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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosLas autoridades han reconocido que en la compra de los radares a la empresa italiana Selex se dieron irregularidades. Estos equipos fueron adquiridos sin participación ni consulta de su usuario final, o sea, el Servicio Nacional Aeronaval. La tecnología comprada no sirve para detectar y rastrear las pequeñas embarcaciones y lanchas rápidas, que son utilizadas por el narcotráfico. Los correctivos propuestos por los fabricantes implican costos adicionales para adquirir una flota de drones, que en la práctica significa que no se utilizarían los radares. Esta es apenas la punta del témpano de hielo. En esta contratación aparece una empresa intermediaria, denominada Agafia Corp., que sin ton ni son percibiría un 10% de la transacción, en concepto de “comisión”. En una relación comercial entre dos Estados no caben estos terceros. Debido a esto, Panamá enfrenta una posible lesión patrimonial de cientos de millones de dólares, que el Gobierno se esfuerza en recuperar ante los tribunales. Los exfuncionarios investigados harían bien en contar todo lo que saben para salvar al país de lo que a todas luces parece un acto de piratería.

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Hace 11 añosAlgunos pueblos originarios consideran que los ríos son las venas de la naturaleza. En cambio, para el expresidente de la República estos eran una fuente inagotable de negocios, en los cuales se confundían los fondos públicos con los beneficios privados. En la cuenca del río San Pablo hay 10 proyectos hidroeléctricos, de los cuales 8 son sospechosos de tener vinculaciones con el pasado gobernante. El círculo era perfecto: fondos provenientes de los impuestos de todos los panameños y recaudados por Cobranzas del Istmo, S.A. sirvieron para financiar la empresa que recibió las concesiones que su propio gobierno otorgó, y que a la vez la empresa estatal, cuya directiva él nombró, le construyó con nuestros impuestos una subestación para conectarlo a la red nacional. Una vez integrado al sistema recibiría jugosos subsidios e incentivos para que fuera aún más rentable. Para la mafia, el término cosa nostra, nuestra cosa, se oponía a la “Res Pública”, que significa el bien de todos. Esto es solo un ejemplo de cómo una familia se apropió del Estado. Su cosa nostra fue todo el país. Es tiempo que volvamos a ser una república.

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Hace 11 años

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Hace 11 añosRicardo Martinelli siempre lo negó: se desvinculó del negocio de las hidroeléctricas y nunca admitió haber invertido un real en ellas. Pero ahora descubrimos que no solo estaba él metido, sino también sus hijos. Y no es que ser empresario de ese sector sea algo indebido, al contrario, es completamente legítimo. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Acaso el expresidente no es empresario? Sus mentiras solo provocan sospechas. ¿Cómo obtuvo esas concesiones hidroeléctricas? ¿Por qué nombró en Etesa a gente de su entera confianza? ¿Por qué recibió dinero de empresas de contratistas del Estado? Las preguntas se acumularán en la medida en que avancen las investigaciones. ¿Responderá a todas las dudas en torno a sus iniciativas de generación eléctrica? Después de ver cómo el expresidente huyó del país, lo primero que uno imagina es que no lo hará. Y no faltará quien repita las frases de siempre: “persecución política”, “violación al debido proceso”. Ya es hora de que responda y deje de esconderse detrás de palabras huecas y gastadas.

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Hace 11 añosEl daño más grande que causa la corrupción en las instituciones públicas es el costo de las oportunidades perdidas para el desarrollo de la sociedad. Aunque parece invisible el precio que pagamos todos, el impacto es enorme, sobre todo en los sectores más vulnerables y las generaciones futuras. La calle que se dejó de construir, el aula de clases sin maestro o el centro de salud desprovisto de insumos son claros ejemplos de los efectos más perniciosos que la opacidad y la falta de integridad tienen sobre el futuro del país. A la vez que se combate a la corrupción, hay que prevenirla, y en ese esfuerzo la sociedad civil viene realizando importantes aportes desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Movimiento Independiente, este último lanzando un diálogo con los jóvenes de todos los partidos políticos para que asuman como propia la lucha contra la corrupción. Un mundo mejor solo es posible si todas las generaciones aportamos para su construcción sobre bases solidarias y de un compromiso con la integridad. Ahora que los jóvenes empiezan a participar se inicia el verdadero cambio.

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Hace 11 añosMás de 90 barcos esperan transitar a través del Canal de Panamá. Si la ampliación hubiera sido entregada en octubre de 2014, esas embarcaciones habrían cruzado la vía hace días. Esta situación representa un reto actual para la Autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, la errática política portuaria de la Asamblea Nacional amenaza directamente el futuro de los beneficios que el Canal le genera a los panameños. Los megapuertos de Mariel, en Cuba; Buenaventura, en Colombia, y la ampliación del puerto de Miami demuestran que nuestros vecinos de la región sí se están preparando para aprovechar el tercer juego de esclusas, que pagamos todos los panameños. ¿Acaso los diputados prefieren favorecer los intereses extranjeros por encima de los de Panamá? El futuro del Canal no es un asunto de politiquería y demagogia. Es irresponsable que los padres de la patria persistan en ofrecernos malas noticias sobre el Canal e insistan en darle la espalda al pueblo.

