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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 añosSendas iniciativas de la sociedad civil y de diputados independientes, para eliminar las licencias con sueldo de alcaldes y representantes de corregimiento tras ser electos, han sido presentadas ante la Asamblea Nacional, pero ninguna ha sido prohijada por la comisión legislativa de Asuntos Municipales, que preside el perredista Javier Sucre. Y es poco probable que ello pase, considerando que Sucre es una de esas autoridades locales electas en 2019 –aunque prefirió ser diputado– que, además, ha propuesto modificar la Ley de Descentralización para aumentar los ingresos de los municipios mediante la transferencia del 6% de los ingresos corrientes del Estado, lo que supone desembolsos para los gobiernos locales de cientos de millones de dólares, además de lo que ya reciben por la Ley de Descentralización. Lo que se busca es seguir aumentando el subsidio a los municipios, mientras los diputados se dedican a crear más distritos y corregimientos. La voracidad de estos políticos no parece tener límites y siguen haciendo leyes para legalizar el despojo al Estado y así seguir llenando sus bolsillos sin fondo.

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Hace 4 añosUna vez más, el contralor general de la República actúa movido por la soberbia y la falta de sentido común, al esquivar un cuestionario del procurador de la Administración sobre las normas que invocaron alcaldes y representantes de corregimiento para aumentar significativamente sus ingresos. La actitud del contralor obstaculiza una investigación sobre el tema. Lo que debería hacer es responder lo que le han preguntado, pues para pagar a esta partida de zánganos, la Contraloría ha debido verificar que los desembolsos se ajustan a las normas vigentes, por lo que no tiene ningún sentido que le diga al procurador que le “resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre a usted, información respecto de normas del ordenamiento jurídico, cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas”. El cuestionario busca corroborar cuáles fueron las normas con las que la Contraloría justificó el pago de dichos emolumentos, ridículamente elevados respecto a las responsabilidades de funcionarios que están muy lejos de ser las máximas autoridades del país. O responde o se expone a la sospecha y la suspicacia.

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Hace 4 añosLos recientes comentarios del alcalde de la ciudad capital son de un tenor preocupante. Decir que no hay ley que le exija justificar sus elevados gastos de movilización y que nadie le ha exigido que baje sus ingresos es poner a prueba la paciencia de sus conciudadanos, pues revela una carencia absoluta de sentido común, tanto que uno no puede menos que preguntarse si este sujeto debe seguir al frente de la mayor alcaldía del país. Si bien fue electo en comicios, pretender comportarse como un monarca, sin rendir cuentas del uso de fondos públicos o disponer de fondos públicos destinados a ingresos personales inmerecidos que son casi el doble de lo que devenga el presidente de la República, es inadmisible. Si sumamos sus cuestionadas actuaciones personales, tenemos a un completo indeseable al frente del Municipio de Panamá. Su gestión, además de opaca, es una abominable torpeza, un fracaso en todo el sentido de la palabra, tan disparatada como errática, pues a dos años y medio de administración, todavía nos preguntamos cuál es el plan para mejorar una ciudad llena de problemas. Pero cada vez quedamos más convencidos de que él es la viva encarnación de “lo que natura no da, Salamanca no presta”.

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Hace 4 añosAunque Panamá parece haber llegado a un buen acuerdo con Minera Panamá, las autoridades que negociaron este nuevo acuerdo deben hacer una explicación más detallada del alcance de lo que será el nuevo contrato, que incluya, además de regalías, impuestos y el pago de rubros indirectos, cómo quedaron el aspecto ambiental, las fiscalizaciones, los nuevos términos del contrato y todas las novedades pactadas. En lo económico, $375 millones cómo pago mínimo es un paso importante para recuperar nuestra condición de socio en este emprendimiento, y demuestra claramente que Panamá pudo haber logrado un mejor trato con Panama Ports Company si tan solo hubiese llevado a la mesa negociadores y no a una pila de miedosos que nunca tuvieron el coraje de representar los mejores intereses del país y mucho menos negociar con la empresa. Lo que hicieron fue regalar nuestros derechos sobre concesiones de tierras, posición geográfica, regalías, etc. Entonces, ellos decidieron seguir conservando en puntos estratégicos de nuestro territorio marítimo a una empresa hostil, que sigue obstaculizando la estrategia del desarrollo del país. ¿Cómo se explica tanta diferencia entre dos asuntos semejantes?

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Redacción de La PrensaHace 4 añosSi alcaldes y representantes de corregimiento trabajaran en una empresa privada, sus ingresos equivaldrían, en muchos casos, al del gerente general, pero, no contentos con eso, también hay que pagarles dieta por las reuniones a las que asistan, pese a que sus deberes incluyen su presencia en estas. Estamos en presencia del robo descarado e institucionalizado. Es muy atractivo postularse a estos cargos, pues, una vez en estos, todos se ponen el ingreso que les de la gana y nadie les reclama un centavo, a pesar de que ninguno necesita $3 mil o $5 mil para gastar en movilizarse, a menos que lo hagan en un helicóptero. En realidad, se roban cada dólar, porque ni siquiera cumplen cabalmente con su trabajo. Y nada esconden, porque no hay razón para hacerlo. El latrocinio lo hacen con la cómplice sonrisa del contralor, quien ya no controla, solo corrige. Todos estos políticos han perdido la vergüenza y carecen de moral para hablarnos de nada. No son más que una vulgar pandilla de cuello blanco, que hemos puesto en esos cargos con nuestros votos, muchos canjeados por un pavo, una rosca de pan o cinco sacos de cemento. Así nos compartamos, como baratijas, vendidos por docenas y a descuento.

