TEMA: Hoy por Hoy


Hoy por hoy

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Hace 7 añosPoco a poco las calles de la ciudad de Panamá se empiezan a llenar de viajeros de todos los confines del mundo. Unos van con sus mochilas rumbo a nuestras playas y montañas, otros a disfrutar del festival internacional de jazz, y la mayoría se reúne aquí en ocasión de lo que se prevé se convierta en uno de los encuentros de masa más importantes de nuestra historia: la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en un par de días con la presencia -por cinco días en nuestra capital- de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco de la Iglesia católica. Son imágenes que nos deben llenar de optimismo y esperanza, independientemente de nuestras creencias, de nuestras posiciones sobre temas puntuales o de las críticas sobre el papel del Estado en este tipo de eventos. Hoy, más que nunca, requerimos dar muestras de respeto, tolerancia y pluralismo. Ojalá toda esta marea humana , de rostros, lenguas y culturas tan diversas, sea un soplo de aire fresco para cimentar entre ciudadanos y líderes políticos, religiosos y sociales, esos principios que han forjado una nación multicultural como la nuestra. Panamá es de todos.
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Hace 7 añosLa Asamblea tiene en sus manos, desde el año pasado, dos proyectos de ley que son necesarios para mantener a Panamá alejada de las listas de los considerados paraísos fiscales. Esos dos proyectos –el 591 y el 692– están estancados, porque los diputados alegan que el Ejecutivo les ha advertido que deben aprobarlos “sin que se le introduzcan modificaciones”. El Ejecutivo sabe perfectamente que es derecho de los diputados hacer las modificaciones que crean pertinentes, pero estos no deben olvidar que tienen que respetar el espíritu de los proyectos, pues, de otra forma, seguiremos afectados por las acciones de organismos internacionales, con las negativas consecuencias que se pretende evitar. Los diputados también alegan que la discusión de estos proyectos debe hacerse con la participación de todas las bancadas, y tienen razón. La ausencia de diputados atrasa las discusiones y su presencia quizá hasta enriquezca el análisis. Lo cierto es que el próximo mes, en Europa se hará una revisión de las listas, y sin la aprobación de estos proyectos, seguramente apareceremos en ellas, incumpliendo compromisos adquiridos como Estado. Lo importante ahora es que se discutan ambos proyectos lo antes posible, responsabilidad que no solo es atribuible al Legislativo, sino al Ejecutivo, que tuvo tiempo suficiente para elaborarlos, enviarlos, explicarlos y darles seguimiento en la Asamblea, en lugar de estar con correderas de última hora.
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Hace 8 años


