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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 añosLa Ley de Transparencia es emasculada todos los días por funcionarios que abusan del alcance de la Ley de Protección de Datos Personales para ocultar potenciales escándalos, ocultando información pública. Y cuando no es esta última legislación, emplean la de Transparencia para prohibir la divulgación o evitar el contenido de actas, compras e información que quieren esconder. Ya van varios casos en los que se ha castrado la Ley de Transparencia, y a esta infame lista se suma el director del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien se niega consistentemente a revelar información de carácter público, tal como lo hizo en su momento Óscar Ramos, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, utilizando el mismo argumento. Es por eso que hay poco avance en la lucha contra la corrupción, como lo revela el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, correspondiente a 2022, que prepara la American Society/Council of Americas and Control Risks tras estudiar cómo cada país combate la corrupción.

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Hace 4 añosSi algo ha quedado claro en la certificación de la aerolínea Bocas Air es la opacidad con la que se maneja un tema de carácter público, incluyendo la identidad de todos sus accionistas y el proceso para obtener el certificado de operación para rutas de pasajeros y carga. La opacidad deja en estado de indefensión a eventuales víctimas en caso de que alguno de ellos quiera ir legalmente en contra del principal dueño de la empresa. Y muy preocupante resulta el desgreño evidente en el proceso de certificación de esta empresa, plagado de omisiones, datos falsos y violaciones evidentes a los reglamentos de aviación.

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Hace 4 añosLa anulación de la audiencia preliminar del caso New Business, que celebró el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales el 27 de enero de 2022, deja ver las grandes imperfecciones del sistema judicial panameño, en el que las formalidades en asuntos nimios pueden provocar –a la postre– injusticias e impunidad. Lo ordenado por el Primer Tribunal Superior de Justicia implica un retroceso en este proceso, pues ahora hay que empezar de nuevo, ya que una decisión de la juez titular del caso ha sido anulada. La inflexible rigidez de nuestro sistema de justicia y su exagerada formalidad se han convertido en trampas cuyo efecto es el de un campo minado para jueces y fiscales, ante la mirada indiferente de las más altas autoridades del Órgano Judicial que, teniendo iniciativa legislativa, hacen poco o nada para resolver el intransitable laberinto procesal que termina en absurdos fallos, carentes de toda justicia, pero llenos de excusas formales y legales, porque los expedientes terminan estallando en las minas del “debido proceso”. ¿Acaso es este el escenario de New Business, Odebrecht, FCC, Blue Apple y los demás? Con lo que está ocurriendo en los casos de alto perfil en Panamá, este seguramente será el escenario: impunidad total.

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Hace 4 añosPor lo que ha revelado el Órgano Judicial sobre su ejecución presupuestaria –que arroja un déficit de $45.7 millones– queda claro que, de lejos, la justicia no es una prioridad en este gobierno. Miles de millones se van cada año en pagar una abultada e ineficiente planilla estatal, pero en el Judicial no alcanza para pagar alquileres ni servicios básicos. ¿Cómo se puede impartir justicia si no alcanza para contratar personal idóneo y capacitado? Este es el panorama incierto de una justicia que enfrenta sus peores momentos, que debe lidiar con poderes tan sucios, que jueces y magistrados responden al estímulo de la corrupción y poco o nada se hace para enfrentar el problema. De hecho, en las entrevistas que se llevan a cabo para elegir a un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hay candidatos tan cómodos con esta dolorosa realidad que son incapaces de ver lo obvio. Culpan a los medios de comunicación de la percepción negativa que tiene la sociedad sobre la administración de justicia, como si fueran los medios los que la imparten. Es la opinión de Asunción Alonso –suplente del magistrado José Ayú Prado–, cuya manifiesta incapacidad la hace buscar la fiebre en la sábana. Así de mal están las cosas.

