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Desde su creación en 1997, la Defensoría del Pueblo ha ido perdiendo credibilidad con cada nuevo defensor que ha sido escogido en el pleno de la Asamblea Nacional. Mientras todo tipo de arbitrariedades se han cometido en contra de la población panameña, sobre todo los más vulnerables, la Defensoría del Pueblo ha sido casi invisible. Los poderes del Estado tienen que comprender que la Defensoría del Pueblo es más que una oficina para complacer a los organismos internacionales, es y debe ser la plataforma para que la sociedad panameña pueda buscar de forma pacífica la solución de sus conflictos y el mejoramiento de su calidad de vida. La actual Defensoría se enfrenta a la coyuntura de transcender la escasez de recursos y superar la falta de personal para convertirse en un protagonista de la transformación del Estado panameño. No es solo un tema de presupuesto, sino quizás el de recuperar la legitimidad de la Defensoría como bastión de las voces ciudadanas. Los panameños necesitamos un defensor comprometido con todas las causas, no importa lo controversial o lo impopular que sea. Ese es el verdadero reto a enfrentar.