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La votación fue contundente. El Senado brasileño terminó con la accidentada presidencia de Dilma Rousseff. El juicio fue político en su sentido más amplio, ya que no se le condenó a la cárcel por los numerosos escándalos de corrupción que azotan a su país, sino que la sentencia fue producto del consenso de la cámara legislativa sobre la responsabilidad que tenía la otrora guerrillera en el desbarajuste que vive su nación. En esto, la expresidenta no estaba sola, el 60% de los senadores que la juzgaron tiene alguna causa judicial relacionada con la corrupción, el tráfico de influencias o el peculado. Lo de Dilma no fue un golpe de Estado, ni un cambio de timón ideológico, en realidad, se bajó el telón a una era de excesos: un Mundial de Fútbol, una olimpiada, gigantescos megaproyectos con poca justificación, y una economía adicta al negociado y la trampa. Brasil recuerda la lección que queda pendiente de aprender en América Latina: el crimen no paga.