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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosLa mejor parte de las telenovelas es cuando al final los buenos triunfan, a pesar de todo el sufrimiento que hayan enfrentado. Este es el caso del mal llamado, por el expresidente Ricardo Martinelli y sus compinches, “culebrón” italiano. Esa trama de radares ineficaces, comisionistas misteriosos y un hermoso helicóptero de lujo que sería para un afortunado en el poder. La negociación que Panamá emprendió para resolver este entuerto, no fue perfecta, el Estado tuvo que aceptar importantes pérdidas, pero se evitó un mal mayor. La empresa Finmeccanica le reconoció a Panamá un crédito equivalente al monto del presunto soborno que iba a ser pagado por una contratación realizada irresponsablemente. Ese beneficio a favor del país se cristaliza en una serie de beneficios que incluyen dos nuevos helicópteros que darán servicio al país. ¡Qué diferencia con la “telenovela” brasileña! Una historia en la que hay delincuentes confesos, pero el Gobierno no ha manifestado el interés de recuperar lo robado ni los perjuicios causados. Este drama llamado impunidad no solo lo conocemos bien, sino que lo sufrimos desde hace décadas. De esos guiones no queremos más en este país.

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Hace 10 añosEl Movimiento Independiente (Movin) ha decidido emplazar al Tribunal Electoral para que divulgue, públicamente, todas las donaciones electorales efectuadas por la empresa constructora Norberto Odebrecht, y su filial panameña, Constructora Internacional del Sur, S.A. La razón es muy obvia, los altos ejecutivos de la empresa brasileña confesaron públicamente que pagaron sobornos a funcionarios panameños y a sus allegados para obtener lucrativos contratos. La reacción complaciente de las autoridades nacionales y de los distintos partidos políticos, alimenta la sospecha de que una parte importante de nuestra actividad partidista fue también influenciada con los dineros de los aportes de la empresa brasileña. Aunque la legislación obliga al silencio cómplice del Tribunal Electoral sobre este tema, las convenciones internacionales en materia anticorrupción y de delito transnacional que Panamá ha suscrito, permiten romper esa confidencialidad cuando hay corrupción comprobada, y como es bien sabido, en este caso una confesión. El Tribunal Electoral debe sanear nuestras campañas políticas, divulgando la verdad de las donaciones de Odebrecht.

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Hace 10 años¿Cuál es el costo de la votación de anoche, en la que se eligió como magistrado del Tribunal Electoral a una persona tan cuestionable? El espectáculo de la votación nominal, en la que los diputados del Partido Panameñista y Cambio Democrático volvieron a unir sus fuerzas, luego de meses de distanciamiento, para formar una nueva mayoría que podría definir los destinos de la Asamblea Nacional a partir de ahora, es preocupante. La institucionalidad y la independencia del máximo órgano electoral, garante de los procesos electorales en la era posdictadura, están en riesgo para satisfacer los apetitos voraces de una camarilla política que vive a espaldas del país. Hoy los panameños nos preguntamos a cambio de qué, dos fuerzas que hasta ahora parecían irreconciliables lograron elegir de común acuerdo al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. El desenlace del pacto Faustiano únicamente puede significar que el futuro de los panameños ha sido hipotecado por un compromiso inexplicable e injustificable, que corresponderá a los electores saldar en 2019.

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Hace 10 añosEsta es una semana crucial para dos medios nacionales, en la cual se puede definir el futuro de uno de los diarios más antiguos del continente. La Estrella de Panamá y El Siglo están en medio de posiciones encontradas entre el Gobierno de Estados Unidos y su accionista mayoritario, quien ha sido incluido por el Departamento de Estado en la lista Clinton. Lamentablemente, las principales víctimas de este conflicto son: la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a la pluralidad de información, al intercambio de ideas y los cientos de trabajadores que laboran en dichos medios. Este 5 de enero, a la media noche, vence la licencia dada por Estados Unidos para que empresas y ciudadanos de ese país puedan tener relación comercial con los diarios. Por otro lado, el dueño de La Estrella de Panamá y El Siglo se mantiene con su control accionario. Estas posiciones, diametralmente opuestas, no permiten anticipar una salida positiva que logre la supervivencia de estos medios de comunicación. Las libertades ciudadanas y el derecho al trabajo son prioridades que no deben dejarse en segundo plano. Llegó el momento de ser creativos y no permitir que nada calle las voces de La Estrella de Panamá y El Siglo.

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Hace 10 añosDesde su creación en 1997, la Defensoría del Pueblo ha ido perdiendo credibilidad con cada nuevo defensor que ha sido escogido en el pleno de la Asamblea Nacional. Mientras todo tipo de arbitrariedades se han cometido en contra de la población panameña, sobre todo los más vulnerables, la Defensoría del Pueblo ha sido casi invisible. Los poderes del Estado tienen que comprender que la Defensoría del Pueblo es más que una oficina para complacer a los organismos internacionales, es y debe ser la plataforma para que la sociedad panameña pueda buscar de forma pacífica la solución de sus conflictos y el mejoramiento de su calidad de vida. La actual Defensoría se enfrenta a la coyuntura de transcender la escasez de recursos y superar la falta de personal para convertirse en un protagonista de la transformación del Estado panameño. No es solo un tema de presupuesto, sino quizás el de recuperar la legitimidad de la Defensoría como bastión de las voces ciudadanas. Los panameños necesitamos un defensor comprometido con todas las causas, no importa lo controversial o lo impopular que sea. Ese es el verdadero reto a enfrentar.

