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El Decreto Ejecutivo 302, del 31 de agosto de 2016, reconoce los años de servicio que el personal juramentado de la Policía Nacional haya prestado en otras entidades del Gobierno como parte del cómputo para su jubilación. Sin menospreciar las motivaciones que propiciaron esta iniciativa, crear un privilegio de esta naturaleza es inaceptable, porque representa una afrenta a la estabilidad del resto de la fuerza pública, e igualmente ofende a la sociedad entera que no puede aspirar a semejantes beneficios. No hay excusa válida que justifique más fisuras en la sociedad panameña. Por si fuera poco, en total desapego a nuestro ordenamiento jurídico, se pretende cometer la atrocidad de que un decreto ejecutivo modifique a una ley de la República y, para coronar este exabrupto, el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, quien es la autoridad que firmó junto con el presidente de la República el decreto, es un beneficiario directo de este, lo que viola el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos de Panamá. ¿Vale la pena este entramado para recompensar lealtades?