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En 1916, el presidente Belisario Porras le presentó a la República los primeros códigos con los cuales se organizaba el Estado, y se normaban las relaciones de familia, los contratos y los actos jurídicos de los particulares. Esa fue la plataforma legal sobre la cual descansó gran parte del siglo XX panameño. Hoy el sistema penal acusatorio (SPA) entra en vigencia en el territorio nacional, poniendo en práctica un modelo garantista de la justicia, en el cual toda la sociedad forma parte. Ahora el debido proceso es el concepto fundamental de la acción de policías, fiscales y jueces. Nuestra mentalidad de encarcelar a todo el mundo primero, para investigar después, debe ser superada por la cultura de la estricta legalidad. Un Estado de derecho no puede transar en el respeto de las garantías procesales, incluso la de los seres más indignos y con las conductas más reprochables. Seguramente, con sus errores y omisiones, el SPA irá mejorando con el tiempo. Hoy empezamos a construir una mejor nación, más respetuosa de las leyes, y de la libertad de todos los seres humanos. Eso, en sí, es una gran victoria para nuestro país.