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Hace 4 añosLa empresa privada solicitó esta semana una revisión de los subsidios estatales, a fin de llevarlos a su fin paulatino y planificado, en especial, el denominado vale digital. Pero el presidente de la República anunció ayer –demostrando lo poco que le importan las opiniones de la comunidad empresarial– que el vale digital se extenderá hasta finales de este año, para lo cual había contemplado en el presupuesto general del Estado de este año unos $400 millones. La Cámara de Comercio sugirió que ese dinero se destinara mejor a la educación, en vista del alto porcentaje de estudiantes que no están asistiendo a los centros educativos. Pero, en vez de ello, el subsidio se mantendrá hasta fin de año, fecha que seguramente –teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina– será extendida con fines electoreros.

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Hace 4 añosParece que la especialidad de los políticos es el juega vivo. No conformes con una postulación en sus respectivos partidos políticos, ahora quieren buscar cargos públicos por la libre postulación, desvirtuando –y enlodando– una figura que los aspirantes independientes utilizan para lograr el voto del electorado que no cree, precisamente, en los partidos. Teóricamente, tan lejos pueden llegar con esto que un militante de partido podría lograr la candidatura a la Presidencia de la República, diputación o alcaldía, si logra las firmas requeridas por ley y, además, supera en cantidad a otros aspirantes por la libre postulación.

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Hace 4 añosEl Gobierno ha contraído cuantiosas deudas en los años que lleva la pandemia. No se sabe cuántos de esos millones en empréstitos han sido destinados a engrosar la planilla del Estado. Además, ha hecho uso de centenares de millones destinados al Fondo de Ahorro de Panamá, sin pedir ese dinero ni informar cómo se ha gastado. Lo que sí sabemos con seguridad es que estamos mucho más endeudados que antes y que el Gobierno ha contratado a diestra y siniestra. El despilfarro ahora nos pasa la factura: no hay plata ni para recoger la basura.

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Hace 4 añosPanamá se encuentra en el umbral de superar la emergencia nacional decretada por causa de la pandemia. Esta emergencia fue la oportunidad de negocios para muchos, pero, al mismo tiempo, puso en aprietos a decenas de miles de personas que enfermaron o que vieron sus ingresos disminuidos por causa de una rebaja en las horas de trabajo, mientras que otros perdieron todos sus ingresos al terminar su relación laboral. Entonces era comprensible ayudar a los que habían quedado cesantes, a los enfermos y a los que debían guardar cuarentena.

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Hace 4 añosEn la empresa estatal Mi Bus hay 300 unidades dañadas, esperando piezas que puede que lleguen en un mes como en seis meses; en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario no hay forma de que se recoja la basura por falta de equipos y seguramente también de materia gris; la Policía Nacional no da con el paradero de un exalcalde condenado por delitos contra la administración pública, cuando hay gente que se lo topa en todos lados; el Gobierno maneja el presupuesto del Estado con tal desgreño que las calificadoras le han advertido abiertamente que Panamá puede perder su calificación de riesgo. En la política, la bancada casi entera de Cambio Democrático fue expulsada y su mandato revocado por darle su voto para presidente de la Asamblea Nacional a un PRD, mientras este último se sumó ayer a la defensa de su oposición, como si fuera miembro de CD; el presidente de la República veta –sin una sola razón de peso– una ley contra el conflicto de interés mientras su gobierno se gasta $725 millones del Fondo de Ahorro Panamá sin decirle a nadie ni explicar porqué usó un dinero que debía solicitar expresamente. Noticias de solo unos tres días que nos llevan a preguntarnos ¿alguien está al mando del país?

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Hace 4 añosLos aportes del Estado al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) que provienen del Canal de Panamá –entre 2018 y 2021– están en deuda. Es decir, el Gobierno ha ignorado olímpicamente una disposición legal que le obliga a hacer esos aportes cuando las contribuciones de la Autoridad del Canal sean superiores al 2.5% del PIB nominal para el período 2018-2019; y superiores al 2.25% del PIB a partir de 2020. Concretamente, la deuda del Estado con el FAP alcanza los $725 millones hasta 2021, y seguramente en 2022, el FAP no verá tampoco ni un centavo del Canal de Panamá.

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