Una vez más, el contralor general de la República actúa movido por la soberbia y la falta de sentido común, al esquivar un cuestionario del procurador de la Administración sobre las normas que invocaron alcaldes y representantes de corregimiento para aumentar significativamente sus ingresos. La actitud del contralor obstaculiza una investigación sobre el tema. Lo que debería hacer es responder lo que le han preguntado, pues para pagar a esta partida de zánganos, la Contraloría ha debido verificar que los desembolsos se ajustan a las normas vigentes, por lo que no tiene ningún sentido que le diga al procurador que le “resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre a usted, información respecto de normas del ordenamiento jurídico, cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas”. El cuestionario busca corroborar cuáles fueron las normas con las que la Contraloría justificó el pago de dichos emolumentos, ridículamente elevados respecto a las responsabilidades de funcionarios que están muy lejos de ser las máximas autoridades del país. O responde o se expone a la sospecha y la suspicacia.
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21 ene 2022 - 03:49 AM