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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 10 añosLa realidad de la desigualdad en materia de salud en América Latina ha alcanzado niveles escandalosos. De los 580 millones de habitantes que tiene la región, 125 millones no tienen acceso a servicios de salud de calidad. Unas 700 mil personas mueren cada año por la falta de medicamentos. La horrible injusticia del costo de un tratamiento puede llegar a los extremos de mil dólares diarios para la hepatitis C, o hasta 100 mil dólares anuales para ciertos tipos de cáncer. Esta situación es una violación flagrante a los derechos humanos de todos. Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática para deliberar sobre este problema que no tiene soluciones fáciles, pero que requiere del trabajo arduo y la cooperación de amplios sectores de la sociedad para que el derecho a la vida y el derecho a la salud sean reales en el hemisferio. El ejemplo del tema de los medicamentos demuestra la importancia que tiene para la vida cotidiana latinoamericana la gran labor que desarrolla la CIDH, y justifica con creces el respaldo que se le debe otorgar a este cuerpo colegiado. Los derechos humanos son esenciales para la democracia, y la CIDH los fortalece con sus acciones.

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Hace 10 añosLa infraestructura vial del área metropolitana tiene un importante rezago frente a la realidad urbanística de las principales ciudades del país. El operativo antitranque del día de ayer fue un ensayo que debe corregirse. Cada conductor puede contribuir a mejorar esto si aplica el sentido común y la cortesía. A la vez, se deben preparar las medidas que a largo plazo resuelvan este terrible problema. No es aceptable que cruzar el puente de las Américas durante las noches tome dos horas o que el recorrido de un metrobús, que viene de la 24 de Diciembre hacia el centro de la ciudad, requiera cinco horas para completarse. Es urgente replantear los esquemas de construcción, sobre todo de las nuevas urbanizaciones y condominios que deben contar con calles amplias, múltiples accesos y abundantes estacionamientos. Con aproximadamente 1 millón 200 mil vehículos, cada vez es más difícil desplazarse y trasladarse de forma eficiente. Ha llegado el momento de regular la cantidad de automóviles particulares que deben circular en nuestro país. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados.

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Hace 10 añosActualmente, 178 países son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A pesar de esto, las legislaciones, los fiscales y jueces de una gran cantidad de naciones son incapaces de actuar frente a la gran corrupción que los más importantes círculos de poder practican. Un estimado conservador sugiere que la corrupción gubernamental se apropia de 80 veces más fondos en el mundo que lo necesario para erradicar el hambre en el planeta. Frente a este gravísimo problema, el juez estadounidense Mark Wolf promueve la iniciativa de establecer una corte internacional anticorrupción que conocería de todos estos casos de forma complementaria, solo cuando los propios países no fueran capaces de enjuiciar a lo más poderosos. Esta corte serviría como un mecanismo de prevención, ya que los cleptócratas más codiciosos y maquiavélicos lo pensarían antes de desafiar a la comunidad internacional. Para este modelo, la impunidad producida por las instituciones y funcionarios criollos sería irrelevante ante sus pares mundiales. A grandes males como la corrupción, se necesitan soluciones extraordinarias como un tribunal internacional que persiga este flagelo sin piedad alguna.

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Hace 10 añosLos hallazgos de la Operación Lava Jato que involucran a Panamá serán comunicados oficialmente a las autoridades en unos seis meses, cuando terminen las investigaciones derivadas de la cooperación de los ejecutivos de Odebrecht. Sin ninguna vergüenza, nuestras autoridades y los políticos han tratado de mantener bajo llave las actividades ilegales de esta empresa en Panamá, tal como ya se ha probado sin asomo de duda. Sociedades panameñas, cuentas en ciertos bancos panameños y funcionarios panameños que con sus omisiones, se han convertido en parte del problema, son parte de esta triste historia latinoamericana. ¿Por qué esperar a lo inevitable? Es tiempo de cortar por lo sano y permitir que se realice la pesquisa más completa posible en Panamá, identificando a los corruptos y señalando las complicidades de un sistema jurídico y financiero que necesita una reforma profunda. El país no se merece otro sobresalto, producto de un escándalo que a todas luces nos ha perjudicado. De lo contrario la sospecha se hará más profunda y las obras que haga esta empresa en Panamá tendrán ese aroma de podredumbre que perdurará hasta que todo se aclare en los tribunales de justicia. Los tiempos han cambiado, estamos en la era de la transparencia, muy a pesar de lo que quieran hacer y decir los que se comportan como parásitos del Estado. Pretender ocultar la verdad solo enlodará a quienes se interpongan.

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Hace 10 añosLos políticos insisten en sus viejas y gastadas prácticas de querer imponer, cuando su papel en una democracia es el de consensuar, consultar, llegar a acuerdos. Lo que han hecho los concejales del distrito capital, de buscar la manera de aumentar las contribuciones –en este caso de los impuestos de construcción– sin consultar con nadie es, desde todo punto de vista, cuestionable. Quizás la ley los faculte para hacer lo que han hecho, pero también deben aprender que ellos representan a sus votantes, a todos los que están en sus respectivos circuitos de votación. No pueden alegremente cambiar las reglas de un día para otro, ignorando ex profeso las consecuencias, justamente, para quienes votaron por ellos. Razón tiene el gremio patronal de la construcción en cuestionar y en hacer ver todo lo que pasará por una decisión inconsulta. Toca recordarle a los concejales que vivir en democracia conlleva responsabilidades para los políticos, porque su elección no es una carta abierta para hacer o deshacer. Los ciudadanos no solo somos a quienes ellos meten la mano en el bolsillo. Ahora exigimos cuentas y explicaciones, y lo más importante: tenemos el derecho inalienable de ser parte de las decisiones. La patria boba ya desapareció.

