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TEMA: Hoy por Hoy

Hace 8 añosLa deuda que han adquirido los últimos dos gobiernos –incluyendo el actual– no tiene precedente en la historia del país. Lo peor de todo es que los panameños no tenemos muy claro cuánto se debe, pues no existe una deuda consolidada, sino una arquitectura que permite adquirir deuda sin que aparezca en los números consolidados. Un caso emblemático de esta situación es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que ha buscado en el mercado deuda por nada menos que $1,400 millones, la última, por un monto de $225 millones. Es una danza de miles de millones de dólares, como si no hubiese que pagarla. Todo en nombre de un progreso que en muy poco o nada beneficia a las grandes mayorías del país, que siguen viviendo en la marginalidad. Recordemos que Panamá está entre los países de mayor crecimiento del continente, pero sigue siendo una de las economías peor distribuidas del mundo. Es decir, la riqueza del país está en manos de pocos. Y nada parece detener ese afán de gastar a manos llenas. Desgraciadamente, el día que se detenga esta tendencia no será por voluntad propia, sino cuando ya no podamos pagar ni los intereses.

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Hace 8 añosEl progreso en Panamá está plagado de errores, muchos de ellos graves, por falta de visión, pericia y experiencia en el campo ecológico. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente (Miambiente), es un ejemplo de debilidad institucional, no solo por falta de personal idóneo y de recursos, sino también por carencia de voluntad, emanada de actitudes permisivas, tráfico de influencias y amiguismo. Todos somos testigos de cómo prosperan proyectos –que con algunas honrosas excepciones– jamás debieron aprobarse, por carecer de estudios de impacto ambiental serios, consultados e imparciales. Aun así, se ha dado paso a estos errores escandalosamente visibles. A los ciudadanos no les queda más remedio que acudir a una Corte Suprema, cuya última prioridad es la justicia. Y las pruebas sobran: fallos tardíos que si hubieran salido a tiempo, los daños se habrían prevenido, pero sus decisiones son tardías y los daños, insubsanables.

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Hace 8 añosLa sociedad contemporánea descansa sobre el uso intensivo de datos personales, información privada o pública, que puede ser utilizada sin el conocimiento de los ciudadanos, independientemente de la exactitud o precisión de la misma. Los datos personales son fundamentales para la formulación de estrategias de mercadeo y campañas electorales, incluso para fines ilícitos como la extorsión o el secuestro virtual. Frente a los desafíos de la gestión responsable de estos datos, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular esta materia. Después de un año de consultas, la Comisión de Gobierno de la Asamblea ha devuelto el proyecto a su proponente, por falta de recursos para implementarlo. Ahora es el turno del presidente de la República, de ejercer liderazgo en promover esta iniciativa. En un mundo digital en que somos tratados como números, merecemos el respeto de nuestros derechos.

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Hace 8 añosSi la Organización de Naciones Unidas (ONU) hiciera listas negras para incluir a los países que tienen legislaciones arcaicas y desprotegidos los derechos de la población infantil y adolescente, entonces Panamá seguramente estaría en ella y con pocas posibilidades de salir en corto tiempo. Resulta que las políticas nacionales en esta materia presentan deficiencias que tienen un arrastre de décadas. Una muestra de ese descuido gubernamental es el hecho de que Panamá es uno de los 10 países del mundo donde los niños y adolescentes corren mayor riesgo de violencia física, incluida la que se practica en forma de castigo en el ámbito familiar, sin contar otros ambientes en los que es bien visto –y hasta legal– este tipo de conductas contra menores. De hecho, en Panamá, el 30% de esta población recibe castigos físicos. Ayer, la Relatoría del Comité de los Derechos del Niño de la ONU le recordó a Panamá su falta de visión y de políticas en este tema. También cuestionó los toques de queda que se imponen a la circulación de menores, principalmente en horas de la noche. La crítica fue tremenda: “¿Es Panamá un Estado de derecho?”. Está claro que estamos frente a deficiencias inaceptables. El núcleo familiar ha dejado de ser importante para los gobiernos. Y luego nos preguntamos por qué Panamá retrocede en vez de avanzar.

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Hace 8 añosLas investigaciones sobre lo que ocurría en la casa de valores Financial Pacific están plagadas de irregularidades, misterios y absurdos. Es muy difícil seguirle la pista a este circo judicial, que entre posposiciones y tácticas dilatorias se acerca a un punto de inflexión preocupante. Ahora se sabe que parte de los expedientes originales fueron extraídos del juzgado que debía custodiarlos, quién sabe con qué propósito. El simple accidente de un motorizado ha revelado el alcance de la podredumbre y la complicidad de la justicia. Si un caso de tan alto perfil como Financial Pacific se maneja con esta ligereza, es impensable lo que puede estar ocurriendo con expedientes que no reciben tanta atención. Una vez más queda en evidencia que la Corte Suprema necesita un viraje. No se puede esperar que del árbol podrido aparezcan frutos sanos. El resultado de lo ocurrido en esta ocasión será el cambio de juez, la reposición del expediente y una auditoría de lo actuado. Es decir, meses de atraso, más cuestionamientos, nuevas dudas y, en medio de ello, una sola certeza: Financial Pacific seguirá siendo una cicatriz en la conciencia del Órgano Judicial.

