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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 8 añosUno de los aspectos más importantes de la función de gobernar es llevar adelante las relaciones exteriores del país. Los viajes presidenciales son esenciales para mantener una cordial relación con la comunidad internacional y a la vez impulsar la agenda nacional en el extranjero. Sin embargo, luego de, al menos, 63 viajes oficiales, el presidente Juan Carlos Varela ha mantenido la tendencia de sus antecesores, de limitar la información pública de los objetivos de las travesías, la conformación de la delegación oficial, las reuniones concertadas y hasta cómo se desplazó: si usó el avión presidencial, un vuelo comercial o una nave prestada o alquilada. Pareciera que los viajes presidenciales, más que cumplir con las tareas del Estado, fueran un ejercicio de pompa diplomática, que resta a los asuntos públicos del país el más valioso de los recursos de los líderes: el tiempo. Por mucho que se trate de gobernar a distancia, la ausencia física del mandatario distrae la atención a diversas prioridades nacionales. La situación se agrava, ya que los tres gobiernos más recientes se han caracterizado por tener como ministro de Relaciones Exteriores al vicepresidente de turno, dejando al país al garete con la ausencia simultánea de las cabezas del poder Ejecutivo. Frente a esto, los ciudadanos tienen derecho a saber dónde están y qué hacen sus gobernantes, y a exigir la rendición de cuentas por el uso de sus recursos.

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Hace 8 añosLos proyectos “llave en mano” son un mecanismo de ingeniería financiera para contratar ahora obras que le corresponderá a la próxima administración pagar. De esta forma se sustraen del cálculo oficial de deuda pública, y en teoría se desarrollan obras necesarias para el país. El actual gobierno dejará como herencia, al menos, 4 mil 442 millones de dólares en obras comprometidas por el mecanismo de “llave en mano”. Aunque esto le inyectará dinamismo a la economía durante el próximo gobierno, también le resta capacidad de inversión y de respuesta frente a problemáticas críticas como la Caja de Seguro Social. Este es un dilema de las políticas públicas que requiere de más transparencia y de mucha más rendición de cuentas, por obras abandonadas en medio de la selva, o por infraestructuras con sobrecostos exagerados. Debe existir un debate serio sobre las limitaciones a este tipo de mecanismos para que ningún gobierno contrate de forma excesiva proyectos que hipotequen el futuro de las finanzas públicas. En materia de presupuesto, bien vale el viejo refrán que reza que hay que arroparse hasta donde alcance la manta.

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Hace 8 añosEl sector agropecuario, espina dorsal de la seguridad alimentaria del país, se encuentra arrinconado. La crisis de coyuntura tiene muchos cabos sueltos que giran en torno a promesas incumplidas y a la gestión de gobierno que ha llevado al agro panameño a una condición crítica. Los silos de arroz están llenos del grano importado, lo que no le da espacio a la producción nacional. A la vez, los laboratorios especializados que se necesitan para hacer los análisis para poder exportar carne no están aún en funcionamiento. Este es otro capítulo de la misma saga que en gobiernos anteriores tenía como protagonista la cebolla holandesa, y actualmente al arroz de Guyana. No hay transparencia en la institucionalidad agropecuaria, y las acciones de gobierno castigan y desalientan a la producción nacional. El agro no debe ser objeto de subsidios que solo mantienen una situación precaria, sino de inversiones estratégicas y la estabilidad de políticas públicas que faciliten la rentabilidad y la competitividad que le han sido negadas a este gigante en potencia de la economía panameña. No todo puede ser logística y turismo, ya que alguien tiene que producir lo que comemos. El sector agropecuario necesita respeto y hombres y mujeres que cumplan su palabra.

