Hoy por hoy

La Corte Suprema de Justicia está secuestrada por intereses creados, que nada tienen que ver con la correcta administración de las controversias y los litigios en Panamá. Ayer, por ejemplo, un pleno dominado por magistrados suplentes demostró lo dispuestos que están los máximos árbitros del país a someter, de rodillas, la lógica jurídica y la institucionalidad. La necia insistencia en cometer un disparate jurídico, como es la declinatoria de la competencia, y la aún más absurda declaración de nulidad de lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía, revela las pérfidas intenciones que se esconden entre las togas del Palacio Gil Ponce. Todo el país es rehén de la inseguridad jurídica, en manos de magistrados que están dispuestos a dejar el honor, la integridad y la razón por motivos desconocidos, pero que generan una repugnante suspicacia. De tener éxito su confabulación, la historia se encargará de ponerlos en el lugar que les corresponde. Hoy, el país amanece intranquilo porque ya sabemos que tenemos una Corte Suprema ilegítima y cobarde. Bien podrían hacerle un favor a su verdadero patrón, la nación, y poner a disposición sus cargos, ya que hacer justicia es una tarea que, evidentemente, les es ajena.