Hoy por hoy

Por lo que ha revelado el Órgano Judicial sobre su ejecución presupuestaria –que arroja un déficit de $45.7 millones– queda claro que, de lejos, la justicia no es una prioridad en este gobierno. Miles de millones se van cada año en pagar una abultada e ineficiente planilla estatal, pero en el Judicial no alcanza para pagar alquileres ni servicios básicos. ¿Cómo se puede impartir justicia si no alcanza para contratar personal idóneo y capacitado? Este es el panorama incierto de una justicia que enfrenta sus peores momentos, que debe lidiar con poderes tan sucios, que jueces y magistrados responden al estímulo de la corrupción y poco o nada se hace para enfrentar el problema. De hecho, en las entrevistas que se llevan a cabo para elegir a un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hay candidatos tan cómodos con esta dolorosa realidad que son incapaces de ver lo obvio. Culpan a los medios de comunicación de la percepción negativa que tiene la sociedad sobre la administración de justicia, como si fueran los medios los que la imparten. Es la opinión de Asunción Alonso –suplente del magistrado José Ayú Prado–, cuya manifiesta incapacidad la hace buscar la fiebre en la sábana. Así de mal están las cosas.