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Hace 8 añosLa firma del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ha levantado vientos de xenofobia y ha generado debates anclados en la ignorancia y el prejuicio. Aunque no es vinculante, este pacto busca enfrentar el problema de la migración de forma integral. Y quizás este sea el mejor momento para que el mundo reconozca que el verdadero problema no son los migrantes, sino los Estados fallidos, con gobiernos corruptos o sociedades hiperviolentas que son la causa de la migración masiva de sus ciudadanos. Si no se atienden las verdaderas raíces de este fenómeno, los países se verán desbordados por migrantes y refugiados más allá de sus capacidades. Es el caso de Panamá, porque nuestro país –al igual que gran parte de la región– ha tenido una política exterior complaciente con dictaduras y gobiernos corruptos que han provocado olas de migrantes que huyen a países como el nuestro en busca de un futuro mejor. No culpemos a los que tratan de recuperar sus vidas en sociedades más tolerantes, sino a los que causan el terror y le roban los sueños a sus conciudadanos. Son ellos el problema que nadie parece querer resolver, ya sea en Siria, en Venezuela o en Nicaragua.

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Hace 8 añosLa desnutrición infantil, sobre todo en la franja de edad de 0 a 5 años, es una de las peores herencias que podemos dejar como país. Los perjuicios causados son en gran medida irreparables para el desarrollo físico e intelectual, y por ende para la calidad de vida individual y familiar de los afectados. Según un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Panamá es el cuarto peor país de la región en cuanto al porcentaje de infantes desnutridos. La FAO fundamenta su análisis en los datos panameños de 2008, que indicaban que el 19.1% de los infantes estaba desnutrido. Algunos estudios posteriores han indicado una baja al 15.9% en 2013, y un alza al 17.7% en 2014. El simple hecho de que no existan cifras actualizadas de la realidad nacional en esta materia, demuestra la poca importancia que se le ha dado al tema y, por supuesto, la insuficiencia de la respuesta gubernamental al problema. Es imperdonable que el país con el ingreso per cápita más alto de la región demuestre este alto grado de desnutrición infantil. Esto nos convierte en unos grandes perdedores.

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Hace 8 añosLa participación de los hermanos Martinelli Linares en la trama de Odebrecht plantea interrogantes, pero quizás la más importante es si el padre estaba al tanto de lo que hacían los hijos. Uno de los delatores, nada menos que el jefe de la filial de la firma en Panamá, dijo que los vástagos se ofrecieron a agilizar los pagos pendientes de las obras que adelantaba la empresa en el país, empantanados en la burocracia. Para poder hacer esto, se necesitaba entrada completa al Gobierno, incluyendo la Contraloría. Hacer lobby para lograr pagos por decenas de millones de dólares supone intervenir en niveles privilegiados, que muy pocos tienen. Cabe preguntarse si estas gestiones estaban al margen del conocimiento del entonces presidente. Para saber la respuesta habría que investigar más, interrogar a los protagonistas. Al margen, hay evidencias testimoniales, según las cuales Ricardo Martinelli negoció la contratación de los asesores de la campaña de CD en 2014, con millones de dólares que aportaría Odebrecht. ¿De dónde sacaría la empresa ese dinero? Las evidencias también apuntan a obras públicas. Urge una investigación de todo esto.

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Hace 8 añosEn el sistema penal acusatorio (SPA) hay 16 jueces designados para el Tribunal de Juicio del Primer Distrito Judicial, en el cual se ventilará ahora la causa que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos de violación al derecho de la intimidad, inviolabilidad del secreto y peculado de uso y de malversación. De estos 16 profesionales –algunos con muy poca experiencia y otros que dependen directamente de la voluntad de los magistrados de la Corte que los nombraron interinamente– 3 deberán llevar esta etapa procesal; es decir, juzgar y encontrar culpable o no, por primera vez en la historia nacional, a un expresidente de la República. La experiencia de los últimos 18 meses ha demostrado de sobra el nivel de dificultad que representa llevar un proceso judicial en contra de una persona con tantos recursos económicos y caudal político. Las presiones que ahora deberán enfrentar los jueces del SPA solo añadirán otro elemento a la ya compleja situación, pues su independencia es fuertemente cuestionada por la sociedad civil. Corresponde a la ciudadanía observar muy de cerca cada una de sus actuaciones para garantizar que, al menos, ellos sí se atrevan a hacer lo que siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia no fueron capaces de lograr. Lo contrario sería una derrota más para la justicia, el Estado de derecho y para un país que no merece tanta corrupción.

