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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosAyer Colombia intentó sin éxito que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara una reunión de cancilleres para discutir la grave crisis humanitaria que tiene lugar en la frontera de ese país con Venezuela. Necesitaba 18 votos de los 34 países que componen la OEA. Obtuvo 17. Le faltó uno, el nuestro. Según la canciller colombiana, nuestra canciller entendía la gravedad de la situación y se había comprometido a apoyar la reunión, pero a última hora, al parecer luego de una conversación con Nicolás Maduro, Panamá sorpresivamente decidió abstenerse. Si Panamá hubiese apoyado a Colombia la OEA hubiera tenido la oportunidad de discutir, de manera serena y razonada, la situación actual. Según la Cancillería de Panamá, se abstuvieron para fomentar el “diálogo” entre las dos naciones. ¿Qué tipo de diálogo? Uno de sordos en el cual el Presidente de Venezuela insulta a los líderes colombianos y se burla de sus pobladores mientras baila cumbia en cadena nacional. Un diálogo que ya se realizó en Cartagena entre las cancilleres de Colombia y Venezuela y cuyos compromisos fueron incumplidos por este país. La actuación de Panamá es lamentable. Traicionamos la defensa de los derechos fundamentales y dejamos solos a miles de personas. Ese voto nos duele. Como nos duele cada maltratado al amparo que la impunidad de ese voto le dio a Venezuela. Este no es el comportamiento de un país que dice defender los derechos humanos en foros internacionales. Así no es, señor Presidente.

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Hace 11 añosA media noche del 19 de agosto, el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró de manera parcial la frontera entre su país y Colombia, supuestamente, en respuesta al ataque que sufrieron sus fuerzas de seguridad de presuntos contrabandistas colombianos. Esta acción ha visibilizado la dura realidad de los colombianos migrantes en Venezuela. Unos 8 mil, entre deportados y desplazados por las amenazas, cruzaron la frontera en busca de amparo en su país de origen. La forma en que se realizó, usando la fuerza, sin debido proceso ni protección judicial y quitándoles sus documentos de identidad personal para luego destruirlos, es una mancha a la legitimidad de cualquier reclamo del Gobierno bolivariano. Más parece una evidente actuación oportunista, que al calor de un incidente que denota la inseguridad existente en la mayoría de las fronteras en América Latina, ha sido convertido por el régimen de Maduro en una distracción de los terribles problemas internos que enfrenta su nación. Culpar a los extranjeros de los problemas internos que vive Venezuela, es una táctica utilizada por el fascismo, que debe recurrir al miedo y a la manipulación, porque ha perdido la fuerza de la razón.

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Hace 11 añosLos burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han asignado el presupuesto al sistema de justicia panameño de una forma que pareciera no considerar la imperiosa necesidad de combatir frontalmente la corrupción. Todos los estamentos, desde el Órgano Judicial hasta la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibieron unos recortes draconianos a sus propuestas adecuadas a la realidad que vive la nación. 65% de los privados de libertad está atrapado por un sistema incapaz de cumplirles el debido proceso eficientemente. Los más ricos y poderosos criminales deben estar celebrando las exiguas condiciones en las que el aparato de justicia intenta combatirles. Si el país tiene recursos para pagar generosas adendas a megaproyectos, y patrocinar iniciativas dudosas como desfiles de Navidad o carnavales, entonces, con mayor razón, la justicia debe ser la prioridad de nuestro Estado. Si esto no lo entiende el MEF, es obvio que no están en sintonía con la aspiración fundamental de los ciudadanos.

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Hace 11 añosEl mundo enfrenta una crisis migratoria de proporciones desconocidas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El colapso económico, los conflictos religiosos y civiles, el terrorismo y la violencia han empujado a millones de seres humanos a cruzar fronteras, a lanzarse a los mares en embarcaciones precarias, a caminar cientos de kilómetros, a someterse a abusos físicos o sexuales, y a sufrir la explotación de traficantes y mafias en busca de un mejor futuro. La especie humana es migratoria por naturaleza. No se le puede negar a una persona su derecho a soñar y a procurar su felicidad y el bienestar de sus seres queridos. Los centenares de muertos anónimos en el Mediterráneo, los miles de migrantes que huyen o son forzados a salir de Venezuela y las amenazas de deportaciones masivas del principal candidato del partido Republicano de Estados Unidos, son manifestaciones de lo vulnerable e indefensos que están estas personas frente a los dictadores, los fanáticos y los demagogos. Solo el desarrollo y el pleno respeto a los derechos humanos evitan las migraciones masivas. Es responsabilidad de las sociedades más prósperas y democráticas iniciar el diálogo internacional para atender este problema y financiar los mecanismos de cooperación que prevengan las migraciones de mañana. Necesitamos el liderazgo y la acción inmediata de las democracias del mundo.

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Hace 11 añosLa ley de carrera judicial, que fue sancionada ayer, era una de las más grandes deudas que la democracia panameña tenía con el Estado de derecho. El 70% de los jueces está nombrado de forma interina, sin estabilidad laboral ni protecciones frente a posibles arbitrariedades de los superiores. La legislación les reconoce derechos y la posibilidad real de desarrollar su talento y su vocación sin necesidad de recurrir a padrinos o patrocinios políticos peligrosos. Una de las grandes oportunidades que genera la norma es la de la rendición de cuentas, que permitirá sacar a las manzanas podridas que corrompen el sistema y prevenir la impunidad. Los ciudadanos debemos velar para que las próximas designaciones de magistrados sean de profesionales que ennoblezcan al país con su rectitud y valentía. Esta es la forma de evitar los abusos en contra de los grupos más vulnerables y de los bienes públicos de nuestra sociedad. Nadie debe estar por encima de la ley. El sueño de una justicia íntegra y eficaz puede llegar a ser realidad en nuestro país, si todos somos aliados en la lucha contra la corrupción.

