Hoy por hoy

La Ley de Transparencia es emasculada todos los días por funcionarios que abusan del alcance de la Ley de Protección de Datos Personales para ocultar potenciales escándalos, ocultando información pública. Y cuando no es esta última legislación, emplean la de Transparencia para prohibir la divulgación o evitar el contenido de actas, compras e información que quieren esconder. Ya van varios casos en los que se ha castrado la Ley de Transparencia, y a esta infame lista se suma el director del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien se niega consistentemente a revelar información de carácter público, tal como lo hizo en su momento Óscar Ramos, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, utilizando el mismo argumento. Es por eso que hay poco avance en la lucha contra la corrupción, como lo revela el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, correspondiente a 2022, que prepara la American Society/Council of Americas and Control Risks tras estudiar cómo cada país combate la corrupción. Pese a que hubo un ligero avance, el estudio menciona cómo se restringió el acceso a las actas del Consejo de Gabinete y el fallo del Tribunal Electoral que mantuvo el fuero electoral al expresidente Martinelli. Tal parece que nunca saldremos de la mediocridad.