TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 4 añosLa materialización de fondos para ejecutar la carrera judicial, es decir, someter a concurso 125 puestos que, mediante acuerdo, la Corte Suprema de Justicia declaró vacantes hace unos días, entre ellos, jueces de garantías, de juicio oral y de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio, es un avance que, en la teoría, significa renovar -por vía de la meritocracia- nuestro deteriorado sistema judicial. Es una oportunidad sin precedentes para que la justicia recupere su credibilidad, pero eso nos lo dirá el tiempo. Si realmente se eligen a los mejores, teóricamente deberemos esperar también lo mejor y para ello solo habrá que esperar sus decisiones judiciales, que son, a final de cuentas, las que hablarán de la seriedad -o arbitriaridad- de los elegidos. Estará en manos de la actual junta directiva el futuro de la justicia en Panamá: si esta sigue siendo la caricatura de hoy o se pone los pantalones y acomete sus tareas con apego a la Ley y la Constitución, en vez del dinero, los amigos y la política. No es una tarea fácil, pero sí es posible lograrlo, solo predicando con el ejemplo. Por décadas, jueces y magistrados han actuado como operadores políticos. Ahora veremos si se convierten en operadores de justicia.
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Hace 5 añosEl Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) cumple más de medio siglo de existencia. Miles y miles de estudiantes destacados han sido beneficiados con becas que le ha otorgado la institución por su excelencia académica; otros miles han logrado culminar sus carreras por préstamos blandos que ofrece el organismo. Su creación fue un gran acierto, porque es de las pocas que brinda oportunidades reales y tangibles a nuestra juventud para ser profesionales y personas de bien para el país. Hoy, en manos de políticos que se niegan a ser transparentes, se ha convertido en botín político, usado para pagar favores, para el clientelismo político y para que unos pocos obtengan ventajas inmerecidas, y la institución se presta para ello. Este medio ha sido reiterativo en solicitarle la lista de estudiantes que reciben ayudas económicas no reembolsables por encima de los $50 mil, y hasta el día de hoy no ha sido posible obtener una respuesta, a pesar de que es dinero de nuestros impuestos y que todo ciudadano tiene el derecho de saber cómo se usa. Esperamos que la institución sobreviva a este apetito político y criterios clientelistas, permitiendo que la meritocracia sea su norte.
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Hace 5 añosLa transparencia en los asuntos públicos es un tema ignorado por las autoridades, por lo que empiezan a ser frecuentes las sanciones contra funcionarios que pretenden una gestión sin rendición de cuentas, sin divulgar asuntos de carácter público. Recientemente, la Corte Suprema se ha pronunciado sobre esa falta de transparencia. Tal es el caso del alcalde de San Miguelito y de la Asamblea Nacional, especialmente esta última, que ha negado a este medio información pública, por lo que la Corte ha sentenciado en su contra, obligándola a ser más transparente. La ley es muy clara, pero se valen de artimañas para burlarla, sin éxito esta vez. Ahora, la Corte ha declarado que la información sobre la identidad de las personas contratadas, sus funciones y el resultado de su supuesto trabajo es de carácter público. La Asamblea alegó confidencialidad y protección de información personal de la planilla 172 –la cash back– para negarla, luego de que el Ejecutivo le aprobó un crédito para pagarle $8 millones en plena pandemia. Esperamos que los diputados entreguen la información y se dejen de dar excusas para no rendir cuentas de sus actos.
