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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa justicia de paz es uno de los cambios propuestos por el Pacto de Estado por la Justicia. Era la promesa de una nueva forma de resolver los conflictos vecinales y armonizar la convivencia comunitaria. Hasta el momento, su implementación ha sido una pesadilla. De 181 jueces de paz que deberían estar en funcionamiento en el Primer Distrito Judicial, solo hay 23 en la actualidad. Es decir, que las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, junto a tres comarcas indígenas, se encuentran en su gran mayoría sin corregidores ni jueces de paz, operando la justicia administrativa con jueces interinos. Salvo el Municipio de Panamá, los demás no han cumplido con las designaciones alegando supuesta falta de fondos, mientras los millones de la descentralización todavía siguen sin utilizarse completamente. En realidad, no existe la voluntad política para cambiar la forma de gestionar las desavenencias y controversias más elementales de esta sociedad. Aquí los municipios han copiado al pie de la letra el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, que se ha negado a implementar la carrera judicial, porque le quitaría poder. Ese es el mismo criterio que motiva a los municipios.

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Hace 9 añosEl fiscal general electoral, que tanta desilusión y desesperanza provocó con su comportamiento en materia de justicia electoral en las elecciones de 2014, tiene en sus manos hacer cumplir la ley electoral. Por ejemplo, desde octubre del año pasado su despacho conoce de los supuestos actos de campaña que involucran al alcalde capitalino y al ministro de Vivienda en Chiriquí, y hasta la fecha no ha remitido este expediente al Tribunal Electoral. Este funcionario tiene que ejercer la vigilancia sobre la cortadera de cintas, la repartidera de colchones y jamones, y el comportamiento clientelista de todos los posibles aspirantes a cargos de elección popular. El éxito de las reformas electorales depende de la transparencia y eficacia con que, de forma imparcial, se apliquen los controles establecidos. Las instituciones democráticas dependen de las reglas y de las personas que las hacen respetar.

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Hace 9 añosEn su opinión consultiva del 24 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos efectuó un pronunciamiento muy significativo sobre la discriminación de las personas Lgbti y acerca del matrimonio igualitario. Queda claro que el reconocimiento de la unión consensual entre dos personas adultas del mismo sexo como un matrimonio es un derecho humano que debe ser respetado. La Corte Interamericana ha establecido una obligación para que países como Panamá adapten su legislación y sus instituciones a esta nueva realidad. Ha llegado el momento de que los prejuicios, la intolerancia y la discriminación sean cosas del pasado en las instituciones públicas que reconocían un solo modelo de familia. Esta no es una reivindicación meramente económica, sino un reconocimiento del derecho a la dignidad que tiene la existencia de cada persona. Ahora la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y las entidades del gobierno central tienen la tarea de identificar e implementar los cambios que se deben realizar. Esa es la esencia de un Estado de derecho que protege a sus ciudadanos.

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Hace 9 añosDesde su fundación el 27 de febrero de 1852, la ciudad de Colón ha sido protagonista de incendios e inundaciones. Las catástrofes más recientes de esta población que está a nivel del mar se han intensificado por el fenómeno del cambio climático y la destrucción insensata de manglares y arrecifes que protegían de forma natural a esta comunidad. Lo que está aconteciendo no debe ser una sorpresa, ya que desde 1985 el científico panameño Stanley Heckadon lo está advirtiendo en sus publicaciones. Pero lejos de tomar nota, la ausencia de planificación urbana y la desidia gubernamental han aumentado la vulnerabilidad de Colón. El cambio climático es una realidad que nuestros políticos y empresarios quieren ignorar arriesgando la viabilidad de todas las comunidades costeras del istmo. Si persiste la destrucción de los manglares y la falta de planificación, la tragedia de Colón se repetirá en otras áreas del territorio. El Estado tiene el deber de rescatar a Colón y de emprender otro modelo de gestión de las costas panameñas que no implique más tragedia para las futuras generaciones.

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Hace 9 añosAscanio Arosemena, Gonzalo Antonio Crance Robles, Teófilo de la Torre Espinoza, Jacinto Palacios Cobos, Alberto Oriol Jr., Ezequiel González Meneses, Vicente Bonilla C., Jorge Enrique Gill, Alberto Nicolás Constance, Víctor M. Iglesias, Rodolfo Benítez Sánchez, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rogelio Lara, José Del Cid, Ricardo Murgas, Rosa Landecho, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Estanislao Orobio, Maritza Alabarca (infante), Renato Lara, Celestino Villarreta. Son los nombres de los 21 panameños que dieron sus vidas del 9 al 12 de enero de 1964. Su sacrificio y el de los 500 heridos fue por un Estado soberano, por un gobierno que representara los intereses de todos, y por una sociedad justa. Nadie es dueño del 9 de enero. La impunidad y la corrupción son las más graves amenazas a nuestra soberanía y a nuestra democracia. En su nombre y en el de todos los mártires víctimas de la gran corrupción de este país, no podemos callar.

