por el proceso de expulsión de casi la totalidad de la bancada de Cambio Democrático (CD), que está ahora en manos -precisamente- del TE. Para empezar, ese es un tema privativo de un partido, en el que la AN no tiene nada que ver. Pero, además, estos diputados se viven quejando de presiones políticas y económicas en su contra, pero ese comunicado, ¿no tenía el fin de presionar al TE? ¿Acaso no hubo un mensaje explícito sobre lo que quiere el PRD en cuanto al proceso interno seguido a los diputados de CD, sus fieles aliados? El PRD cruza una línea que jamás se lo permitirían a nadie, pues equivale a meter sus narices en los asuntos internos de otro partido. ¿O es que nos perdemos de algo? Los diputados expulsados apoyan a un expresidente de la República (que ahora milita en otro partido) que necesita volver a dirigir el país para sacudirse los procesos que pesan sobre sus hombros. ¿Acaso él y la dirigencia del PRD ya son aliados y no nos hemos enterado?
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Hace 4 añosCatalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en conferencia que dictó ayer martes, bajo el auspicio de la Procuraduría de la Administración, el Consejo Nacional de Periodismo, la Cátedra Unesco sobre Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes y la Universidad de Columbia, abordó un tema que es la última moda en Panamá: secuestrar bienes de periodistas y de medios de comunicación, así como el uso de la ley penal para perseguir los delitos contra al honor. Sobre este último, dijo que jamás se debe usar para ese propósito, que la alternativa es la esfera civil, aunque advirtió que las condenas en este ramo de la ley solo proceden cuando quede demostrado que el periodista mintió. “Incautar los bienes de un periodista y de un medio de comunicación es peligrosísimo”, insistió. Pero la práctica en Panamá va en dirección opuesta. En esta misma presentación, el exfiscal y catedrático Eduardo Guevara reveló que en el Ministerio Público hay 586 expedientes por delitos contra el honor, y 81 de estos involucran a empresas de comunicación social, sin contar el secuestro de bienes millonarios que sufre este diario, promovido por un expresidente. Esta es nuestra realidad: visibles atrasos, en vez de avances y progreso.
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Hace 4 añosEl Gobierno suele enviar mensajes en contra de su propio discurso, perjudicando su imagen y restándose a sí mismo credibilidad. Por ejemplo, la Asamblea Nacional contrató –entre junio de 2021 y junio de 2022– al menos mil 500 personas, casi todas en empleos eventuales, pero este fin de semana el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) –de muy malas maneras– confesó que la institución, logísticamente, no está en condiciones de cumplir los acuerdos referentes a la rebaja de alimentos y productos de primera necesidad. En otras palabras, mientras los diputados derrochan, organismos del Estado –como el IMA, precisamente– no pueden cumplir sus obligaciones porque no cuentan ni con los recursos ni con el personal para ello. Es así como el mensaje que envía el Gobierno pierde toda credibilidad, porque para unas cosas hay dinero, pero para otras no. El disgusto que causa esto sencillamente es justificable, pero el Gobierno no se lo toma en serio. Sus promesas en la mesa del diálogo están ahora en tela de duda y nuevamente los grupos amenazan con tomar medidas de presión por su falta de compromiso. Esta administración, sencillamente, está jugando con fuego, otra vez.

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