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Hace 8 añosLa decisión del Gobierno de Panamá, de no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro como jefe del Ejecutivo de Venezuela, no solo ha sido acertada, sino justa con el pueblo de esa hermana nación, que sufre desde hace años la presencia de un consumado y completo autoritario, que no siente el menor respeto por las leyes y Constitución de su país. El pueblo venezolano comprometido con la democracia agradece profundamente este gesto, no solo de Panamá, sino de varios otros países de la región, que se suman a la lista de los que no reconocerán al nuevo gobierno. Por primera vez se ha actuado al unísono, con decisión y acogiendo el clamor de ciudadanos que han tenido que pagar con vidas, sangre y libertad sus gritos de democracia y justicia. Nicolás Maduro puede quejarse de esta posición adoptada por Panamá y el resto de los países, pero jamás podrá callar a un pueblo que se ha levantado en su contra por este nuevo e ilegítimo mandato. La comunidad internacional –por fin– toma conciencia del estado agónico en el que se encuentra la democracia venezolana, y Nicolás Maduro –así como sus cómplices– sufrirán el aislamiento que se han ganado con sus arbitrarias actuaciones.
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Hace 8 añosLa gesta del 9 de enero fue recordada ayer por algunos políticos que, en conclusión, hacían ver que gracias a los actos heroicos de los panameños que entregaron su vida o los que fueron heridos en la contienda, Panamá cuenta hoy con un país soberano. Cincuenta y cinco años después, cabe preguntarse cómo ha sido aprovechada esa soberanía en los territorios cedidos en la antigua zona canalera. El mayor logro fue la devolución de la franja bajo administración estadounidense, incluyendo, por supuesto, el Canal de Panamá, que, tras 20 años, sigue siendo un referente nacional e internacional, timbre de orgullo de todos los nacionales. Pero nuestra soberanía tiene nuevos enemigos, que no son extranjeros, precisamente. Son de nuestra propia cosecha, que se han aprovechado para hacer negocios con las tierras recibidas o por la pérdida de instalaciones por falta de iniciativa para sacarle beneficios. Se repartieron casas o las compraron a costo y algunos más violan las leyes aprobadas para su uso. La recuperación de nuestra soberanía es irrespetada por políticos inescrupulosos que ponen sus intereses por encima del pueblo que pagó su justo reclamo con vidas y sangre.
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Hace 8 añosLas pretensiones de Franz Wever de convertirse –mediante el voto de los diputados- en magistrado del Tribunal de Cuentas es la antítesis del espíritu de la ley que creó esta institución. Revela, eso sí, un maquiavélico complot de la Asamblea para asegurarse más impunidad de la que ya goza, gracias a una Corte Suprema vergonzosamente divorciada de la justicia. Está claro que muchos diputados deben o deberán rendir cuentas sobre el uso de bienes y dineros estatales tras la inédita cantidad de investigaciones que adelanta o ha adelantado la Contraloría en temas como las planillas de la Asamblea o las donaciones o el uso de las partidas circuitales. La movida de Wever para lograr una de las sillas que ocupan los magistrados del Tribunal parece catastróficamente obvia frente a este escenario. Ello, sin contar el hecho de que promover su autocandidatura desde el cargo que ocupa en la Asamblea es un asunto que parece a todas luces tráfico de influencias. Por último, ¿cree Wever que basta con ser abogado, panameño y haber sido funcionario por 10 años para ocupar el cargo? Estos son requisitos formales, pero usted, señor, carece de los que no están escritos en la ley para ocupar ese cargo.
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Hace 8 añosEl debut en el ruedo político de las candidaturas por la libre postulación se ha dado a tropezones. Por un lado, se colaron aspirantes cuyos métodos han resultado ser, cuando menos, sospechosos. Por el otro, el Tribunal Electoral (TE) no siempre ha estado a la altura del reto, ni ha correspondido al gran esfuerzo hecho por esos candidatos serios que han decidido emprender la política sin la plataforma y el resguardo de un partido. No obstante, la introducción de esta nueva figura, hecha posible gracias a las últimas reformas electorales, es de celebrarse con entusiasmo. La campaña para la recaudación de firmas legítimas ha despertado de su apatía a más de un decepcionado, y el número de respaldos logrados por algunos candidatos – que en casos puntuales superan la membresía de los partidos más pequeños- ha puesto en evidencia que el electorado ansiaba nuevas opciones. Esto debe ser razón suficiente para que el TE se vuelque en un trabajo de depuración y apoyo eficiente, transparente y justo. Su trato a estas candidaturas debe estar a la altura del esfuerzo realizado por los aspirantes y, sobre todo, de las expectativas y esperanzas que centenas de miles de panameños han puesto en ellos.
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Hace 8 añosLa cultura de la criminalidad organizada ha penetrado entidades clave para el buen funcionamiento de la justicia y de la economía nacional. El escándalo de las fincas “sacapresos”, que consistía en el uso de propiedades sobrevaloradas como fianzas para obtener la libertad de procesados en delitos de corrupción y otros, tiene un nuevo capítulo. En una serie de diligencias se ha detenido a cinco personas, entre las que hay funcionarios del Registro Público que presuntamente colaboraban en la falsificación de certificaciones de la Anati y de la Dirección General de Ingresos. Esto parece ser la punta del témpano de hielo, ya que toda red de delincuencia organizada necesita de sus informantes, intermediarios y padrinos. Este es otro claro ejemplo de que no hay acto de corrupción pequeño, y demuestra ampliamente la necesidad de seguir estas pesquisas. Panamá no se puede dar el lujo de perder la confianza en los documentos y certificaciones de sus instituciones públicas, como tampoco se puede permitir la duda acerca de las fianzas consignadas en los tribunales y aceptadas por los jueces.
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Hace 8 añosLa privatización de los parquímetros en la capital será otro duro golpe a la economía de los ciudadanos que utilizan transporte propio para trasladarse en esta urbe que carece de suficientes estacionamientos y cuyo sistema de transporte público apenas empieza a modernizarse. Como si fuera poco el hecho de que deben pagar considerables peajes por el uso de corredores, ahora el Municipio de Panamá se apresta a privatizar un servicio que el próximo año aumentará de forma drástica. Es irónico que la falta de planificación de los funcionarios públicos para crear espacios que sirvan para estacionar los vehículos se convierta ahora en un lucrativo negocio, sin considerar las necesidades de los contribuyentes, con cuyos impuestos se han construido las calles y cuyo uso ahora nuevamente tendrán que pagar a través de este negocio. Pero, como si fuera poco, las empresas beneficiadas recibirán para su usufructo el equipo existente, como si hubieran pagado por este. Quizás este haya sido el negocio del siglo, después de que el Estado entregó servicios y equipos estatales a las empresas Port Engineering And Consultants Corporation (PECC) y Ocean Pollution Control (OPC). Es absurdo que, de 50 centésimos que cuesta actualmente una hora de estacionamiento, se pretenda subir a $2 dólares y más, sin tener que hacer mayor inversión, como aquel que debe comprar un costoso terreno para poder lucrar de este mismo negocio.
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Hace 8 añosFaltan exactamente cuatro meses para las elecciones generales del 5 de mayo. Aparte de lo notable de esta fecha, en el día de hoy se activan nuevamente los fueros electorales. Como es sabido, en Panamá nuestra generosa legislación extiende los fueros no solo a los candidatos principales y suplentes a la Presidencia de la República, a las alcaldías, a las diputaciones y a los cargos de representantes de corregimiento, sino que también a todos aquellos miembros de los partidos políticos y del propio Tribunal Electoral que desempeñen una función en el proceso de elecciones. Estas prerrogativas incluyen una tutela contra acciones como despidos o traslados y sanciones dentro de la esfera laboral, sin la autorización del Tribunal Electoral, y además, impiden las actuaciones y diligencias por parte del Ministerio Público, y otras agencias de instrucción para perseguir, investigar o tramitar lo pertinente a un proceso penal. Este exceso es una clara burla a los sentidos básicos de equidad y de decencia que fundamentan el Estado de derecho. En el proceso electoral actual, el fuero penal concedido a los candidatos o a los dignatarios de los partidos políticos ha sido la motivación suficiente para que personas investigadas por delitos de alto perfil detuvieran la acción del Ministerio Público. Esto es otra herramienta más para los que buscan la impunidad, haciendo de la política un imán para bribones y delincuentes.

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