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La ley de carrera judicial, que fue sancionada ayer, era una de las más grandes deudas que la democracia panameña tenía con el Estado de derecho. El 70% de los jueces está nombrado de forma interina, sin estabilidad laboral ni protecciones frente a posibles arbitrariedades de los superiores. La legislación les reconoce derechos y la posibilidad real de desarrollar su talento y su vocación sin necesidad de recurrir a padrinos o patrocinios políticos peligrosos. Una de las grandes oportunidades que genera la norma es la de la rendición de cuentas, que permitirá sacar a las manzanas podridas que corrompen el sistema y prevenir la impunidad. Los ciudadanos debemos velar para que las próximas designaciones de magistrados sean de profesionales que ennoblezcan al país con su rectitud y valentía. Esta es la forma de evitar los abusos en contra de los grupos más vulnerables y de los bienes públicos de nuestra sociedad. Nadie debe estar por encima de la ley. El sueño de una justicia íntegra y eficaz puede llegar a ser realidad en nuestro país, si todos somos aliados en la lucha contra la corrupción.