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Hace 11 añosLa soledad del exilio acongoja y oprime el alma, más si se trata de un autoexilio. El diputado en su laberinto de abogados, consultores de imagen, “expertos” en manejo de crisis, y el prolífico Twitter, tiene que entender su realidad. Sus metas financieras debieron ser satisfechas a cualquier costo, especialmente si ese precio lo pagaban los ciudadanos con sus impuestos y la nación entera le entregaba el patrimonio del Estado. Así pudo, junto con su familia, hacer los negocios con hidroeléctricas, mochilas, la mina Petaquilla, comidas deshidratadas, proyectos de riego, obras de infraestructuras, contratos del Programa de Ayuda Nacional, el cobro de impuestos y cualquier otra actividad que fuera objeto de su codicia y de su vanidad personal. Ahora debe asumir la compleja tarea de coordinar a sus asesores legales en tres países distintos: Panamá, Estados Unidos e Italia. Si alguien le propone recusar a un fiscal, porque lo miró mal, no le queda más remedio que pagar, a manos llenas, a su equipo de leguleyos de lujo. Alguno de sus juristas mercenarios le habrá recomendado pedir asilo humanitario, mientras que otros le habrán aconsejado renunciar al Parlacen, para acabar los casos en la Corte Suprema. La solución a sus problemas es simple y sencilla. Vuelva a Panamá, enfrente a los jueces y fiscales, y dele la cara al pueblo al que usted despojó y engañó. Al menos, si reconoce su culpa, le quedaría un poco de honor al decir la verdad.

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Hace 11 añosNo hay sorpresa. Se descubre otro escándalo del gobierno anterior. Cobranzas del Istmo, S.A. fue utilizada para que el expresidente, su familia y sus allegados fueran parte del lucrativo mundo de las hidroeléctricas. Aparentemente, todos los asuntos de Estado se convirtieron en oportunidades de negocios para el capo y su camarilla. Incluso, no tuvo escrúpulo alguno para inicializar a sus hijos en sus turbios negocios con el Estado. Ahora se explica la urgencia de la “ley chorizo”; por qué había que menoscabar la extinta Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio Público y la sociedad civil organizada. Si las políticas públicas se convirtieron en fuentes de ingresos, aquellos que se opusieron a estas –ya fueran políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios o indígenas– eran una barrera que debía ser neutralizada para obtener las máximas ganancias. La minería a cielo abierto, la destrucción de manglares y bosques y la especulación con los ríos del occidente de Panamá son parte del terrible legado de corrupción que nos corresponde enmendar. Primero, necesitamos que los fiscales y jueces hagan su trabajo; y luego, debemos recuperar los bienes de todos.

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Hace 11 añosExtrañas vueltas da el destino. La Ley 55 de 2012, conocida como “ley blindaje”, fue impulsada y firmada por el diputado y sus adláteres. Esta norma restringió la capacidad de investigación criminal de aquellos personajes que, valiéndose del cargo de diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, fueran sospechosos de haber cometido un ilícito. Esa misma ley estableció que el magistrado-fiscal, encargado de investigar a los diputados, debía expresar su solicitud para elevar la causa a juicio para que el magistrado juez de garantías la calificara. Es decir, no hay audiencia de imputación. Lo que se pensaba que era una llave maestra contra todos los candados se transformó en una cadena con grilletes. Ahora corresponde al magistrado juez de garantías demostrar su compromiso con la justicia para que en Panamá, finalmente, al igual que en Guatemala o Costa Rica, se pueda juzgar, “caiga quien caiga”, a los poderosos del dinero y de la política. No hay crimen perfecto y lo que se intentó obtener con el blindaje, hoy parece volverse un lastre del cual mañana se podrán arrepentir quienes lo auparon para cometer sus fechorías. Le compete a los inquilinos del palacio Gil Ponce concluir con dos tragedias simultáneamente: la inconstitucionalidad de la “ley blindaje” y la impunidad de la clase política. La Nación espera un nuevo amanecer en la justicia panameña.

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Hace 11 añosEl juez de garantías en el proceso contra Ricardo Martinelli –acusado de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública– tiene sobre sus hombros una doble tarea. Por un lado, al imputado se le deben garantizar todos sus derechos en la defensa de su caso. Las actuaciones del magistrado deben ser estrictamente apegadas al derecho y garantizar una causa limpia, transparente y sin atisbo de acciones u omisiones que pongan en duda la pulcritud del proceso. Del otro lado, el juez de garantías debe recordar que la ley es para todos y ello no excluye al hombre que fue el más poderoso del país, y que, aunque ya no lo sea, el radio de su influencia sigue siendo amplio y profundo, incluso, en la misma Corte Suprema de Justicia. Sus acciones jamás deberán estar influenciadas por ese poder del que hizo gala el exgobernante y más bien nunca debe olvidar que no son hechos cualquiera de los que se acusa al expresidente. Se trata de violaciones a los derechos humanos a decenas y decenas de personas, víctimas que merecen un resarcimiento ejemplar. Imparcialidad y justicia es lo que se espera de este juez.

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