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Hace 10 añosPanamá merece un mejor horizonte político para dejar de ser considerada como una tierra de oportunismo, opacidad y de una justicia que aún no encuentra su balanza. La sociedad requiere de un sistema de justicia independiente, robusto y comprometido con los valores de una democracia en la cual es intolerable la impunidad. Por su parte, los diputados deben recuperar la confianza y la legitimidad ante la ciudadanía. Es inaceptable la desidia que se demostró hacia importantes iniciativas y propuestas legislativas, como la de la ley de contrataciones públicas, las reformas electorales y el marco jurídico de la salud sexual y reproductiva. El intercambio de votos por prebendas y la extorsión legislativa a los otros poderes del Estado es una vergüenza que debe ser repudiada. Los diputados existen para representarnos y su deber es defender los mejores intereses de la patria. Panamá necesita que, de una vez por todas, nuestra administración pública dé pasos firmes en el combate a la corrupción y que enfrente de forma contundente los desafíos de la Caja de Seguro Social, y del sistema educativo, instituciones esenciales para nuestra Nación. Señor presidente, tome nota.

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Hace 10 añosEl año 2016 se perfilaba glorioso para Panamá. La inauguración del tercer juego de esclusas del Canal y la salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) proyectaban importantes logros económicos e institucionales para el país. Se suponía que la agenda pública sería dominada por los procesos al expresidente Ricardo Martinelli, las reformas electorales y la actualización de los planteamientos educativos y sanitarios sobre la salud sexual y reproductiva de los estudiantes. Aunque esos temas fueron insumo de importantes debates nacionales, dos asuntos convocaron la mayor atención política y provocaron un fuerte cuestionamiento de la imagen panameña en el exterior. El caso de la firma de abogados Mossack Fonseca puso de relieve el incumplimiento de las obligaciones internacionales que nuestro país había adquirido y que simplemente no eran acatadas. A su vez, la divulgación de una parte de la tenebrosa historia de los sobornos pagados por la empresa Norberto Odebrecht a funcionarios panameños y sus allegados confirmó el sinsentido de la clase política y la fragilidad de nuestro sistema de justicia. Estos dos grandes escándalos son, en el fondo, uno solo, facetas de la opacidad de la política y la debilidad del Estado de derecho. El año 2017 debe, necesariamente, conducir a una nación más fuerte por su honestidad e integridad, y por el combate sin cuartel contra la corrupción. Esa es la ruta para dejar de ser protagonistas de escándalos internacionales y convertirnos en un ejemplo mundial.

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Hace 10 añosEl Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha desnaturalizado la misión fundamental de su existencia. En vez de procurar comida barata, resultado de una mayor eficiencia y mejoramiento de la logística del productor nacional, se ha convertido en un importador y revendedor más. Esta situación se complica con el espectáculo del clientelismo e injerencia política en las decisiones de ubicación y distribución de las ferias. No es de sorprenderse que una diputada de la República utilice en su favor los recursos humanos y los productos que promueve el IMA. Para adquirir alimentos baratos, el pueblo tiene que participar de un festín populista. Es hora de reformar el IMA y gestionarlo con un patronato para mantenerlo libre de la influencia de los que pretenden negociar con las importaciones, al igual que se le debe mantener lejos de las manos de diputados y otros que buscan de manera burda recoger los favores electorales de una población necesitada. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos empezar el rescate del IMA, castigando a aquellos políticos que abusan de la pobreza ajena como un medio para promoverse.

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Hace 10 añosEl Ministerio Público conformó una “superfiscalía” para investigar el caso Odebrecht y todas sus aristas. El despacho está integrado por cuatro de las fiscales superiores anticorrupción y seis fiscales adicionales que, junto con personal auxiliar, realizarán las investigaciones de este megacaso criminal. Esta iniciativa llega muy tarde y no le da confianza a la opinión pública, ya que por más de año y medio el Ministerio Público ha conocido de las denuncias contra la constructora brasileña y no realizó ninguna acción significativa en dicha investigación. Además, la falta de cooperación de Panamá con Brasil en esta misma causa supera el año, lo que ha retrasado importantes acciones judiciales en el país sudamericano. Estos hechos combinados llevan a la conclusión de que la Procuraduría General de la Nación no tiene la independencia para llevar adelante esta importante tarea de forma imparcial, ya que las pesquisas podrían conducir a personas ligadas no solo al gobierno pasado, sino también a la actual administración. Panamá necesita una fiscalía independiente que enfrente este monstruo. No podemos más con la complicidad y el conflicto de intereses.

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Hace 10 añosHace 75 años Japón atacó Estados Unidos por el dominio del Pacífico. Esta conflagración fue clave para la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto definió el sistema internacional hasta nuestros días. Ni el presidente Barack Obama ni el primer ministro Shinzo Abe habían nacido cuando sus pueblos estaban en conflicto. A pesar de esto, sus gobiernos han tenido que superar muchos prejuicios y hostilidades para poder reconciliarse plenamente. En mayo de este año, Obama fue el primer mandatario de Estados Unidos en visitar Hiroshima, ciudad donde por primera vez se usó el arma atómica. Abe no es el primer mandatario japonés en visitar Pearl Harbor, pero sí el primero en dirigirse al monumento sobre el hundido USS Arizona. Las víctimas y los sufrimientos mutuos no pueden ser olvidados, y deberán incorporarse en los libros de historia de ambas naciones para que de esta forma las generaciones futuras no cometan los mismos errores, ni caigan en las trampas que llevan a la violencia entre los pueblos. Ahora las heridas pueden terminar de cicatrizar. Finalmente ha terminado la Segunda Guerra Mundial.

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