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La decisión unánime de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de suspender provisionalmente los efectos del contrato de compra de los radares italianos, representa el primer resultado de una estrategia legal para recuperar el patrimonio de todos los panameños. Los gobernantes, en vez de defender el patrimonio nacional, estaban interesados en cobrar comisiones. En la corredera quedamos comprando cualquier equipo, sin estudios ni pliegos. Consecuencia directa de esa “desviación de poder”, que ahora se busca probar, es que en vez de tener litorales seguros y poder desplegar mayores recursos para proteger y servir a la población, nos encontramos con un despilfarro de 125 millones de dólares mientras narcotraficantes y contrabandistas se encuentran a sus anchas. Con cada robo, homicidio u otro delito, queda claro que quienes nos gobernaron solo velaron por sus intereses. Otra razón más de la inseguridad que padecemos.