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El proceso que se sigue en los órganos jurisdiccionales debido a la quiebra del grupo R.G. Hotels expone, una vez más, la conducta inexcusable de los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia. ABS Trust, el administrador del fideicomiso en el que deben estar las garantías de emisiones de bonos y valores comerciales por $30 millones, pidió a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que traspase el proceso desde Coclé a un juzgado de la ciudad de Panamá. De eso han pasado ya nueve meses y el magistrado que tiene la ponencia no decide todavía. Mientras tanto, los acreedores de la empresa siguen esperando, impotentes, una respuesta. Esto provoca un terrible daño a la imagen financiera del país y envía una señal de que en Panamá se puede incumplir la ley. Además, deja en incertidumbre a un importante sector de la economía al poner en duda la viabilidad del instrumento financiero utilizado en este proyecto. Es hora de que la Corte actúe por la salud de nuestra economía y la buena imagen del país. Justicia tardía no es justicia.