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Hace 5 añosEl Estado panameño cuenta con instrumentos legales para cobrar a Odebrecht el dinero que se comprometió a pagar en concepto de multas, tras reconocer el pago de coimas a funcionarios de gobiernos anteriores. Son $220 millones, de los cuales ha pagado una parte, pero nunca honró los compromisos correspondientes a 2019, 2020 y 2021. Odebrecht tiene inversiones en Panamá y obras estatales sin concluir, cuyos pagos pueden servir para amortiguar su deuda, pero la diligencia de los funcionarios para hacer valer nuestros derechos como víctimas es más que reprochable. Es la misma negligencia de la que se sienten orgullosos otros actores del Gobierno, como el contralor, quien no solo se cruza de brazos mientras los alcaldes siguen abusando de su cargo aumentado sus ingresos hasta $10 mil o más, sino que los haya justificado, abriendo de par en par las puertas para que estos caraduras roben a manos llenas mientras él va a la Asamblea a restregarnos que no piensa hacer nada. O sea, que el asalto queda justificado si otros sinvergüenzas lo aprueban. Como van las cosas, los panameños no solo podríamos prescindir de los diputados, sino también del contralor. Incompetencia a donde uno mire.
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Hace 5 añosFinalmente, el Órgano Judicial hará lo que ha debido hacer años atrás: permitir que los interesados puedan participar en concursos para ocupar los cargos que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha declarado vacantes. Anteriores administraciones han tomado el camino más conveniente para sus intereses y el de sus allegados, designando a funcionarios que responden al que los nombró, en vez de a la justicia. Cientos de puestos fueron ocupados “de a dedo”, con las nefastas consecuencias que hemos sufrido. El Ejecutivo ha anunciado fondos millonarios para ejecutar el ambicioso plan de meritocracia y esperamos que cumpla su promesas, pues este país está a punto del colapso por la anarquía que reina en materia de justicia. Sabemos que el sistema que se desarrollará no es perfecto, pero, sin duda, será mucho mejor que el que tenemos actualmente, que es notoriamente inoperante y una completa vergüenza. La implementación de la carrera judicial ayudará a sanear este órgano del Estado y es probable que, por primera vez en mucho tiempo, empecemos a ver una luz que nos ayude a volver a confiar. Esperamos que este sea el principio de una verdadera justicia en Panamá.
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Hace 5 añosLos últimos informes de rendición de cuentas del vicepresidente de la Republica (que además es ministro de la Presidencia) y del contralor general han dejado un mal sabor. En primer lugar, ¿por qué la Presidencia hace compras que corresponden a otras instituciones especializadas del Estado? Es evidente que se inmiscuye en asuntos que no son de su competencia, pero todos sospechamos por qué lo hace. En el caso del contralor, su papel de control lo ha vendido para complacer a la maleantería del Gobierno. Ha castrado la institución, convirtiéndola en una patética y vergonzosa caricatura. Criticó lo que él consideró como egocentrismo y falta de planificación de su antecesor, pero su propio informe fue un tributo a sí mismo, más que inmerecido, a propósito. Ampliando el horizonte más allá de esos “informes”, la conducción del Gobierno es errática. Las inversiones no responden a un plan ni objetivo, más bien parecen ser las particulares y aisladas necesidades de los amigos del poder, mientras se renuncia al cobro de millones de dólares en impuestos o se edifican proyectos que no solucionan los problemas de las grandes mayorías, lo cual explica por qué siendo un país rico no salimos de la pobreza. Estamos sufriendo la anarquía institucional.
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Hace 5 añosEl contralor, Gerardo Solís, en su informe de “rendición de cuentas” ante la Asamblea Nacional ha descrito Panamá como un país nórdico, donde la corrupción es un acto excepcional y no de todos los días. Ha cambiado la política de control de la institución por la de “corrección”, o lo que eso signifique. Justificó cada escándalo, incluyendo el de la Lotería, el hospital modular, los excesivos gastos de movilización de alcaldes, hasta la auditoría secreta de Panama Ports Company. Pues bien, a la lista de escándalos que enumeró debe sumar uno más: el de su discurso de justificación de cuentas, y no de rendición de cuentas. No dijo una palabra sobre la auditoría a Pandeportes, en la que se había determinado un perjuicio de más de $13 millones al Estado; no explicó por qué la Contraloría dejó de publicar las planillas de los diputados; no dijo una palabra de la auditoría a los $8 millones que se le otorgaron a la Asamblea Nacional para pagar sus planillas brujas. Su “monólogo”, en resumen, no aportó nada que no sepamos. Y si la Contraloría pudo parar “goles” fue por las alertas que publicaron los medios, esos que menospreció varias veces en su “informe de justificación”, aplaudido por los diputados de gobierno.
