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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosJuan Díaz tiene más de 100 mil habitantes, que se enfrentan cotidianamente a los efectos perniciosos de las malas prácticas urbanísticas. La topografía de esta zona es susceptible a inundaciones y deslaves, riesgo que aumenta por la destrucción de los manglares que delimitan este corregimiento. Frente a este panorama, sería muy razonable esperar que las autoridades municipales y nacionales —sobre todo las ambientales y urbanísticas— tuvieran mucho cuidado al considerar proyectos que impactan a esta comunidad. Como lo reconoce de forma tardía el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema, la amenaza ambiental es grande y hay que prevenirla. Esto no se corrige con paliativos o con la entrega de electrodomésticos y colchones después de una catástrofe previsible. Si los científicos y el sentido común dicen que no se puede construir como se solía hacer, es momento de cambiar. El tiempo de las excusas y la irresponsabilidad acabó.

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Hace 9 añosEl segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ya tiene en sus estrados la apelación contra la terrible decisión de la jueza Lania Batista, que rechazó declarar como complejo el caso Odebrecht. Esta es la causa por gran corrupción más importante de la historia de Panamá, hasta el momento, y como tal debe ser considerada. Es absurdo pensar que un caso en el que hay que realizar traducciones de documentos extranjeros y se tienen que incorporar pruebas de múltiples países, y que además cuenta con más de 60 implicados, sea despachado como uno más del montón. El Segundo Tribunal ya ha resuelto apelaciones de procesos casi tan complejos como el de Odebrecht. Este es el caso de la investigación llamada New Business en la cual se decidió aplicar la Ley 121 de 2013. Los jueces y magistrados deben enviar señales claras sobre la transparencia y la integridad con la que debe gestionarse el Estado de derecho. Confiamos en que los magistrados del Segundo Tribunal harán lo correcto para devolverle la tranquilidad a la Nación, y quitarle el velo de impunidad que históricamente ha tenido la corrupción en Panamá.

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Hace 9 añosEn los meses transcurridos desde su introducción a la legislación panameña, las delaciones premiadas han demostrado ser eficaces en la batalla contra la corrupción. Gracias a estas, se han conocido detalles del complejo entramado que creó Odebrecht para asaltar las arcas panameñas; se ha recuperado dinero y bienes; y se avanza en investigaciones encaminadas a alcanzar a delincuentes de mayor perfil. Para incentivarlas, la ley contempla cambios de medidas cautelares y rebajas de pena; no obstante, la decisión de acogerse a estos acuerdos sigue siendo difícil. El delator debe devolver el dinero mal habido y aceptar sus culpas, con lo que se convierte en delincuente confeso; además, carga con la amenaza que pesa sobre quien viola la omertá. Sin embargo, el mayor desincentivo a las delaciones no lo plantean las consecuencias directas de estas, sino la impunidad que en ocasiones parece arropar a los que apuestan por el silencio y la artimaña jurídica. De allí la importancia de que, tanto la justicia como la sociedad, marque una diferencia a favor de quien hace el mea culpa.

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Hace 9 añosMás de mil 400 panameños, la mayoría entre los 15 y 24 años de edad, se infectan anualmente con el VIH. No solo hay una generación que ya le perdió el miedo al sida y realiza prácticas irresponsables con su salud sexual, sino que además, las autoridades de salud y la sociedad civil carecen de los recursos necesarios para cumplir con el objetivo de prevenir esta enfermedad. Aunque el costo de las terapias se abarata, sigue siendo una situación dura y traumática para cada panameño que se contagia. La gran meta mundial de disminuir en 75% las nuevas infecciones para el año 2020 es poco realista, dado el contexto actual. Nuestro país está arrastrado por los prejuicios y la doble moral, que ponen fuera del alcance de la población las herramientas preventivas de la educación sexual. Ese es el eslabón que falta para salvarle la vida a miles de jóvenes. El “analfabetismo sexual” nos está matando.

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Hace 9 añosLa batalla contra la corrupción en Panamá no tiene precedentes. Sin embargo, estamos inmersos en un mar de dudas, incertidumbre y desconfianza. Algunos no creen en las buenas intenciones ni en la honestidad de nadie; otros quisieran ser optimistas, pero temen que las investigaciones no lleguen a nada; y los hay convencidos de que la justicia es selectiva, que persigue a los del pasado gobierno, mientras protege a los de este. El presidente Juan Carlos Varela debe ser el más interesado en cambiar esta percepción, pero poco ha hecho para lograrlo. Presuntamente, millones de dólares llegaron a su partido, y aunque no hayan sido enviados a Andorra, provienen de la fundación de un cabildero que recibió fondos de la caja oscura de un contratista corrupto y convicto. Pretender que el país pase la página o le dé el beneficio de la duda sin recibir una explicación coherente del presidente no solo es un acto de ingenuidad, sino un gran irrespeto.