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Hace 4 añosLa voracidad de alcaldes y representantes sigue sorprendiendo. Además de la grosería que son sus ingresos –inmerecidos respecto a sus responsabilidades– se suma el pago de licencias con sueldo durante cinco años. O sea, que se le paga más que a un magistrado de la Corte por un trabajo que, si acaso, llega a mediocre, y también por otro en el que no hacen nada. Es la institucionalización de la sinvergüenzura. Conociendo sus ingresos actuales: sueldo, dietas, gastos de representación y movilización y ahora la licencia pagada, un alcalde o representante puede ponerse más de $15 mil al mes, más del doble de lo que gana el Presidente de la República. Responder por esos abusos debe ser difícil para el contralor, pues sus amigos diputados, después de dos semanas desde que prometieron citarlo al pleno, aún no lo han hecho. Entonces, seguiremos sin saber cómo es que después de dos años en el cargo, el contralor es el invitado de piedra en la fiesta del despilfarro. A esa misma fiesta y en la misma condición está su cómplice: el presidente de la República, que guarda silencio –cruzado de brazos– tras haber autorizado fondos de la Descentralización para enfrentar la pandemia, y no para que estos pillos salgan millonarios del gobierno.

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Hace 4 añosLos magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron dar un plazo de dos semanas para que los servidores judiciales, incluido el personal de apoyo y administrativo de este órgano estatal, presenten su declaración jurada de bienes patrimoniales. Es un buen primer paso para cumplir con las ordenanzas de la carrera judicial, que incluye no solo a los magistrados de la Corte Suprema, sino a magistrados de tribunales superiores y de apelaciones, jueces, secretarios, directores, defensores públicos, coordinadores y personal de apoyo, judicial y auxiliar especializado, entre otros. Aunque es una disposición que tiene ya más de seis años de vigencia, no se había cumplido como ahora se está exigiendo a todos los que están obligados a presentarla. Lástima que estos documentos sean confidenciales, porque se priva a la población de vigilar si hay cambios que ameriten explicaciones de parte de los titulares. Para nadie es un secreto que en el Judicial se han negociado sentencias, sin contar con muchas otras diligencias, por las cuales se cobra. La orden impartida por los magistrados da esperanzas de la renovación prometida, junto con los pasos que han empezado a darse para elegir, por méritos, el personal judicial.

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Hace 4 añosLa propuesta que ha hecho el Gobierno a la empresa canadiense que explota los ricos yacimientos de cobre y otros minerales en Donoso, parece acercarse a un trato más justo por la explotación de recursos que están en una zona montañosa del país de suma importancia para nuestra fauna y flora. Panamá es dueño de su riqueza y, por tanto, puede exigir mayor equilibrio entre lo que se gana la empresa al usufructuar tales riquezas y lo que recibe el país a cambio de ello. Si es cierto que el cambio de fórmula para hacer el cobro de la explotación minera es semejante al de otras naciones mineras, la empresa no está frente a algo que deba sorprenderle, pues tales márgenes sí existen. El contrato declarado inconstitucional –una de las pocas cosas justas que ha hecho la Corte Suprema– era un monumento al despilfarro de nuestros recursos naturales, un regalo que hizo otro gobierno PRD, aunque en esta ocasión –tras las críticas que recibió por el contrato con Panama Ports Company– busca mayor balance para las partes. La propuesta está ahora del lado de Minera Panamá, que debe hacer una contrapropuesta. Solo esperamos que sea razonable y no una humillación para el país.

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Hace 4 añosLa delincuencia política ha trasladado el teatro de sus operaciones gansteriles al nivel más bajo de los puestos de elección popular: los representantes de corregimiento, que, ante el incremento de ingresos de los alcaldes, les hacen competencia, a ver quién coge más. Así, tenemos representantes que se premian con ingresos –de hasta casi $14 mil mensuales–, muy por encima de su jerarquía, conocimientos y gestión. En consecuencia, es dinero inmerecido, un vulgar saqueo. Los partidos que concentran a estos cleptómanos son el gobernante Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), cuyos líderes –Benicio Robinson, Pedro Miguel González y Rómulo Roux– parecen cómodos con la delincuencia de cuello blanco alojada en sus colectivos, desde donde conspiran contra los intereses de sus comunidades. Guardan silencio cómplice ante estos excesos, que también explicarían por qué seguir atomizando el país con más distritos y corregimientos: ampliar la oferta de cargos públicos para más pandilleros políticos. ¿Cuándo el contralor empezará a trabajar? ¿Cuándo nos dirá cómo esa gente se gasta el dinero? ¿O es que también obtiene sus ingresos de la misma forma que ellos?

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Hace 4 añosFrente al despojo que sufre el erario, perpetrado por descarados alcaldes de todo el país, nadie, absolutamente nadie, hace nada. El presidente ya no se sienta en su taburete, porque, por lo que vemos, parece haberlo cambiado por una hamaca donde duerme plácidamente mientras nos roban; el contralor corrige los errores que pueden haber cometido en los papeles para que estos descarados nos puedan robar de forma expedita; y los diputados no hacen nada porque hacia esos cargos miran pensando en 2024, ya que, habiendo ahora tanta plata en los municipios, se postularán para ambos puestos para seguir con el robo. ¿Cómo puede ser posible que estos funcionarios se asignen ingresos tan elevados cuando el país atraviesa una crisis económica sin precedente; cuando estamos endeudados hasta la coronilla para cubrir el faltante en el presupuesto del Estado; cuando hay tantas necesidades de sus representados? Pueden llamarlo como quieran: dietas, gastos de movilización, pero no es más que un saqueo; y puede que este fraude lo hayan legalizado otros iguales a ellos, pero no deja de ser lo que es: un acto de pillaje, puro y duro. Y aún así, todavía se preguntan por qué definen este gobierno como corrupto.

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