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La incompetencia gubernamental en Panamá tiene muchas caras, y una de ellas se puede encontrar en materia ambiental. Es inconcebible que el país, que cuenta con 120 áreas protegidas, tenga menos del 10% de estas con un plan de manejo vigente; otras 20 están en proceso de actualizarlo y solo 7 están en elaboración. Es vergonzoso el estado de nuestras áreas protegidas, las cuales, además, cuentan con insuficientes guardaparques, si es que tienen. Es increíble que en la exagerada planilla estatal no sea posible hallar, entre tanto nombramientos, el personal para cumplir con labores tan elementales. Pero más allá de eso, cuesta creer que las autoridades no estén al día en los planes de manejo de las áreas protegidas. Se supone que esas áreas reciben un tratamiento especial por sus características: belleza, aportes ambientales, su fauna y flora, etc., y la mayoría están abandonadas, sin protección del Estado. Y esto solo tiene un calificativo: negligencia, y, además, inexcusable. Pareciera que la nave del Estado está a la deriva, sin nadie que se haga responsable de que las leyes se cumplan. Es evidente que la anarquía se apodera del país y ni funcionarios ni ciudadanos hacen algo para preservar el Estado de derecho.


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