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Hace 9 añosEn los últimos 20 años se han cerrado 65 escuelas en la provincia de Los Santos. Tan solo en Macaracas, 6 escuelas han dejado de existir en los últimos 3 años. Aunque la situación santeña es la más grave, en Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé también se repite el fenómeno, que es consecuencia de la migración y la falta de empleos, entre otros factores. El Ministerio de Educación debe tener la rapidez para detectar estas tendencias y así evitar que se desperdicien recursos y, a la vez, se le nieguen oportunidades de estudio a las poblaciones más vulnerables del país. Esa tendencia demográfica también demuestra la gran inequidad económica y social que existe, y que impide que los panameños tengamos las mismas oportunidades. El próximo año lectivo será difícil por la posible oleada de estudiantes de colegios particulares hacia los públicos, y por el desplazamiento poblacional hacia la periferia del área metropolitana. Lo que sucede en las aulas es solo el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Cuando cierra una escuela, muere una comunidad.

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Hace 9 añosEn el año 2002, una propuesta de reforma electoral buscaba prohibir que empresas contratistas del Estado pudieran hacer donaciones a las campañas políticas. Los legisladores de aquella época rechazaron tal reforma, y el precio que hemos pagado como sociedad por ese error ha sido muy alto. La constructora brasileña Norberto Odebrecht encontró cada fisura del edificio democrático y las utilizó a su favor. Lo que no pudo comprar con coimas, comisiones o recompensas, lo adquirió influyendo sobre los partidos políticos, los gremios profesionales, múltiples comunicadores sociales, algunas organizaciones no gubernamentales y hasta la Iglesia católica. Ha quedado expuesta la vulnerabilidad de las instituciones ante el dinero, sin importar su fuente. Esto es cierto para los carteles de la droga, los contratistas del Estado y los que buscan concesiones sobre nuestros recursos naturales. El gobierno actual mantiene una deuda en materia de contrataciones públicas y conflictos de interés. No es un accidente que países que sí cuentan con normas consistentes con los principios de un gobierno íntegro no sucumbieran al embrujo de Odebrecht. Semejante escándalo no puede ni debe repetirse.

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Hace 9 añosEn Brasil, a los delatores les ha dado por mentir, por inventar cuentos chinos; en Panamá, los que llegan a acuerdos de pena con la justicia son otros mentirosos que no encuentran nada que hacer, salvo manchar honorables reputaciones de exministros y otras figuras acusadas de recibir millones en coimas; el Ministerio Público solo sirve para perseguir, acusando de delitos comparables al pandillerismo, a la gente más inocente que ha nacido en el país; y nosotros, la sociedad, que sufrimos el robo a manos llenas más desenfrenado de la historia, somos unos tontos por creer tanta patraña. Eso es lo que esperan todos ellos que creamos, porque su palabra basta y sobra. Pero, señores acusados, empiecen a probar que son tan austeros como lo eran antes de entrar al gobierno. Así se prueba su inocencia.

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Hace 9 añosUna encuesta reciente reveló que en América Latina el 44% de las personas no pueden cubrir todos sus gastos mensuales. En Panamá, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la inflación acumulada de la última década supera el 38%, y el salario promedio de un trabajador formal alcanza los 681 dólares al mes. El valor del dinero con el tiempo ha disminuido brutalmente, mientras que servicios públicos fundamentales como la salud y la educación se han deteriorado, obligando a que amplios sectores de la población deban recurrir a las opciones privadas para cubrir sus necesidades. La ineficiencia del gasto público, la inseguridad ciudadana, los monopolios empresariales y la poca capacitación laboral disponible le restan productividad al capital humano panameño, quitándole poder adquisitivo a todas las familias. El entretenimiento y la oferta cultural se encuentran fuera del alcance de más segmentos de la población. Trabajamos mucho más, pero disfrutamos cada vez menos de calidad de vida con nuestros seres queridos. Ese es el dilema central que la política del Estado debería atender.

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Hace 9 añosUn amigo cercano de Panamá en la lucha contra la corrupción, el peruano José Ugaz, nos ha recordado que solo Brasil, Perú, Guatemala y Panamá han progresado en la persecución de los delitos cometidos por los altos ejecutivos de la empresa Odebrecht. Lo avanzado por Brasil ha sido el resultado de cuatro años de trabajo arduo e incansable, y que según Ugaz Panamá ha empezado a lograr importantes avances en solo un año. Aquí se evidencia que la falta de voluntad política está en otra parte. Las investigaciones avanzan en el Ministerio Público, “pero se atrasan en el Órgano Judicial”. La lucha contra la corrupción y la persecución de esos delitos no deben ser entendidos como las tareas de un solo gobierno, sino una labor permanente del Estado. Es entonces la opción de la sociedad panameña decidir si quiere acabar con la corrupción de raíz, o, como piden algunos, darle vuelta a la página con una falsa reconciliación fundamentada en la impunidad. Una vez más, debemos recordar el alto precio que pagamos por la injusticia.

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