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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosLa contratación “llave en mano” se originó en el mundo anglosajón, con un ámbito aplicable esencialmente a las obras de construcción más sofisticadas y complejas. En Panamá, este género de obras civiles fue ampliamente utilizado para favorecer el clientelismo y, presuntamente, para lucrar con jugosas adendas y otros subterfugios. El resultado es que, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene más de 2 mil 500 millones de dólares en obligaciones que debe cubrir hasta 2019. Esto implica que más de la mitad del presupuesto que tendrá el MOP en 2016 será para pagar los excesos del gobierno anterior. Los baches, la reparación de aceras, los caminos de penetración y múltiples obras comunitarias deberán esperar a una mejor realidad fiscal del Estado para ser atendidas. Esta situación se replica en el resto del Gobierno. A pesar de esto, los actuales servidores públicos insisten en usar los “llave en mano” para sus iniciativas. Seguimos sin aprender que en la economía real no hay tal cosa como un almuerzo gratis, y que eludir la responsabilidad financiera hoy, para que mañana otros la asuman, es un doble robo: al presente y al porvenir.

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Hace 11 añosEn los últimos 15 años, cuatro gobiernos distintos han intentado resolver el problema del transporte público del área metropolitana, con una combinación de entidades transportistas, aportes estatales directos y subsidios de todo tipo. La propuesta divulgada ayer presenta un interesante modelo, en el que finalmente se entiende que este servicio público no puede tratarse como negocio, y que el Estado, actuando en nuestro nombre, no solo debe regentarlo, sino operarlo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Los aproximadamente 245 millones de dólares asumidos por el Estado son una buena inversión si en efecto se le devuelve la confianza y la calidad de servicio a los usuarios. Es un gran día para los panameños cuando podemos tener la esperanza de que el transporte de pasajeros dejará de ser una tragedia para convertirse en una rutina eficiente y confiable, digna de una sociedad seria y civilizada, como aspiramos ser.

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Hace 11 añosLa crisis humanitaria provocada por el conflicto armado en Siria ha conmovido a todo el planeta. Sin lugar a dudas, la llegada de refugiados sirios a Europa, bajo las peores condiciones imaginables, representa uno de los mayores desafíos para la comunidad internacional. Aunque bien intencionadas, las declaraciones del Presidente de la República sobre este asunto pueden comprometer al Estado para enfrentar responsabilidades para las que no estamos preparados ni tenemos experiencia. Vale la pena recordar a los salvadoreños de Ciudad Romero, a los cubanos hacinados en los hangares de Emperador, y a los centenares de colombianos a la espera de su reconocimiento pleno como refugiados. Esto nos dice que nuestro país carece de la logística y la infraestructura para hacer este tipo de ofrecimientos. Seamos responsables y pongamos la casa en orden con quienes ya están aquí. Panamá debe actuar consecuentemente en el vecindario latinoamericano para así evitar las crisis humanitarias del presente y del futuro, por ejemplo, la de la frontera colombo-venezolana. En este tema tenemos muchas lecciones que aprender.

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Hace 11 añosEl Ministerio de Educación (Meduca), en un intento loable por ofrecer nuevas oportunidades de formación profesional, ha decidido establecer el Instituto Técnico Superior en el área este de la ciudad capital. Hasta ahí una buena idea. Lo controvertido del proyecto es que para dotarlo de 10 hectáreas para su instalación, Tocumen, S.A. le venderá al Meduca parte de los mismos terrenos a un precio cinco veces más caro que el que le pagó a la Universidad de Panamá. ¿Es esa la mejor manera de ayudar a la educación? De seguro el Estado cuenta con propiedades en áreas vecinas disponibles a menores costos, e igualmente, Tocumen, S.A. puede encontrar actividades más lucrativas y complementarias a sus operaciones para ubicarlas en dicha zona. El uso de estas tierras -originalmente un centro universitario, luego como espacio para el crecimiento de la terminal aérea y ahora nuevamente como instalación educativa- nos da la sensación a los ciudadanos de enfrentar un péndulo que se desplaza entre la improvisación y la irresponsabilidad con los bienes públicos. En serio, ¿estamos cuidando nuestro patrimonio?

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Hace 11 añosEl Programa de Ayuda Nacional (PAN) sigue siendo el árbol de los frutos prohibidos en que se fundamentan numerosas investigaciones y casos judiciales. Por ejemplo, hoy debe empezar la audiencia penal por el negociado de las llantas adquiridas con sobreprecios para los vehículos de esa institución. A pesar de que día con día siguen las revelaciones de las trampas y fraudes cometidos por quienes administraban el PAN, el Gobierno Nacional persiste en utilizar esta estructura como un canal para compras rápidas del Estado. Todavía la ciudadanía está a la espera de la rendición de cuentas del primer año de gestiones del PAN en este nuevo gobierno y de la definición clara y concreta de la clausura de esta cueva de malandrines, quienes se aprovecharon de las supuestas emergencias inventadas y necesidades urgentes ficticias para hacer negocios reales y suculentos para sus bolsillos. La Asamblea Nacional, en su espíritu de promover la transparencia, bien puede legislar para terminar esta novela de terror, ya que es obvio que al poder Ejecutivo le interesa mantener esta entidad vigente.

