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El informe sobre libertad de expresión en lo que concierne a Panamá, presentado ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebra en Madrid, España, expone las amenazas a las que están expuestos medios y periodistas en la esfera legal civil, incluso en la penal. En ambos casos, no son pocas las querellas temerarias que solo buscan de medios y periodistas la autocensura, porque desnudan verdades que los funcionarios prefieren ocultar. Las amenazas son tan reales como el hecho de que hay medios que podrían dejar de existir por el exagerado resarcimiento monetario que exigen los que se sienten afectados. Por ello es necesario legislar sobre este tema, a fin de garantizar la vida de los medios, incluso con sentencias en su contra. Por otro lado, la libertad de información está también en jaque, ya que ahora el Gobierno hace uso de una ley que protege datos personales, prohibiendo la difusión de información de carácter estrictamente pública. Y por último, pero no menos grave, están los ataques de difamación y descrédito en redes y acciones de amedrantamiento por parte de funcionarios y autoridades de gobierno. Y así dicen que respetan la libertad de expresión.

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