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Hace 9 añosCuando Odebrecht admitió que pagó coimas por 59 millones de dólares en Panamá, mintió. El exmandamás de la empresa en el país André Rabello no ha sido explícito en revelar sus operaciones ilegales en Panamá; más bien ha sido reticente a cooperar para llegar al fondo de lo que su empresa provocó en Panamá: el mayor escándalo de corrupción de la historia. La petición de Odebrecht para que se le permita participar en actos públicos de ahora en adelante –porque alega haber cumplido su parte del trato– es tan cínico como los que hoy niegan haber recibido las coimas. No solo no ha cooperado plenamente ni devuelto todo, sino que su participación fue activa en la corrupción, sin contar el costoso daño que ha causado a la sociedad, que vio en sus actos una forma fácil de obtener dinero. Si bien la decisión del juez, avalada por el Ministerio Público, de permitirle volver a licitar provoca escozor, lo del Ejecutivo y el Legislativo es imperdonable. Su falta de iniciativa para blindar la ley de Contrataciones Públicas contra el pillaje –de Odebrecht y de otras constructoras panameñas que saldrán a la luz pública en otro caso de corrupción– tristemente nos confirma que los políticos pueden tolerar y convivir cómoda y alegremente con la corrupción. Somos víctimas de una clase política que actúa con los mismos fines y principios que una pandilla; que solo aspira a salir con los bolsillos llenos, como lo hicieron los coimeados. Si el resto de la sociedad tiene que convivir con estos ejemplos, ¿qué podemos esperar? Terminaremos copiando el modelo y convertiremos este país en santuario de corruptos y corruptores.

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Hace 9 añosPanamá es un país con instituciones frágiles y —por tanto— es víctima constante de los abusos de poder de casi todas las facciones políticas. El concepto de las vedas electorales está destinado a reducir el costo de las campañas y a tratar de equilibrar las acciones propagandísticas o promocionales de los aspirantes a cargos de elección popular. Mucho antes de que se secara la tinta de las más recientes reformas al Código Electoral, ya había aspirantes con vallas en las carreteras y otro tipo de publicidad. El Tribunal Electoral debe caminar con sumo cuidado la ruta del control de las expresiones políticas para no ser percibido como sesgado a favor de un sector o como censor de la libertad de expresión. Quizá en la arista más importante en la que las autoridades electorales puedan demostrar su imparcialidad es en el ejercicio vigoroso de las regulaciones de aquellas actuaciones —como inauguraciones de obras públicas o distribución de ayuda financiada por el Estado— en las que el partido oficialista tiene una manifiesta ventaja. Solo así se demostrará que la ley es igual para todos.

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Hace 9 añosAquello que no se mide no puede ser atendido como corresponde. Este principio de las políticas públicas nunca ha sido más cierto que en el tema de la discapacidad. Desde el año 2006 no se realiza en Panamá una encuesta nacional que determine el número de personas afectadas por las distintas discapacidades y que registre todos los parámetros necesarios para responder a sus necesidades. En la única encuesta hecha hasta la fecha se identificó a más de 370 mil personas con algún tipo de discapacidad. La Secretaría Nacional de Discapacidad afirma que el costo de $2.5 millones para efectuar esta encuesta excede lo que la entidad puede asumir y, por lo tanto, la tarea le quedará al próximo gobierno. Por la falta del dinero equivalente a lo que nos cuesta un Carnaval capitalino o un desfile de Navidad, Panamá se queda sin atender como corresponde a uno de los segmentos más vulnerables de la población. ¿Acaso no son equivocadas las prioridades de nuestros gobernantes?

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Hace 9 añosUna vez más los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejan a la sociedad panameña con el sabor amargo de la impunidad. Este es el sexto caso en el que el expresidente de la República Ricardo Martinelli no será investigado. Bajo el argumento de que no existe prueba idónea han decidido que no se pueden admitir las pesquisas relacionadas con el pago de sobornos en la contratación del sistema SAP en el que, dicho sea de paso, ya un alto ejecutivo de una multinacional se declaró culpable de soborno en Estados Unidos y además involucró al expresidente. Este galimatías jurídico es de autoría del magistrado Oydén Ortega, que expresa en su fallo, con gran cinismo, que esa decisión no hace tránsito a cosa juzgada. ¿Acaso la Corte no tuvo más de 18 meses para reunir los elementos necesarios para cumplir con los requisitos legales que imponen la existencia de la prueba idónea? Cuando el poder judicial quiere aupar la impunidad, no hay prueba que valga. Ahora se entiende por qué tantos políticos quieren mantener el statu quo en la Corte. Esa es su garantía de que nada les pasará.

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Hace 9 añosLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite fallos finales, definitivos y de obligatorio cumplimiento que todos los ciudadanos debemos acatar. La Asamblea Nacional aprueba leyes que la Corte Suprema de Justicia debe hacer cumplir. Estos dos principios jurídicos contrastan con el comportamiento real de un Órgano Legislativo que ha caído en desacato, una vez más, de un fallo de la CSJ que le ordena entregar la información sobre el uso de fondos públicos, nuestros impuestos, y que los diputados se han negado vehementemente a divulgar. En el país real en que vivimos, las leyes son para los tontos y los fallos de la Corte solo son acatados por los débiles. Nosotros, el pueblo, debemos exigirles a los diputados que cumplan con la ley y que entreguen la información del uso de los fondos que nos pertenecen a todos los panameños. Mientras las cúpulas de los partidos políticos se concentran en la búsqueda de mayores cuotas de poder, la legalidad y la transparencia son los rehenes de esos apetitos voraces. Esa es la verdad que no nos quieren revelar.

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