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Hace 11 añosEl secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se ha visto obligado a superar con su diplomacia personal la situación provocada por la abstención de Panamá, que impidió la realización de una asamblea extraordinaria de cancilleres para tratar el diferendo fronterizo colombo-venezolano. Esto tiene como consecuencia que nuestra región dependa ahora del liderazgo individual de Argentina y Brasil, países amigos de Venezuela, y no de los foros multilaterales existentes. Para las miles de víctimas de esta crisis, el panorama sería muy distinto si nuestro país hubiese votado en forma consecuente con los principios universales de los derechos humanos. Entendiendo que estos no son negociables. Ni las mesas de diálogo ni las mediaciones internacionales pueden funcionar dentro de un entorno prejuiciado por intereses distintos a la solución pacífica de los conflictos y al bien común. Es momento de aprender que para ser mediador las partes afectadas deben solicitarlo. Los conflictos de intereses tarde o temprano pasan la factura.

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Hace 11 añosLa noticia de que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia está dilatando la admisión de la denuncia interpuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores en relación con Financial Pacific no debe sorprendernos, sino disgustarnos profundamente. Es perturbador ser testigos presenciales de la insistencia de la clase política en comportarse irracionalmente y defender a toda costa la corrupción. ¿Cuál es el sentido de esta reticencia judicial? ¿Acaso creen que ante la enorme montaña de evidencias que involucran al diputado en múltiples causas penales se puede encubrir la verdad? El aforismo procesal de que “aquello que no está en el expediente no existe en el mundo”, fue transformado por los jueces supremos panameños en “aquel expediente que no existe, deja de ser un problema político”. Esto ya no es cierto. Por favor, despierten magistrados, que los ciudadanos estamos indignados con ustedes y con la impunidad cotidiana, que su inacción nos hacepadecer.

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Hace 11 añosGuatemala es hoy un país más libre. Las instituciones políticas fueron capaces de levantar, en cuestión de días, el fuero de un presidente en funciones, de forma unánime, en un Congreso en el que votaron 132 diputados. La Corte Constitucional pudo resolver, en menos de una semana, acerca de la constitucionalidad del juicio al Presidente. Celebramos el triunfo de la ciudadanía guatemalteca, de sus medios de comunicación y sus fiscales y jueces, que demostraron una madurez y una capacidad cívica digna de ser imitada. Las lecciones del caso de Otto Pérez Molina quedan claras y son aplicables a todos los países: una ciudadanía indignada que se organiza y reclama sus derechos es esencial para el combate a la corrupción. A su vez, los órganos políticos colegiados, ya sean el poder Legislativo o el Judicial, deben entender que su principal responsabilidad es con la nación y con la historia. En ambos temas, aquí hemos sido decepcionados. Solo bastaría conque los nueve magistrados de nuestro Tribunal Supremo decidieran acabar con el blindaje de la Ley 55 de 2012, para que la primavera guatemalteca fuera también la panameña.

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Hace 11 añosEn 2008 se aprobó la ley por la cual se inició la transformación de la justicia criminal en Panamá, de un modelo arcaico y burocrático hacia un paradigma garantista y eficiente, denominado sistema penal acusatorio. El país ha tenido siete años para prepararse, provincia por provincia, a fin de implementar la nueva legislación. Sin embargo, la improvisación ha llevado a que en el caso de Chiriquí la sede de este sistema ocupe las instalaciones de la Cadena de Frío. Aunque “temporal”, esto nos indica que el proyecto de refrigeración de alimentos no tiene futuro, y el de renovación de la justicia carece de planificación y de presupuesto. En la nación de las generosas adendas y de los costosos desfiles de Navidad, el Estado debe mendigar edificios con una vocación y usarlos para otra. Así, un antiguo hospital psiquiátrico y una clínica veterinaria son la sede principal del Ministerio de Educación. Otro nosocomio, adaptado, alberga a la Corte Suprema de Justicia. La oficina principal de la Dirección de Investigación Judicial y la cárcel de Colón operan en lo que fueron lavanderías industriales. La cultura panameña rechaza la planificación y la organización apropiada de los asuntos de Estado, pero improvisando no nos gana nadie.

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Hace 11 añosLa Asamblea Nacional solo tenía que aprobar un artículo para derogar la Ley 55 de 2012, que mantiene un infame blindaje a los diputados, quienes así quedarían sometidos a las normas comunes aplicables a los ciudadanos. En su lugar, los miembros del Legislativo nos insultan con un proyecto de ley en el que todos los poderes del Estado, personalizados por quienes ejercen las más altas magistraturas del país, se convierten en una casta siniestra y temeraria de intocables. Se mantiene la prueba sumaria y la exigencia de que la misma sea “idónea”; se establecen requisitos de mayoría absoluta en los plenos, tanto en la Asamblea Nacional como en la Corte Suprema de Justicia, para aplicar simples medidas cautelares. Se extiende a los investigados en ausencia, prerrogativas que solo pueden beneficiar al diputado en su autoexilio. Mientras en Guatemala el Congreso de ese país, incluyendo a los miembros del partido de gobierno, aprobó el juzgamiento de su presidente en funciones, nuestros políticos demuestran que su cinismo y su descaro no tienen límites. Señor mandatario, para salvar nuestra democracia veteesta ley y ponga fin a la impunidad.

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