TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 10 añosLa decisión del Gobierno de Colombia, de extender por cuatro meses el arancel mixto sobre los calzados y textiles provenientes de la Zona Libre de Colón, reitera la posición de dicho país de ignorar los fallos de la Organización Mundial del Comercio favorables a Panamá. Por casi una década, las dos naciones se han enfrascado en un litigio comercial que le ha costado cientos y quizás miles de empleos a los panameños, y ha castigado seriamente a nuestra economía. Durante esos mismos años, las empresas de Panamá y Colombia han fortalecido sus vínculos, creando una relación estratégica de beneficio mutuo que incluyó: la compra del segundo banco privado más grande, el aumento de las frecuencias de vuelo de las aerolíneas entre ambos países, y la adquisición de empresas de alimentos, electricidad y múltiples otras actividades. ¿Por qué afectar esta relación beneficiosa? Sin el debido respeto a nuestros intereses, pierden los colombianos y perdemos los panameños. Nuestras autoridades deben agotar todas las vías diplomáticas, e incluso considerar medidas más enérgicas para evitar que estos lazos históricos se vuelvan rehenes de la xenofobia de algunos y de la irresponsabilidad de otros.
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Hace 10 añosAproximadamente, el 84% de las muertes juveniles, de entre 15 y 29 años de edad, son causadas por la violencia y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Este terrible dato estadístico es parte del informe “Juventud en Cifras” preparado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El legado de una ausencia histórica de políticas públicas orientadas hacia los jóvenes, como un recurso potencialmente extraordinario para nuestro país, nos pasa la factura con el aumento de la mortalidad por estas causas. No es tiempo para la recriminación, ni para el debate estéril, es el momento para acciones responsables de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el desafío que afrontan los jóvenes. Nuestra negligencia y prejuicios están matando a la juventud. La herramienta más importante con la cual el Estado puede cambiar este horizonte pesimista es con la educación, sin apellidos ni ambages. Educación, educación y más educación. Ese es el camino por el cual se derrotará a las bandas criminales, al desempleo, al azote de las armas, y al flagelo de la ignorancia.
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Hace 10 añosEl despertar que ha tenido la sociedad civil nos honra a todos, y sobrepasa las escleróticas instituciones y los liderazgos miopes de los partidos políticos. Tradicionalmente, habíamos tenido una población fragmentada quejándose de la falta de agua, denunciando el problema de la basura, o buscando amparo frente a la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida. Ese nivel de expresión del descontento sigue presente, pero ahora se ve complementado por las distintas organizaciones y grupos a favor o en contra de la educación sexual; por los vecinos de los distintos barrios capitalinos que cuestionan la inacción de las autoridades y que exigen el cumplimiento de la ley; por los padres de familia o los jóvenes estudiantes que vociferaron su inconformidad con la huelga de los educadores. Lo cierto es que todos ellos aspiran a lo mismo: la defensa del bien común de los panameños y el buen funcionamiento del Estado. Ya no son cuatro gatos, sino una nación entera que empieza a cohesionarse para ejercer su poder ciudadano, y dejar de ser una simple espectadora para convertirse en la protagonista de su propia historia.
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Hace 10 añosEl acuerdo al que el Gobierno de Panamá llegó con el conglomerado italiano Finmeccanica, pone fin a un laberinto de túneles oscuros e intenciones opacas que enredó al país en las redes de un mal negocio, beneficioso sí para algunos, pero definitivamente no para la nación. La trama enrevesada por el anterior gobierno resultó costosa e inútil para nuestro país y abocó al Estado a un pleito internacional. Acertadamente, Panamá e Italia, ambos con nuevos gobernantes, y la empresa protagonista del entuerto, con nueva administración, lograron ponerse de acuerdo. Panamá tuvo que actuar con firmeza para limpiar su nombre, salvar su integridad, pero sobre todo, el dinero de los panameños. Al final se logró el mejor acuerdo posible, tal vez el único sensato de una historia que no puede repetirse jamás. Al Estado le corresponde tomar las medidas pertinentes para que negociados negativos y perniciosos no queden en el olvido; que las contrataciones estén libres del cálculo político y que se centren en las verdaderas necesidades y posibilidades del país. Esta es la lección que nos deja este lamentable episodio. Esperamos que la lección haya quedado aprendida: la corrupción no paga.
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Hace 10 añosUn diputado de gobierno se ha tomado el trabajo de redactar un anteproyecto de ley para que se cree un nuevo derecho, el llamado “derecho al olvido”. En pocas palabras significa borrar de internet toda referencia a acciones –obviamente, no las buenas–, cuando las personas que se sientan afectadas sin más trámite así lo exijan. Este “nuevo derecho” se enfrenta a otro de larga práctica: el “derecho a la memoria”. ¿Quién define quién es una persona u acto público? Solo imaginemos no poder leer las memorias de la Nación, esas que sufrirían menoscabo por arte y magia de su iniciativa legislativa. Los ciudadanos tenemos el derecho a estar informados y a tener acceso a la memoria histórica del país. Si esta iniciativa hubiese sido una ley antes de internet –que es la excusa para crear esta iniciativa–, quizás no sabríamos todo lo que sabemos hoy sobre nuestros antepasados y por ende habríamos perdido parte de nuestra historia. Las nuevas tecnologías imponen nuevos retos y estos se enfrentan mediante remedios que son necesarios estudiarlos y evaluarlos antes de siquiera pensar en legislar de manera tan desproporcionada, comprometiendo el derecho a la libertad de expresión y de información. Señor diputado, usted y su suplente han demostrado una fijación en regular la libertad de expresión. Recuerde que al limitar el derecho fundamental que representa la libertad de expresión, se afecta el desarrollo de un auténtico proceso democrático.