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Hace 5 añosEl llamado que ha hecho el Ministerio de Educación (Meduca) para empezar las clases de manera presencial a partir de este año contrasta con el hecho de que un 20% de los centros escolares de todo el país tienen que someterse a reparaciones a estas alturas. El Meduca cuenta con menos de 60 días para reparar 627 centros escolares, de los cuales, actualmente solo ha alcanzado intervenir menos de la mitad, quedando pendiente casi el 60% de las escuelas. Una vez más vemos como impera la improvisación en los actos de gobierno. Debido a ello, lo más seguro es que muchas escuelas y/o colegios no estén en condiciones de recibir plenamente a los estudiantes el día señalado para empezar el año escolar. Esta potencial situación es lamentable tomando en consideración que, pese a que los muchachos puedan estar preparados desde el punto de vista de salud pública, probablemente no puedan acudir todos, alargando aún más su confinamiento, con las consecuencias que todos conocemos. Las autoridades del Meduca, más que esperar, ruegan por un milagro para que las escuelas estén listas antes de la primera semana de marzo. Si experiencia mata tiempo, el milagro se consigue planificando, no improvisando.
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Hace 5 añosEl discurso del presidente de la República fue detallado en algunos de los temas que abordó, destacando el de la vacunación, en el que, sin duda, el Gobierno ha hecho un gran trabajo. Y si bien el crecimiento del país será de casi el 15%, el gobernante no mencionó en su discurso que también sufrimos una espectacular caída en el Productor Interno Bruto, como tampoco nos dijo cuánto nos hemos endeudado. Tampoco abordó el tema de la planilla estatal: personal y monto, los cuales, en estos meses de pandemia, han crecido de forma irresponsable. Cada año, el Gobierno contrata el equivalente a dos veces el personal que trabaja en el Canal. Si ello representara eficiencia, productividad, algo que justifique esa enorme friolera de casi $5 mil millones al año en salarios, pero lo que vemos son botellas, garrafones y damajuanas, porque nadie da justificaciones del por qué la Asamblea Nacional, por ejemplo, necesita más empleados mientras la empresa privada debe desprenderse de muchos, porque no puede darles trabajo. Señor presidente, el sacrificio es una forma de ejemplo, y desde que comenzó esta pandemia la empatía ha sido nula. Su discurso en nada cambia esa falta de solidaridad.
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Hace 5 añosEste domingo, el presidente de la República se dirigirá a la Nación. En ocasiones pasadas, el gobernante ha utilizado –y repetido– textos de sus discursos anteriores, prometiendo lo que ha debido cumplir tras haberlos pronunciado. Todos esperamos que esta vez su discurso sea realmente nuevo, realista y, sobre todo, que cumpla lo que promete, considerando que si bien un tercio del país lo eligió en 2019 para conducir el Gobierno, eso no lo hace dueño a él ni a su partido del destino del país, pues debe recordar que los restantes dos tercios también tienen mucho que decir sobre el futuro de nuestra Nación. Es por ello que el Gobierno debe entender que lo mejor para nuestro país es que todos los sectores se comprometan a discutir un plan y llegar a consensos para que lo acordado se ejecute sin banderías políticas, sino bajo el pabellón que cobija a todos los panameños. Y no nos referimos a la pérdida de tiempo que ha propiciado el presidente —porque lamentablemente eso es lo que han sido— porque, con los pocos resultados que se pueden rescatar de los diálogos que ha convocado, nada ha prosperado. Es hora de que sus funcionarios empiecen a pensar como estadistas y dejen a un lado sus intereses muy particulares.

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