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En el año 2002, una propuesta de reforma electoral buscaba prohibir que empresas contratistas del Estado pudieran hacer donaciones a las campañas políticas. Los legisladores de aquella época rechazaron tal reforma, y el precio que hemos pagado como sociedad por ese error ha sido muy alto. La constructora brasileña Norberto Odebrecht encontró cada fisura del edificio democrático y las utilizó a su favor. Lo que no pudo comprar con coimas, comisiones o recompensas, lo adquirió influyendo sobre los partidos políticos, los gremios profesionales, múltiples comunicadores sociales, algunas organizaciones no gubernamentales y hasta la Iglesia católica. Ha quedado expuesta la vulnerabilidad de las instituciones ante el dinero, sin importar su fuente. Esto es cierto para los carteles de la droga, los contratistas del Estado y los que buscan concesiones sobre nuestros recursos naturales. El gobierno actual mantiene una deuda en materia de contrataciones públicas y conflictos de interés. No es un accidente que países que sí cuentan con normas consistentes con los principios de un gobierno íntegro no sucumbieran al embrujo de Odebrecht. Semejante escándalo no puede ni debe repetirse.