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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosEl Decreto Ejecutivo 302, del 31 de agosto de 2016, reconoce los años de servicio que el personal juramentado de la Policía Nacional haya prestado en otras entidades del Gobierno como parte del cómputo para su jubilación. Sin menospreciar las motivaciones que propiciaron esta iniciativa, crear un privilegio de esta naturaleza es inaceptable, porque representa una afrenta a la estabilidad del resto de la fuerza pública, e igualmente ofende a la sociedad entera que no puede aspirar a semejantes beneficios. No hay excusa válida que justifique más fisuras en la sociedad panameña. Por si fuera poco, en total desapego a nuestro ordenamiento jurídico, se pretende cometer la atrocidad de que un decreto ejecutivo modifique a una ley de la República y, para coronar este exabrupto, el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, quien es la autoridad que firmó junto con el presidente de la República el decreto, es un beneficiario directo de este, lo que viola el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos de Panamá. ¿Vale la pena este entramado para recompensar lealtades?

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Hace 10 añosLa condena judicial, por la compra de votos, a los candidatos a diputado principal y suplente del circuito 6-2 en las pasadas elecciones de mayo de 2014, representa un importante precedente que oxigena el proceso democrático del país. El uso de recursos del Estado para cooptar la voluntad popular e influir indebidamente sobre el electorado, es una terrible práctica de nuestra politiquería criolla. Fundaciones, juntas comunales y el infame Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron los protagonistas de un horrible asalto al tesoro público y a la decencia. Mientras las autoridades fiscalizadoras del gasto estatal guardaban un silencio cómplice, a la vez que un Ministerio Público disminuido se cohibía de actuar en defensa de los intereses de la nación, proliferó el latrocinio a todos los niveles y en todas las formas posibles. Urge evitar la prescripción de otros casos, para impedir la impunidad. Panamá estuvo a punto de perder su Estado de derecho y su democracia por las 30 monedas de plata con las que se compraron conciencias, curules y favores. Todo eso fracasó, pero la gran tarea de sanear nuestra política sigue pendiente.

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Hace 10 añosNuestra fuerza pública, que además de la Policía Nacional la integran el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional, tiene el deber constitucional de la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentran en la jurisdicción del Estado panameño. No en vano el lema de la Policía es “Proteger y servir”, una tarea extremadamente delicada que requiere de sacrificio, vocación y absoluta integridad de quienes la dirigen y la componen. Las últimas noticias sobre la vinculación de altas figuras de estos estamentos de seguridad con graves delitos, sin bien son positivas porque nos indican que las instituciones actúan contra las manzanas podridas, no dejan de ser escalofriantes. No solo nos enrostran la lamentable realidad de que nuestros estamentos de seguridad han sido penetrados, de una u otra forma, por la corrupción y el narcotráfico, sino que nos llaman a reforzar la lucha contra esos flagelos y sobre todo a fortalecer la justicia. Ese es el único camino que nos queda como Estado de derecho. No actuar en esta dirección es dejar nuestras vidas y bienes en manos de los malhechores.

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Hace 10 añosEl conocimiento es poder. Lo dijo el intelectual Francis Bacon hace cientos de años. La falta de esa educación, entonces, significa la debilidad mental del ser humano. En los temas sexuales, las estadísticas demuestran una falencia cruel y clasista: altas tasas de embarazos, violaciones carnales, contagios del VIH. Los números muestran que las incidencias se afianzan en los sectores más pobres del país, en los que la educación escolar general es más un privilegio que un derecho. Más allá de las cifras: vidas. Mujeres y hombres, adolescentes y niños que sufren las tragedias de la desinformación sobre la salud sexual integral. Sin embargo, los expertos aseguran que la salud sexual integral va más allá de embarazos, contagios del VIH y violaciones carnales. Incluyen un entendimiento de conducta, de autoestima, género y orientación sexual. Aprendizajes que hasta ahora, en muchas ocasiones, se obtienen cuando ya es muy tarde.

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Hace 10 añosMás de un millón de venezolanos se tomaron la ciudad de Caracas de forma pacífica y contra todos los pronósticos expresaron su voluntad a favor de un referéndum revocatorio en este año. El gobierno de Nicolás Maduro hizo todo lo posible para evitar la concentración: cerró importantes avenidas de acceso a la ciudad, sus fuerzas armadas realizaron operativos para intimidar a la ciudadanía, y sus medios de comunicación calificaron el evento, descaradamente, como una forma de respaldo masivo “a la paz y a la revolución”. Mientras tanto, desde el Palacio de Miraflores se urdía una estrategia de encarcelamiento de alcaldes opositores y líderes clave del movimiento. Esta misma semana, Maduro despidió a más de cuatro mil funcionarios que se atrevieron a firmar la petición para el revocatorio y amenazó con el desafuero a todos los diputados de oposición. Ya no hay pretensiones institucionales ni de separación de los poderes públicos. Lo que hay en Venezuela es simple y llanamente la desesperanza de un pueblo que ha sido abandonado por la comunidad internacional, y el enorme miedo que siente la camarilla en el poder a su propia gente. Empieza el capítulo final de esta tiranía. Todos debemos procurar que sea pacífico.

