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Los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han asignado el presupuesto al sistema de justicia panameño de una forma que pareciera no considerar la imperiosa necesidad de combatir frontalmente la corrupción. Todos los estamentos, desde el Órgano Judicial hasta la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibieron unos recortes draconianos a sus propuestas adecuadas a la realidad que vive la nación. 65% de los privados de libertad está atrapado por un sistema incapaz de cumplirles el debido proceso eficientemente. Los más ricos y poderosos criminales deben estar celebrando las exiguas condiciones en las que el aparato de justicia intenta combatirles. Si el país tiene recursos para pagar generosas adendas a megaproyectos, y patrocinar iniciativas dudosas como desfiles de Navidad o carnavales, entonces, con mayor razón, la justicia debe ser la prioridad de nuestro Estado. Si esto no lo entiende el MEF, es obvio que no están en sintonía con la aspiración fundamental de los ciudadanos.