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Hace 8 añosLa Corte Suprema de Justicia está secuestrada por intereses creados, que nada tienen que ver con la correcta administración de las controversias y los litigios en Panamá. Ayer, por ejemplo, un pleno dominado por magistrados suplentes demostró lo dispuestos que están los máximos árbitros del país a someter, de rodillas, la lógica jurídica y la institucionalidad. La necia insistencia en cometer un disparate jurídico, como es la declinatoria de la competencia, y la aún más absurda declaración de nulidad de lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía, revela las pérfidas intenciones que se esconden entre las togas del Palacio Gil Ponce. Todo el país es rehén de la inseguridad jurídica, en manos de magistrados que están dispuestos a dejar el honor, la integridad y la razón por motivos desconocidos, pero que generan una repugnante suspicacia. De tener éxito su confabulación, la historia se encargará de ponerlos en el lugar que les corresponde. Hoy, el país amanece intranquilo porque ya sabemos que tenemos una Corte Suprema ilegítima y cobarde. Bien podrían hacerle un favor a su verdadero patrón, la nación, y poner a disposición sus cargos, ya que hacer justicia es una tarea que, evidentemente, les es ajena.

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Hace 8 añosEn lo que debería ser una reunión ordinaria de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para decidir las cuestiones que son de su conocimiento, los panameños tendremos una vitrina para que veamos cómo se resuelven los conflictos de poder en el “centro del mundo, corazón del universo”. Con la ausencia de cinco magistrados principales, el pleno de la Corte Suprema examinará los argumentos a favor y en contra de la declinatoria del caso de Ricardo Martinelli. ¿Se concretará la advertencia que meses atrás le hizo el presidente interino de la Corte a la procuradora general? La declinatoria no solo es un acto antijurídico, sino que es una declaración de cobardía y un reconocimiento de que en Panamá no puede haber justicia. Es una ficción pensar que un tribunal inferior podrá asumir, en buena lid, la abrumadora carga de las decenas de abogados de la defensa, que lo ahogarán con recursos, mientras el procesado hace sus múltiples campañas electorales. Si no se ha resuelto el caso, de ganar una diputación el 5 de mayo de 2019, el 1 de julio volverá a la Corte. ¿Es ese el futuro incierto que merece la justicia panameña? El pleno de la Corte lo decidirá hoy.

Hoy por hoy

Hace 8 añosLa actual Corte Suprema de Justicia pasará a la historia por sus aciertos y sus errores, sus escándalos y la enorme frustración que le ha causado a la sociedad panameña. La truncada carrera judicial es una deuda dolorosa para el Estado de derecho. ¿Y qué decir de la colección de fallos a favor de la impunidad? Basta recordar la decisión del caso de Finmeccanica, que anuló buena parte de esa investigación. Ahora, el pleno de la Corte se enfrenta al amparo que declinaría la competencia del caso de Ricardo Martinelli. Solo cuatro magistrados principales están dando la cara en estas deliberaciones, lo que hará que cinco suplentes determinen el futuro de los pinchazos. Esta gran decisión puede enviarle el mensaje equivocado a toda la organización judicial, desde los jueces municipales hasta los tribunales superiores. En la justicia panameña , los magistrados de la Corte Suprema evaden sus responsabilidades, y permiten que los panameños perdamos las esperanzas y la fe en las instituciones. Es el momento de romper con la cobardía y recuperar el norte perdido. En esta etapa crítica de la vida de nuestro país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser los grandes protagonistas de una revolución ética del basta ya contra la impunidad.

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