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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLas declaraciones de un testigo en España en el caso Odebrecht ponen en perspectiva tres nuevos aspectos en la investigación de este caso en Panamá. Lo primero es el supuesto pago de coimas de un socio de Odebrecht en la construcción del Metro de Panamá, la compañía española FCC; lo segundo es la implicación de un alto funcionario a estas coimas: el director del Metro y también ministro del Canal de Panamá; y tercero, la mención de un ministro de Salud vinculado a una empresa española, asunto este que hay que aclarar. Sin embargo, el Ministerio Público tiene serios problemas para concluir esta investigación, ya que el expediente está en el Órgano Judicial, a la espera de que se resuelva la adecuación de los tiempos de investigación que conlleva un caso complejo como este. Está en manos del Segundo Tribunal Superior que los panameños conozcamos los hechos delictivos a fondo y de primera mano. Si el fallo es para evitar que la investigación prosiga su curso, no solo será una injusticia, sino que el mayor caso de corrupción de la historia reciente de Panamá quedará en la más desvergonzada impunidad.

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Hace 9 añosAunque los debe estar buscando la Interpol y su paradero es desconocido, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares han podido postularse para cargos dentro de la junta directiva del partido Cambio Democrático. Las elecciones internas de ese colectivo del próximo 21 de enero ampararían a estos hermanos hasta el mes de febrero de 2018 y a pesar de que el Tribunal Electoral ya ha levantado este tipo de fueros en el pasado, existe un sinsabor en la ciudadanía, que es testigo de cómo se manipulan instituciones jurídicas tan importantes como el fuero electoral, con el propósito de evitar la acción de la justicia de forma reiterada. La nación entera debe preguntarse: ¿por qué es tan permisivo nuestro régimen electoral? Es inexplicable que personas que no están en el país y son requeridas por la justicia puedan candidatizarse para cargos de elección en un partido político que es subsidiado con nuestros impuestos. Este tipo de patraña es lo que auspicia una Asamblea Nacional conformada por mercaderes de la política. Que sea el repudio de la sociedad lo que haga la diferencia.

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Hace 9 añosLos gobiernos al gestionar a las empresas estatales han tenido el hábito de administrarlas con una visión de corto plazo. Un ejemplo muy claro de esto es la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). Debido al arrastre de falta de mantenimiento y el nivel inadecuado de inversiones, Etesa se ha abocado a unas 19 contrataciones directas por más de 63 millones de dólares, para subsanar serios problemas de mantenimiento que ocasionaron el macro apagón de julio pasado. Ahora se empiezan a hacer inversiones que debieron estar listas en diciembre de 2013. El caso de Etesa se repite en la Caja de Seguro Social, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Meduca y el Idaan. Son los ejemplos más evidentes de la desidia que gobierno tras gobierno somete a la administración pública a una improvisación constante. Para los políticos no es atractivo darle mantenimiento a las obras de sus predecesores, ya que ellos prefieren inaugurar las propias, descuidando de forma imperdonable lo que es de todos.

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Hace 9 añosHace un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo judicial con Odebrecht, en el que esta se declaró culpable de pagar sobornos en África y América, incluyendo $59 millones en Panamá. La coima reconocida subió a casi $90 millones y, aunque el caso está estancado en una apelación para romper el nudo gordiano impuesto por la jueza Lania Batista, las asistencias judiciales y las investigaciones periodísticas continúan. Hoy sabemos que el partido gobernante recibió millones de Odebrecht, pero el proceso para averiguar más se encuentra paralizado en un tribunal. Por otro lado, las tácticas dilatorias de los defensores impiden el avance del proceso y a ello se suma la complicidad de jueces y magistrados que con sus fallos –muchos basados en meros formalismos– echan tierra a casos emblemáticos de corrupción. Lo peor es que, pese a lo que conocemos, nada se hace para cambiar las cosas. La Ley de Contrataciones Públicas sigue intacta, y ello permite que compañías corruptoras sigan participando en licitaciones. Ya veremos cuán profundo están enquistadas cuando se destape el mayor escándalo de corrupción local, el Lava Jato panameño.

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Hace 9 añosHoy se inician las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional con el propósito de ratificar a las dos juristas designadas por el Órgano Ejecutivo como nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En una democracia es indispensable el balance del poder y el ejercicio de pesos y contrapesos entre los órganos del Estado. En ese escenario, los diputados examinarían e interrogarían minuciosamente a las candidatas, dándoles la oportunidad de sustentar su trayectoria profesional. Sin embargo, los partidos están dando un espectáculo deplorable al rechazar de plano a las candidatas sin escucharlas ni evaluarlas. ¿Dónde estaba esa supuesta indignación cuando se designó a José Ayú Prado como magistrado? Casi estos mismos diputados ratificaron a Harry Díaz, hermano del ministro de Salud en aquel momento, y a Luis Ramón Fábrega, hermano de la viceministra de la Presidencia. Y qué decir de Alejandro Moncada Luna y José Abel Almengor, ambos allegados al Ejecutivo. Si el asunto no fuera tan serio, sería una comedia bufa. En realidad, es un drama que revela el rostro de un país sin instituciones, víctima de las codicias personales.

