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Lo que ocurre en el Ifarhu con los auxilios económicos no reembolsables merece una prolija investigación y la inmediata renuncia del director de la institución. Lo que ha hecho este funcionario es despilfarrar recursos del Estado y favorecer a personas cuyas familias pueden cubrir préstamos escolares sin problema alguno. Por ello, es imperdonable su falta de buen juicio, desviando decenas de miles de dólares en detrimento de estudiantes que sí merecen y necesitan estas ayudas. Su gestión en el Ifarhu es inhumana: robó sueños y destruyó la imagen de la institución a su cargo. Los funcionarios deben entender que el Estado no está a su servicio, sino al revés. Por ello también es cuestionable la conducta de servidores públicos que buscan favorecer las empresas de su entorno familiar, cuando lo que deberían hacer, si quieren hacer negocios con el Gobierno, es estar, precisamente, fuera del engranaje gubernamental, y menos ocupar puestos desde donde pueden accionar para que sus empresas sean favorecidas, directa o indirectamente, con obras estatales, como es el caso de un diputado oficialista y su hija viceministra. Nada es tan hiriente que usar esos puestos para beneficio propio o para la casta política de turno.

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