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Hace 10 añosEl término nini ha venido a significar una categoría estadística incómoda para las políticas públicas de las naciones en vías de desarrollo. Un joven sin empleo formal y sin educación completa constituye la realidad del 23% de los panameños entre los 15 y 29 años. Aquí está el caldo de cultivo de las bandas delincuenciales, los embarazos precoces, la informalidad laboral y la baja productividad de la economía. Para convertirse en nini, un adolescente solo tiene que caerse por las grietas del sistema educativo, o enfrentarse a la total ausencia de educación sexual, o a un entorno familiar vulnerable para devenir en parte de este segmento de la población. El costo social de perder a cientos de miles de panameños en la informalidad y a unos 20 millones en toda Latinoamérica, es en verdad incalculable. El callejón sin salida al que nos han llevado las mismas políticas públicas de siempre, que no han sido capaces de generar empleo para los jóvenes o mantenerlos en el sistema educativo, requieren de un marco renovador para rescatar a los que son la futura generación de este país.
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Hace 10 añosEn violación flagrante de la Ley 53 del año 2015, la norma que establece la carrera judicial en Panamá, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia y el pleno del máximo tribunal han seleccionado y nombrado a dedo a cientos de funcionarios judiciales que serán los encargados de aplicar el sistema penal acusatorio en el principal distrito judicial del país. La excusa argumentada para no realizar los concursos y entrevistas públicas que demanda la ley de Carrera Judicial es totalmente pueril: no hay dinero. El presidente de la Corte Suprema de Justicia nunca ha estado interesado en realizar dichos concursos ni que otras entidades fiscalicen el rendimiento de los jueces y magistrados, que deben rendirle pleitesías bajo las reglas actuales. El resultado final de esta conveniente omisión es que más de 900 funcionarios judiciales le deberán su cargo, no a su talento y mérito, sino al siniestro magistrado José Ayú Prado, quien con esta acción habrá dejado una huella eterna e imborrable en el Órgano Judicial. Tamaña infamia no puede quedar impune y así lo reclama la sociedad civil organizada.
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Hace 10 añosEl anuncio hecho ayer por el Gobierno sobre la aprobación del proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año, además de un ambicioso programa de inversiones en estructuras viales, comprende importantes aumentos salariales para los funcionarios, incluyendo a los docentes, que en estos momentos reclaman incrementos de salarios presionando mediante una huelga para lograr sus propósitos. Es un paso en firme que da el Gobierno para cumplir con promesas que, sin duda, eran electoreras cuando las pactaron en 2014 con el anterior gobierno. Lo aprobado ayer por el Gabinete es un claro compromiso que se asumió frente a todo el país. Ahora corresponde el turno a los educadores, quienes, con su medida de presión, perjudican a una juventud que es la esperanza de nuevos y prometedores días para nuestro país. Todos esperamos –padres de familia y ciudadanía en general– que el siguiente paso de los docentes sea en pro de los más perjudicados con la paralización de clases, los estudiantes, y que regresen a sus puestos de trabajo el lunes sin más demora y sin nuevas excusas.
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Hace 10 añosEl Parque Nacional Camino de Cruces (PNCC) es una de las más importantes áreas protegidas del país. Esto, sin olvidar que dentro de sus linderos yacen restos de la ruta comercial colonial que le da nombre al parque. Tras la intensa sequía que ha sufrido Panamá en los últimos años y la aceptación de que el cambio climático es una amenaza cierta a nuestro futuro común, sorprende que el Gobierno le quite ahora más tierras al PNCC. Vale la pena recordar que en 1994 se hizo lo mismo con el Parque Natural Metropolitano para permitir que el corredor Norte lo cercenara, favoreciendo así intereses inmobiliarios. Y hace unos años, el PNCC sufrió un despojo de 500 hectáreas que terminaron siendo para la ciudad hospitalaria y la Cadena de Frío. No afectar un área protegida, sobre todo en una zona urbana, es una decisión sumamente delicada que no puede ser tomada a la ligera, y lo que hizo el Ministerio de Ambiente es preocupante por todos los precedentes que existen. ¿Podemos confiar en que el Estado cumplirá con los mejores intereses del país? El fin no justifica los medios, en especial si hay que sacrificar uno de los pulmones de la ciudad de Panamá.
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Hace 10 añosLa iniciativa de crear una comisión para investigar, cuantificar y colocarle nombre, apellido y rostro a las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, es una deuda pendiente con todos los ciudadanos. La comisión tiene ante sí un reto que no es nada sencillo: tendrán que recabar pruebas, testimonios, rastrear información en Panamá y Estados Unidos, y hacer cuanto esté a su alcance para esclarecer esta verdad, dolorosa, pero necesaria para la memoria histórica del país, que aún no ha logrado olvidar que el grave deterioro de la institucionalidad, de la mano de un régimen oprobioso, llevó al país a un callejón sin salida, al que la acción bélica puso fin, pero a un costo demasiado alto para la nación. En vidas, bienes y dignidad. Quizás, cuando sepamos de una vez por todas cuántos panameños perdieron la vida y honremos sus memorias, podremos lograr una verdadera reconciliación nacional, dejando atrás el luto que vivimos desde aquellos años; y de esta forma afrontar unidos un futuro lleno de oportunidades y retos que aguarda a una generación que no vivió estos hechos, pero que ha heredado sus consecuencias.

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