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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 añosLa decisión de la Contraloría de prohibir desembolsos por gastos de movilización para alcaldes y representantes de corregimiento –que alcanzaba una erogación de más de $12 millones al año– es la correcto. Ha sido la presión ciudadana la que ha logrado que tal atropello se haya revertido, pues hasta la Contraloría llegó a justificar tal gasto, argumentando la autonomía de los gobiernos locales, alegato que choca con realidades adversas, como el hecho de que muchas alcaldías y juntas comunales deben solicitar subsidio al Gobierno para hacer frente a sus gastos, con lo que dicha autonomía es una falacia. Pero no todo está dicho. Aún está pendiente el tema de los gastos de representación, que también cobran algunos de estos funcionarios, por montos superiores, incluso, a su salario. Y es que el tema de los ingresos se ha relajado en grado extremo. Tenemos múltiples servidores públicos que, teniendo jornadas completas de trabajo en un puesto de elección, cobran licencias pagadas, muchos de ellos, alcaldes o representantes. Y docentes a tiempo completo, que simultáneamente ejercen otros cargos en el Gobierno. La decisión de la Contraloría es un buen primer paso, pero apenas marca el comienzo.

Hoy por hoy

Hace 4 añosUna vez más, Odebrecht ha incumplido los términos del acuerdo para devolver al Estado panameño $220 millones, producto del intercambio de coimas con funcionarios durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). Desde 2017 a la fecha, Odebrecht ha abonado $52 millones, a regañadientes y solo después que la fiscalía se quejara ante un juez de cumplimiento. Como vamos, la historia se repetirá cada año, porque todo indica que Odebrecht hará lo mismo e intentará ignorar las cuotas subsiguientes. Las autoridades deberían plantearse una renegociación con Odebrecht de los términos del acuerdo, a fin de hacer efectivo el pago de la deuda con Panamá, disponiendo del patrimonio de la empresa en este país, ya que no se trata de un año de incumplimiento, sino de varios. Sencillamente, no hay que esperar que un buen día esta empresa nos salga con que está en bancarrota. Con las principales fiscales del caso de vacaciones, los que quedan ahí son mudos espectadores: no toman iniciativa para arreglar un problema que puede agravarse. Ojalá este nuevo incumplimiento haga que despierten los responsables de cobrar el dinero.

Hoy por hoy

Hace 4 añosEl gasto sin objeto ni justificación sigue creciendo en el Gobierno, en especial, en lo que se refiere a la planilla estatal, que sigue registrando un crecimiento en número de empleados y en monto. El significativo aumento de servidores públicos –permanentes y eventuales– se ha dado tanto en el Ejecutivo como el Legislativo. Y este último, para variar, encabeza las instituciones con mayor aumento de empleados. Si se compara diciembre de 2020 con diciembre de 2021, el aumento es de 4 mil 680 funcionarios, lo que hace un total de más 8 mil 500 servidores públicos –un número poco menor a los empleados del Canal de Panamá, que labora 24 horas al día– trabajando para 72 diputados.

Hoy por hoy

Hace 4 añosLas estadísticas sobre las agresiones sexuales en Panamá son tan espantosas como lo es el mismo delito. Entre 2016 y 2021, se han presentado casi 37 mil denuncias por delitos sexuales. Eso da un promedio anual de poco más de 6 mil y 17 denuncias por día. Tal cantidad de casos ha rebasado la capacidad del Órgano Judicial, ya que en el mismo periodo, solo se han podido celebrar algo más de 25 mil audiencias, o un promedio de tan solo 11.4 audiencias diarias. Pero de esas más de 25 mil audiencias solo se ha podido “resolver” 3 mil 990, es decir, cerca del 16% del total de los casos, de los cuales, más de la mitad (el 56%) ha terminado en la suspensión de los procesos o en sobreseimiento o en su prescripción. Estas cifras nos dicen que en Panamá hay una enorme mora judicial, con un arrastre de años en este tipo de delitos. Lo otro que nos advierte es que, además de la mora, hay una enorme impunidad, a juzgar por los “casos resueltos”, muchos de los cuales han terminado en la prescripción. Es evidente entonces que tenemos graves problemas para garantizar la integridad sexual de las personas, dado los serios problemas que enfrentamos. Y ello explicaría por qué, en vez de bajar la comisión de delitos sexuales, estos aumentan con cada año que pasa.

Hoy por hoy

Hace 4 añosIndudablemente, los políticos son como buitres en busca de las oportunidades que ofrece el Estado. Las buscan para hacer dinero velozmente y a manos llenas. Para hacer sus negociados, obtienen el capital de las arcas estatales, usualmente por la vía del despojo. Roban sin control alguno, pues en Panamá reina la impunidad tan rampante como la corrupción. El transporte público no es la excepción. Muchos políticos han visto en estas concesiones del Estado una oportunidad de negocio que no han desaprovechado, al igual que lo han hecho muchas personas naturales que, en contubernio con los políticos, han acaparado decenas, cientos y hasta miles de cupos de diversos tipos: desde taxis hasta buses de ruta. Algunos se han hecho millonarios. Por lo que hemos visto, es necesario que las leyes sobre el transporte público sean reformadas para dar estabilidad y evitar la acaparación; para regular el estatus de los llamados “palancas” y se atiendan sus derechos laborales; para evitar la usura y el abuso; para regular las concesiones y sea el Estado el beneficiario y no los usureros; para brindar mejor servicio a los usuarios; para hacer más eficientes las rutas y sus horarios. En fin, es mucho lo que falta y nada lo que se hace.

