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La condena judicial, por la compra de votos, a los candidatos a diputado principal y suplente del circuito 6-2 en las pasadas elecciones de mayo de 2014, representa un importante precedente que oxigena el proceso democrático del país. El uso de recursos del Estado para cooptar la voluntad popular e influir indebidamente sobre el electorado, es una terrible práctica de nuestra politiquería criolla. Fundaciones, juntas comunales y el infame Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron los protagonistas de un horrible asalto al tesoro público y a la decencia. Mientras las autoridades fiscalizadoras del gasto estatal guardaban un silencio cómplice, a la vez que un Ministerio Público disminuido se cohibía de actuar en defensa de los intereses de la nación, proliferó el latrocinio a todos los niveles y en todas las formas posibles. Urge evitar la prescripción de otros casos, para impedir la impunidad. Panamá estuvo a punto de perder su Estado de derecho y su democracia por las 30 monedas de plata con las que se compraron conciencias, curules y favores. Todo eso fracasó, pero la gran tarea de sanear nuestra política sigue pendiente.