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Hace 10 añosEn América Latina, los fiscales anticorrupción y los jueces que conocen estas causas tienen que enfrentar durísimas condiciones de trabajo y amenazas ciertas y directas a sus vidas, su patrimonio y su carrera profesional. Los hechos recientes, que incluyen la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina y el asesinato de jueces en México, y la intimidación de los fiscales y jueces del caso Lava Jato por parte de los políticos brasileños, son lamentablemente la norma y no la excepción. Estos servidores públicos son la última línea de defensa del Estado de derecho y la democracia en nuestra región. Paga más servir a un corrupto como defensor, que luchar por cinco años como fiscal persiguiendo a los delincuentes que carcomen a las sociedades latinoamericanas. Todos podemos hacer mucho más para respaldar a jueces y fiscales, empezando por las propias autoridades presupuestarias que pueden mejorar salarios y proveer los recursos necesarios para igualar las cargas en la lucha contra la corrupción. Esta es la definición fundamental de nuestras naciones: ser transparentes o ser cómplices de la corrupción. No hay medias tintas.

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Hace 10 añosUn familiar del presidente de la República es mencionado en un supuesto escándalo de corrupción. Una acusación ha sido presentada en su contra y el Ministerio Público deberá iniciar una investigación. Pero lo cierto es que este señor es funcionario, trabaja para la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la misma que se ha negado a responder un cuestionario a este medio sobre sus nuevas funciones en la entidad. Es así como el director de la AMP, en vez de aclarar todo, ha arrojado más dudas sobre la integridad de este servidor público. Sus lazos familiares con el gobernante hacen imperativo las explicaciones o, de lo contrario, las suspicacias alcanzarán inevitablemente al inquilino del palacio presidencial. El silencio gubernamental, a través de sus funcionarios, y en este caso del director de la AMP, irónicamente coincide con la celebración en Panamá de la XVII Conferencia Internacional Anticorrupción, lo cual deja muy mal parado al gobierno, pues dice una cosa y practica exactamente lo contrario. El gobierno debe recordar que la transparencia en la gestión pública no puede seguir siendo un simple enunciado. Si pretende que creamos en su discurso, no bastan solo palabras. Hace falta adoptar un verdadero compromiso y dar el ejemplo.

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Hace 10 añosEl desafío de la transparencia es una barrera que Panamá debe superar para convertirse en un país serio con una economía competitiva. Las propuestas de reformas legislativas que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) desarrolla para fortalecer la declaración jurada de bienes, así como la normativa de conflictos de intereses, y los mecanismos de control que hagan viables estos instrumentos legales, son un importante avance. La opacidad es la mejor aliada de la impunidad. Al procurar más claridad y divulgación de la información de aquellas personas clave para la función del Estado, se hace más fácil fiscalizarlos y verificar el estado de su patrimonio. La experiencia reciente confirma que el enriquecimiento injustificado es el principal síntoma de que los políticos y servidores públicos se aprovecharon de los bienes de todos, y le robaron el futuro al país. La iniciativa de Antai debe recibir el respaldo de la ciudadanía y un debate honesto en la Asamblea Nacional. Panamá se merece nuevas leyes para acabar con los viejos vicios.

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Hace 10 añosLas enfermedades crónicas no transmisibles son el flagelo responsable de la mitad de las defunciones en Panamá. La diabetes, la hipertensión y la obesidad castigan sin piedad a la población, en particular la más pobre, ya que los estilos de vida saludables conformados por una dieta sana, actividad física adecuada, y acceso a servicios de salud de calidad, no son comunes para la mayoría de nuestra población. En Panamá, 61.5% de las personas mayores de 18 años son obesas. Esto no es un resultado casual, sino el producto acumulado de décadas de malos hábitos alimenticios, la carencia de áreas verdes y aceras seguras donde la población pueda ejercitarse, y de la elevada ingesta de alcohol que, sumada al consumo de tabaco, complican las opciones de vida a los panameños. La creación de una canasta básica alimentaria saludable que junto con programas que combatan el sedentarismo y el diagnóstico temprano, para proveer de tratamientos efectivos contra la diabetes y la hipertensión, son apenas las soluciones más obvias que el Estado puede emprender. Esto es más rentable y humano que seguir construyendo hospitales sin equipo ni personal suficiente.

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Hace 10 añosLos incidentes derivados del huracán Otto son una advertencia de lo que tendrá que enfrentar el país, desde ahora hasta marzo del próximo año, cuando se espera que las corrientes frías del Pacífico oriental, fenómeno conocido como La Niña, hagan su visita. En materia de agricultura, según la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, se exacerbarán las lluvias y los frentes fríos golpearán la cría de animales de pastoreo y aves de corral, así como cosechas indispensables en la dieta del panameño y las exportaciones agropecuarias como café, tomate y hortalizas.

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