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Hace 11 añosLa decisión unánime de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de suspender provisionalmente los efectos del contrato de compra de los radares italianos, representa el primer resultado de una estrategia legal para recuperar el patrimonio de todos los panameños. Los gobernantes, en vez de defender el patrimonio nacional, estaban interesados en cobrar comisiones. En la corredera quedamos comprando cualquier equipo, sin estudios ni pliegos. Consecuencia directa de esa “desviación de poder”, que ahora se busca probar, es que en vez de tener litorales seguros y poder desplegar mayores recursos para proteger y servir a la población, nos encontramos con un despilfarro de 125 millones de dólares mientras narcotraficantes y contrabandistas se encuentran a sus anchas. Con cada robo, homicidio u otro delito, queda claro que quienes nos gobernaron solo velaron por sus intereses. Otra razón más de la inseguridad que padecemos.

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Hace 11 añosUna de las figuras clave del pasado gobierno reconoció su culpabilidad por un delito, que afectó seriamente la imagen del mercado de valores panameño. Ante nosotros tenemos la oportunidad de conocer finalmente los alcances de las manipulaciones bursátiles y mineras efectuadas presuntamente para beneficiar al gran capo y varios miembros camarilla. Es justo recordar a los muertos de Bocas del Toro, a los mutilados y ciegos causados por la avaricia de hacer millones a costa de nuestro patrimonio ambiental. Tal vez se pueda descubrir la verdadera historia detrás de la transacción brasileña que intentó cerrar el capítulo de Financial Pacific y sobre todo, se pueda aclarar la desaparición de Vernon Ramos. Todo esto ha sido posible gracias al valor y al coraje de una joven fiscal superior, que se atrevió a cumplir con la ley y a perseguir algunos de los más grandes y poderosos delincuentes que nuestro país ha conocido. Las esperanzas de justicia de nuestro pueblo descansan sobre los hombros de un grupo de valientes fiscales, que contra viento y marea demuestran que Panamá sí puede ser una tierra de honestidad y una patria de la decencia.

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Hace 11 añosEl contralor general de la República es un funcionario con total independencia y cuya autonomía es establecida por la Constitución. Precisamente, esas condiciones le permiten estar libre de las presiones de los tiempos políticos y de las trampas de las promesas electoreras. En una reciente entrevista, el contralor se comparó con el portero estrella Jaime Penedo, describiendo su labor como la de evitar “goles” contra los bienes públicos y los impuestos de todos los panameños. Con su refrendo al proyecto de renovación urbana de Colón, en beneficio de un consorcio liderado por la Constructora Norberto Odebrecht, el contralor hizo un “autogol” que nos eliminó del campeonato de la transparencia y la integridad. A la fecha siguen sin auditarse las cintas costeras y la larga lista de obras que hicieron de la firma brasileña, el más grande contratista del Estado en toda nuestra historia. Estos proyectos debieron ser auditados de oficio, más cuando la casa matriz es investigada por lavado de dinero y corrupción política en múltiples países, excepto, sospechosamente, por las autoridades panameñas. La actitud adoptada por el Ministerio Público, que aún no le ha dado curso a una solicitud de sus pares de Brasil; y la de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que han evitado a toda costa participar de las pesquisas internacionales por blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado vinculados a esta compañía, nos han dejado a los panameños sin palabras, y por último, ahora el refrendo del contralor nos despojó de esperanzas.

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Hace 11 añosLa pandemia de la corrupción sigue amenazando a todos los gobiernos de nuestra América, sin distingos de ideologías. Con el liderazgo de medios de comunicación independientes, de una fiscalía autónoma y la colaboración efectiva de las Naciones Unidas en el combate a la impunidad, importantes figuras del gobierno del presidente de Guatemala, incluyendo al propio jefe de Estado, están bajo investigación por el escándalo de corrupción aduanera. El procurador de los Derechos Humanos afirmó que “Guatemala es un Estado fallido”. Esto debe entenderse como el final de la hora del populismo de izquierda o de derecha que tanto daño ha hecho. Las secuelas políticas y sociales están a la vista en forma de la gran pobreza y desigualdad en que vivimos en la región. La clase política -ya sea en funciones de gobierno, actuando como oposición o beneficiándose de un autoexilio en el exterior- debe entender que para el bien común y el futuro se necesita que se aplique la justicia igual para todos, como condición para enrumbar a nuestros países hacia el auténtico desarrollo humano.

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Hace 11 añosLa buena noticia económica de la caída de los precios de los hidrocarburos que ha venido ocurriendo en los últimos meses, ha significado el ahorro para los consumidores de alrededor de $47 millones al mes. Sin embargo, otros sectores sumamente sensibles a los costos de los combustibles como energía, transporte y alimentos no presentan reducciones en sus precios. El consumidor se siente desprotegido y burlado, ya que siempre se utiliza el aumento del petróleo para incrementar los precios, y la lógica sugeriría que en la actualidad muchos productos deberían ser más baratos y no lo son. Es claro que así como no existen los mercados perfectos ni la información completa, muchos factores inciden en que la economía panameña ofrezca resistencia para bajar los precios. Los supuestos remedios a esta situación suelen estar fundamentados en una mayor intervención estatal en la economía, lo que desfavorece las libertades económicas. Es justo que la comunidad empresarial del país entienda que los consumidores esperamos un mejor comportamiento de parte suya y que el ahorro no se transforme únicamente en ganancias para pocos y frustración para muchos.

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