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Hace 8 añosAyer se aprobó en primer debate, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, una reforma al Código Procesal Penal que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Este es un primer paso que envía el mensaje correcto. Los juristas del país y los diputados de la Asamblea Nacional conocen perfectamente las otras lagunas legales que deben ser cerradas para combatir la impunidad de la gran corrupción. Por sí sola, la imprescriptibilidad no podrá conseguir este propósito si no se dota a fiscales y jueces de los recursos y herramientas jurídicas para cumplir sus respectivas tareas. Además, es imperativo que las delaciones premiadas y los acuerdos de pena no sean recompensas para los tramposos y los influyentes. Es claro que mientras exista opacidad en las contrataciones públicas, desde pliegos amañados, hasta la discrecionalidad de los funcionarios, la corrupción será un mal latente. Ojalá que el proyecto de ley 514 no se convierta en letra muerta, ante un Ministerio Público rebasado por las circunstancias, y un Órgano Judicial rehén de agendas distintas a la justicia.

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Hace 8 añosAyer la lucha contra la corrupción ganó una batalla. El Ministerio Público expuso nombres y cifras relacionados con la investigación conocida como Blue Apple, en referencia a una de varias sociedades utilizadas por altos cargos públicos para cobrar coimas a contratistas del Estado, a cambio de la aprobación o agilización de pagos. Las revelaciones salpicaron a dos ministros ya imputados por casos de corrupción, pusieron en evidencia a siete empresas y alertaron sobre la posible complicidad de la Unidad de Análisis Financiero. En contraste, dejaron bien parados a tres bancos de la plaza que en su momento hicieron las denuncias correspondientes. Adicionalmente, la procuradora Kenia Porcell anunció que propondrá una ley para quitar el velo de reserva a los delitos contra la administración pública. Es de esperar que la iniciativa, que traería transparencia a las investigaciones, fomentaría la colaboración por parte de los ciudadanos y garantizaría la sanción social a los corruptos, reciba un apoyo decidido de los partidos. Es una oportunidad servida para que los políticos le hablen al país con hechos, frente a una contienda electoral en la que el discurso valdrá de poco o nada.

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Hace 8 añosLa educación recibida en planteles privados supone un enorme sacrificio económico para esos padres que quieren que sus hijos tengan un futuro garantizado. Es un renglón importante, que quita horas de descanso, ahorros, tiempo familiar y muchas cosas más. Pocos incentivos estatales reciben estas familias, pese a que su sacrificio prueba que buscan nuevos y mejores horizontes para sus hijos. En contraste, la beca universal es un incentivo que reciben aquellos, incluso, que no lo merecen. La beca sirve para comprar celulares, para canjear por enseres del hogar, sirve para todo, y pocas veces para sus fines objetivos. Este beneficio, lejos de hacer bien, estimula el juega vivo. Es hasta repulsivo ver que estudiantes reclamen la beca con un boletín cargado de fracasos. ¿Cuál es el mensaje que envía el Estado con programas de subsidios sin más justificación que el clientelismo electoral? ¿Hay algún estudio serio que demuestre que esta beca es un incentivo a la educación? ¿Por qué no incentivar a aquellos que realmente necesitan ese dinero? Panamá exige más y buenos profesionales. Basta del juega vivo de esos que ni estudian ni dejan que otros lo hagan.

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Hace 8 añosCon la parsimonia y desdén que le caracteriza cuando debe considerar asuntos de vital importancia, la Asamblea Nacional evalúa el proyecto de ley 584, que aumentaría las sanciones a los perpetradores de abusos sexuales a menores de edad, y establecería mecanismos de acompañamiento a las víctimas y mayores controles de los victimarios. La agresión sexual contra los infantes, niños y adolescentes es uno de los peores crímenes que existe. Sin embargo, no se considera que las víctimas quedan marcadas por el resto de sus vidas, al igual que sus familias, que se deben enfrentar en soledad a las huellas y consecuencias de los ultrajes. Nuestra sociedad esconde mucho del abuso sexual que se comete. A la enorme impunidad que se le concede por vergüenza o impotencia de los afectados o por la limitada capacidad de investigación de las autoridades, se suma la falta de herramientas preventivas y terapéuticas para atender esta situación. “No más violadores libres”, es una consigna que debe ser escuchada y respaldada por todos los diputados. No puede haber silencio ni politiquería ante un tema tan serio y urgente.

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