Hoy por hoy

Los aportes del Estado al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) que provienen del Canal de Panamá –entre 2018 y 2021– están en deuda. Es decir, el Gobierno ha ignorado olímpicamente una disposición legal que le obliga a hacer esos aportes cuando las contribuciones de la Autoridad del Canal sean superiores al 2.5% del PIB nominal para el período 2018-2019; y superiores al 2.25% del PIB a partir de 2020. Concretamente, la deuda del Estado con el FAP alcanza los $725 millones hasta 2021, y seguramente en 2022, el FAP no verá tampoco ni un centavo del Canal de Panamá. El Gobierno –de hecho– se ha gastado $725 millones del FAP sin utilizar los canales formales para obtener ese dinero; no ha dado explicación alguna de cómo lo ha gastado; lo ha ocultado al guardar silencio, y lo que es peor: seguramente preparará un proyecto de ley –como siempre lo hace– para permitirle al Gobierno gastarse esa plata en lo que ya es un uso consumado. A eso el Gobierno le llama “seguridad jurídica”, cuando lo que hay aquí es un completo relajo. No hay pandemia que justifique tanta indisciplina fiscal y falta de transparencia. Lo que se ha hecho es violar la ley y eso debería tener consecuencias para los responsables.