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Hace 4 añosDe la guerra que le declaró Rusia a Ucrania hay lecciones que aprender, incluso imitar. La primera es que, independientemente de lo que hayan sido los líderes políticos y civiles ucranianos, ahora son parte de las faenas de defensa del país; no han huido, como vimos aquí en Panamá décadas atrás. Del presidente para abajo, miles de ucranianos enfrentan a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Fuera de las fronteras de Ucrania, también ha habido una movilización sin precedentes y de tal magnitud, que algunos han calificado una de las sanciones contra Rusia como la “bomba nuclear económica”, que prácticamente aislaría a ese país del mundo económico, impidiéndole potencialmente hacer transacciones bancarias de todo tipo. Ello sin contar las protestas en varias capitales y ciudades del mundo, incluidas las de rusos en Moscú, pidiendo el fin inmediato de la guerra. Las severas sanciones contra Rusia contrastan con las tibias aproximaciones de castigo a países donde se libran luchas intestinas desiguales, como en Venezuela y Nicaragua. Panamá y casi todos los países del continente vemos con indiferencia lo que pasa con los pueblos de esas naciones, que a diario son víctimas de violaciones de todo tipo.

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Hace 4 añosLas cárceles panameñas son nuestra mayor vergüenza. Si bien tienen como fin ser el lugar donde las personas que han delinquido cumplan sus condenas, la ley también ordena que sean centros de rehabilitación, a fin de que, saldada la pena, puedan reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, nuestras cárceles son universidades de la delincuencia, en las que poco o nada se hace para la resocialización de los reclusos. Pero, además de ser un lugar que no brinda oportunidad para la rehabilitación, la Defensoría del Pueblo ahora nos dibuja un panorama aún más dantesco. Describe, en reciente visita que hicieron algunos de sus funcionarios al Centro Penitenciario La Joya, la inexistencia de condiciones mínimas para que habiten en ese lugar los privados de libertad, violando disposiciones locales e internacionales sobre el tratamiento que deben recibir los reos. ¿Cómo podemos disminuir la delincuencia, si nuestros centros carcelarios son fabricantes de sociópatas, pandilleros, asesinos y delincuentes de todos los tipos? Caer en una de nuestras cárceles es garantizarse una vida de actividad criminal de la que difícilmente se puede salir. Y el Gobierno y la sociedad parecen indiferentes ante tan inhumana situación.

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Hace 4 añosEl Ejecutivo envió una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional, que ya fue aprobada unánimemente en segundo debate. Se trata de la creación de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, dirigida a los habitantes de la comarca Ngäbe Buglé. Nadie duda de que es una excelente iniciativa, necesaria para que la educación superior alcance a una población tradicionalmente marginada y olvidada por los gobiernos. El proyecto de ley indica que el rector será elegido por 5 años, sin opción a reelegirse. Pero, luego de todos los chanchullos de los que hemos sido testigos con el tema de la reelección indefinida de la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la sospecha se asoma. ¿Es realmente para educar? ¿O es para premiar a alguien con el cargo de rector y salario de $13 mil? ¿Acaso es la excusa para nombrar a más funcionarios con doble salario? ¿O será para servir al clientelismo rampante de este gobierno? El escepticismo es inevitable cuando una buena obra –en apariencia– encubre los negociados y la sinvergüenzura de políticos inescrupulosos que solo buscan la oportunidad de llenarse los bolsillos a costillas de los más necesitados. Así de podridos estamos.

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Hace 4 añosEl reciente caso de la violación de una niña de 8 años de edad que, además, fue embarazada por su victimario –un familiar cercano a ella–, revela el grave estado de nuestra sociedad. La Asamblea Nacional está cruzada de brazos en materia de educación sexual y ha sido tremendamente permisiva en situaciones como estas, ya que hay poca protección para las víctimas, sin contar que la educación en general se ha degradado al punto de que tenemos una sociedad escolarizada, pero de una calidad cuestionable, inferior cada año que pasa. El Estado necesita urgentes reformas en esta materia para ofrecer realmente ayuda y protección a las víctimas de abusos. Los datos existentes y actualizados son de terror; 7 mil denuncias anuales por delitos sexuales: eso representa un promedio de 20 al día, es decir, casi una agresión sexual cada hora. Se trata de un problema grave en el que el Gobierno no hace absolutamente nada, sin contar el hecho de que tal cantidad de denuncias sobrepasa con creces la capacidad del Ministerio Público y del Órgano Judicial para procesarlas, creando una mora judicial. En resumidas cuentas, las agresiones sexuales están aumentando y poco hace el Ejecutivo para reducirlas, mientras estos casos copan la capacidad del Judicial. Urge algo más que señalar el problema.

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Hace 4 añosLa bochornosa manera en que la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley que presentó Raúl Pineda (PRD) para legalizar la reelección indefinida de la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), nos advierte que a los diputados les importa un comino la opinión pública. Por encima de todo, está mantener una red de nombramientos inmorales y hasta ilegales en muchos casos. Según un diputado independiente, la rectora estuvo haciendo lobby a favor del proyecto de ley, pero no fue al pleno a responder sobre las supuestas virtudes de este. Acuerdos de recámara, eso es lo que tiene de medular la iniciativa. El presidente de la República seguramente tendrá pronto en sus manos –para sanción o veto– este adefesio, que solo busca beneficiar a gente de su partido, que recibe –una vez más– ingresos por trabajos que no hace. El gobernante tendrá que decidir si apoya la sinvergüenzura o la rechaza. Y mientras esto avanza, el que parece hundido en un hoyo es el contralor, cuyo mayor mérito es no hacer nada. Ni en la dictadura hubo un contralor tan complaciente y bueno para nada.

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