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Hace 9 añosEl acuerdo de colaboración eficaz de Rafael Guardia Jaén levantó el rechazo de la ciudadanía, porque implicó la devolución de bienes sospechosos de haber sido adquiridos con fondos públicos. El propio beneficiario del acuerdo ha accedido a entregar este patrimonio al Estado, para acallar la controversia y aprovechar esta oportunidad favorable. Sin embargo, los fiscales aceptaron eliminar 15 procesos penales distintos que tenían en contra de Guardia Jaén, a cambio de su participación como testigo contra los demás partícipes de esos delitos, e incluso el Ministerio Público se compromete a no investigar ningún otro posible delito derivado de su gestión en el Programa de Ayuda Nacional. Esta generosidad abruma y enciende todas las alarmas sobre el tema. Mientras en Brasil o en Estados Unidos las penas se reducen de acuerdo con la colaboración efectiva, en Panamá la disminución de pena antecede a la cooperación. ¿Será que el Ministerio Público tiene todas las causas investigadas y delimitadas para hacer este ofrecimiento? El ejemplo del acuerdo de Guardia Jaén demuestra lo que todavía nos queda por aprender para hacer justicia en casos complejos.

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Hace 9 añosCon las ratificaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak como magistradas de la Corte Suprema de Justicia, se podría desenmascarar a alguna de las bancadas o facciones del legislativo. El partido gobernante cuenta con 19 diputados, por lo que requerirá de 17 más —sean de Cambio Democrático o del PRD—, para tener los votos necesarios para ratificar a las candidatas del Ejecutivo. Lo que debería ser un ejercicio cívico de cuestionamiento y deliberación parlamentaria sobre la trayectoria, filosofía e ideología de las juristas, tiene —en cambio— todos los elementos para convertirse en un torneo para negociar fidelidades. Todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional son responsables por mantener este proceso fuera del clientelismo, y del tira y jala entre los diputados. La justicia, sobre todo si se trata de nuestra Corte Suprema, no puede ser negociada. Ese vicio explica el marasmo de impunidad que tiene la corrupción en nuestro país. Esta es la oportunidad que tienen los diputados para votar con sus conciencias. Otra agenda sería traición a la patria.

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Hace 9 añosLos funcionarios de 22 municipios y 176 juntas comunales parecen hijos de un dios menor, ya que las entidades para las que trabajan no han pagado sus respectivas cuotas a la Caja de Seguro Social. Este oprobio ocurre a pesar del desfile de centenares de millones de dólares que reciben los municipios del país producto de la descentralización. Por si esto no fuera suficiente, cada una de las corporaciones municipales involucradas está violando la ley y, por tanto, se está cometiendo un delito. Es intolerable que una entidad del Gobierno nacional o local deje en la total indefensión a sus funcionarios, quienes no podrán recibir su cheque de jubilación o acudir en busca de asistencia médica, por la irresponsabilidad de sus superiores. Esta clase de barbaridades terminará cuando los ineptos causantes de este abuso paguen con cárcel su incumplimiento de la ley. Las autoridades están constituidas para cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas que rigen a nuestra nación. Si no son capaces de dar el ejemplo de obedecerlas al pie de la letra, entonces que lo den cuando sean sancionadas como responsables de su incumplimiento.

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Hace 9 añosEl Órgano Ejecutivo nominó ayer para magistradas de la Corte Suprema de Justicia a dos valientes mujeres de trayectoria intachable. Ana Lucrecia Tovar es una jurista conocedora de las nuevas tendencias mercantiles y regulatorias del sector financiero, dos áreas en las que el máximo tribunal de justicia debe enviarle una clara señal al sistema judicial panameño. Zuleyka Moore es una combativa y dedicada fiscal, que ha demostrado con creces su coraje e integridad en la lucha en contra de la gran corrupción presente en nuestro país. Con sus designaciones, la sociedad espera que se logre rescatar la administración de justicia de las manos que la tienen secuestrada. La ciudadanía exigía que las vacantes en la Corte Suprema fueran cubiertas por verdaderos operadores jurídicos y no por abogados que representan intereses corruptos. Por otro lado, las investigaciones de alto perfil deben continuar en el Ministerio Público, con igual o mayor ímpetu, debido a que este proceso ha sido institucionalizado y allá quedan todavía valientes e íntegros fiscales. Panamá ganaría con estas designaciones. Ahora la Asamblea tiene la última palabra.

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Hace 9 añosEl acuerdo de pena y colaboración eficaz firmado por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción con la defensa de Rafael Guardia Jaén –y posteriormente validado por el juez Leslie Loaiza- es de una generosidad indignante. El Ministerio Público ha asegurado, palabras más palabras menos, que en lo que respecta a la liberación de bienes millonarios tal complacencia es cortesía del Órgano Judicial, pues fue Loaiza quien, al momento de validar el acuerdo, levantó el decomiso. Además, ha procedido a apelar tal decisión. El recurso ha servido para suspender la liberación de bienes, mas no para calmar el desasosiego ciudadano. En todo el proceso ha faltado transparencia; para colmo, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el abogado de la defensa han ofrecido versiones distintas del alcance del acuerdo. Así las cosas, y dado lo que está en juego, lo único que vale y pesa es la información factual, pura y dura. Hagan públicos los acuerdos. Y que sea la ciudadanía la que juzgue.

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