En el sistema penal acusatorio (SPA) hay 16 jueces designados para el Tribunal de Juicio del Primer Distrito Judicial, en el cual se ventilará ahora la causa que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos de violación al derecho de la intimidad, inviolabilidad del secreto y peculado de uso y de malversación. De estos 16 profesionales –algunos con muy poca experiencia y otros que dependen directamente de la voluntad de los magistrados de la Corte que los nombraron interinamente– 3 deberán llevar esta etapa procesal; es decir, juzgar y encontrar culpable o no, por primera vez en la historia nacional, a un expresidente de la República. La experiencia de los últimos 18 meses ha demostrado de sobra el nivel de dificultad que representa llevar un proceso judicial en contra de una persona con tantos recursos económicos y caudal político. Las presiones que ahora deberán enfrentar los jueces del SPA solo añadirán otro elemento a la ya compleja situación, pues su independencia es fuertemente cuestionada por la sociedad civil. Corresponde a la ciudadanía observar muy de cerca cada una de sus actuaciones para garantizar que, al menos, ellos sí se atrevan a hacer lo que siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia no fueron capaces de lograr. Lo contrario sería una derrota más para la justicia, el Estado de derecho y para un país que no merece tanta corrupción.
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09 dic 2018 - 05:00 AM