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Hace 10 añosEn 1916, el presidente Belisario Porras le presentó a la República los primeros códigos con los cuales se organizaba el Estado, y se normaban las relaciones de familia, los contratos y los actos jurídicos de los particulares. Esa fue la plataforma legal sobre la cual descansó gran parte del siglo XX panameño. Hoy el sistema penal acusatorio (SPA) entra en vigencia en el territorio nacional, poniendo en práctica un modelo garantista de la justicia, en el cual toda la sociedad forma parte. Ahora el debido proceso es el concepto fundamental de la acción de policías, fiscales y jueces. Nuestra mentalidad de encarcelar a todo el mundo primero, para investigar después, debe ser superada por la cultura de la estricta legalidad. Un Estado de derecho no puede transar en el respeto de las garantías procesales, incluso la de los seres más indignos y con las conductas más reprochables. Seguramente, con sus errores y omisiones, el SPA irá mejorando con el tiempo. Hoy empezamos a construir una mejor nación, más respetuosa de las leyes, y de la libertad de todos los seres humanos. Eso, en sí, es una gran victoria para nuestro país.

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Hace 10 añosLa votación fue contundente. El Senado brasileño terminó con la accidentada presidencia de Dilma Rousseff. El juicio fue político en su sentido más amplio, ya que no se le condenó a la cárcel por los numerosos escándalos de corrupción que azotan a su país, sino que la sentencia fue producto del consenso de la cámara legislativa sobre la responsabilidad que tenía la otrora guerrillera en el desbarajuste que vive su nación. En esto, la expresidenta no estaba sola, el 60% de los senadores que la juzgaron tiene alguna causa judicial relacionada con la corrupción, el tráfico de influencias o el peculado. Lo de Dilma no fue un golpe de Estado, ni un cambio de timón ideológico, en realidad, se bajó el telón a una era de excesos: un Mundial de Fútbol, una olimpiada, gigantescos megaproyectos con poca justificación, y una economía adicta al negociado y la trampa. Brasil recuerda la lección que queda pendiente de aprender en América Latina: el crimen no paga.

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Hace 10 añosLa juventud es el recurso más valioso con que cuenta el país. Actualmente, Panamá tiene un bono demográfico. Esta situación implica que tenemos más personas en edades productivas, que en situación de dependencia. Esto nos permite aspirar a la solución de importantes problemas nacionales derivados de la pobreza y la inequidad social. En una cultura que no acostumbra a esfuerzos de planificación, el Plan Estratégico Interinstitucional de Juventud 2015-2019 (PEIJ) es un paso importante para enrumbar a la nación hacia una hoja de ruta que pueda potenciar el talento de los jóvenes. Temas que incluyen la educación, el arte, el deporte, la inserción laboral, el acceso a salud y vivienda, y la seguridad ciudadana, son vistos desde la perspectiva de quienes, entre los 15 y 29 años, tienen en sus manos el futuro del país. La principal tarea del PEIJ es convertirse en una plataforma de inclusión, una oportunidad para escuchar y dialogar con los jóvenes, y construir junto con ellos, la patria del tercer milenio. Es precisamente en ellos, en quienes depositamos la esperanza de lograr un mejor Panamá.

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Hace 10 añosEn los últimos 30 años, los cambios de zonificación, a la carta, han beneficiado a allegados al poder. De esta forma, se ha disminuido la calidad de vida en muchas zonas de la ciudad. Bella Vista, San Francisco, Betania, Clayton y Coco del Mar son apenas unos ejemplos que demuestran cómo la especulación inmobiliaria ha castigado la convivencia de sus residentes. Una familia que haya hecho su mejor esfuerzo en adquirir y mantener una vivienda como hogar propio, debe enfrentar la incertidumbre provocada por la construcción de un rascacielos en un predio colindante, o que un centro comercial sature el tráfico de sus vías de acceso, y hasta que un burdel se acomode en su vecindario. La seguridad jurídica de los ciudadanos es inexistente, mientras que los promotores y los políticos que les benefician con su gentileza, se han tomado la ciudad como su botín. La primera obligación de los gobiernos es no causar daño alguno. El imperativo de las ganancias privadas no debe realizarse a costa del perjuicio y sufrimiento de terceros. Solo con el respeto se puede construir un gran país para todos.

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Hace 10 añosEl proceso que se sigue en los órganos jurisdiccionales debido a la quiebra del grupo R.G. Hotels expone, una vez más, la conducta inexcusable de los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia. ABS Trust, el administrador del fideicomiso en el que deben estar las garantías de emisiones de bonos y valores comerciales por $30 millones, pidió a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que traspase el proceso desde Coclé a un juzgado de la ciudad de Panamá. De eso han pasado ya nueve meses y el magistrado que tiene la ponencia no decide todavía. Mientras tanto, los acreedores de la empresa siguen esperando, impotentes, una respuesta. Esto provoca un terrible daño a la imagen financiera del país y envía una señal de que en Panamá se puede incumplir la ley. Además, deja en incertidumbre a un importante sector de la economía al poner en duda la viabilidad del instrumento financiero utilizado en este proyecto. Es hora de que la Corte actúe por la salud de nuestra economía y la buena imagen del país. Justicia tardía no es justicia.

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