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La Asamblea Nacional aprobó un proceso abreviado para efectuar la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este procedimiento se desconoce un hecho esencial. Y es que no se abrió un espacio de consulta ciudadana, necesario no solo para que los diputados conozcan a los candidatos al cargo, sino también la población en general, en especial cuando la designación ha recaído sobre una profesional del derecho que no salió de la lista corta que preparó el Pacto por la Justicia, tras entrevistar a todos los aspirantes al cargo. La sociedad panameña merece conocer mejor a esta funcionaria, que desempeñará un importante cargo en este país, y por ello no es buena idea privar a los ciudadanos de conocerla y evaluarla. No se trata de poner en duda sus capacidades; se trata de darle una oportunidad para probar, precisamente, que es una persona idónea para el cargo e íntegra; de revisar su trayectoria; de analizar sus criterios profesionales. Esto es lo que se le niega a la sociedad panameña al ignorar un proceso abierto que, seguramente, sería de mucha utilidad, incluso, para una profesional que busca ocupar el cargo. Los diputados niegan transparencia y eso no es bueno para nadie.

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