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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 4 años¿Cuál es el balance de los tres primeros años de gobierno de Laurentino Cortizo? Al margen de lo que el mandatario define como logros, los ciudadanos también tenemos nuestra propia opinión. En esta administración sí ha habido crecimiento: de la planilla estatal; de los subsidios; de la percepción de corrupción y la falta de transparencia; de la deuda pública; de la basura en las calles y la falta de mantenimiento de la red vial de todo el país; de la deserción escolar, y de las exoneraciones fiscales para los amigos. También ha aumentado el descontento de quienes sí necesitan ayuda; el desempleo y la informalidad laboral, así como la incapacidad del Gobierno para generar y promover la inversión. Creció el déficit fiscal y la opacidad sobre el gasto; los salarios de algunos funcionarios privilegiados, y la cantidad de corregimientos y distritos, solo para complacer a la jerarquía política oficial. Aumenta la indiferencia. Señor presidente: van tres años perdidos; le restan dos para corregir su legado. Todavía está a tiempo de hacer algo positivo.

Hoy por hoy

Hace 4 añosHoy, Laurentino Cortizo cumple tres años en el solio presidencial. Muy probablemente han sido los tres más difíciles de las últimas décadas debido a la pandemia. Y ha sido esta emergencia sanitaria la que ha develado las mayores falencias de nuestros políticos, porque en lugar de planificar cómo hacer frente a las secuelas del virus, lo que vemos es una manifiesta incapacidad para gobernar. Nunca antes hemos estado tan a la deriva, sin dirección, sin ruta ni brújula, con un Gabinete que no resuelve, ya que los problemas no solo no disminuyen, sino que aumentan. A pesar de tanta incompetencia, el país marcha por inercia, porque hay otros cargando el peso de políticos que solo saben ser sanguijuelas, rémoras que acechan cada oportunidad de hacerse de dinero ajeno. Cortizo debe saber que sus electores están cansados, que exigen cambios en los ministerios con la esperanza de solucionar problemas en obras públicas, educación, seguridad e, incluso, salud. Vivimos momentos apremiantes que requieren soluciones urgentes. No necesitamos más diagnósticos o mesas de diálogo; lo que se requiere ahora son soluciones y, francamente, su Gabinete no es de ayuda; de hecho, es un lastre pesado y pernicioso. ¿Acaso en el PRD no hay nadie preparado para ocupar esos cargos?

Hoy por hoy

Hace 4 añosParece mentira que, a estas alturas, cuando la Caja de Seguro Social (CSS) está en su peor momento económico, la administración –con excusas banales– se niegue a proporcionar los estados financieros para que la junta de actuarios pueda examinar cuál es el futuro del programa de la institución con más problemas: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El director de la CSS, Enrique Lau, está actuando como tapadera; está ocultando la información que nos permitiría visualizar qué tan grave es la situación. Esto huele a serios problemas, tan serios, que no quieren que los asegurados y la sociedad en general se enteren de lo que está ocurriendo. Pero no basta con poner un dedo para tapar el sol. Tan grande problema no puede ser ocultado completamente y de ahí que se conozcan algunos detalles que revelan un grave deterioro que ha debido ser solucionado en esta administración. Pero somos testigos de que nada ha pasado, de que las cosas siguen igual de graves, de que el problema solo se agrava, al punto de que ahora quieren que nada se sepa. Y, precisamente, para evitar mayores problemas es que hay que insistir en conocer lo que pasa en las entrañas financieras de la CSS.

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Hace 4 añosLa intervención que ha solicitado al Ministerio Público un abogado local para que investigue la presunta comisión de varios delitos en la gestión del actual director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) y de su director de Seguridad Aérea es de mucha importancia para el país. Una investigación de este medio reveló la ligereza en la forma en que la AAC otorgó un certificado de explotación aérea –para el transporte de pasajeros y carga– a la empresa Bocas Air Company. Importantes reglamentos fueron ignorados, por no decir violados, en beneficio de una empresa que ha tenido que ser suspendida en dos ocasiones: una voluntaria y otra ordenada por la AAC, dadas las irregularidades encontradas en múltiples aspectos y al desprendimiento de una puerta de carga en uno de sus aviones cuando despegaba. Pero, además, el director de la AAC actuó como tapadera, al negarse a entregar información pública que involucra a su más importante subalterno –el director de Seguridad Aérea– accionista de una empresa que busca una certificación para operar y que entrega un departamento bajo su mando. Esperamos que el Ministerio Público no haga lo mismo –prestarse de tapadera– pues en juego hay vidas humanas.

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Hace 4 añosEl caso Odebrecht en Panamá involucra a dos expresidentes, exministros de Estado, funcionarios de diversas jerarquías, así como civiles que se prestaron para esconder dinero o testaferros. Se trata, por lejos, del mayor escándalo del país –de América Latina, y con conexiones en Estados Unidos y África– y amerita que, por su enorme interés público, la celebración de sus audiencias no esté reducida a la presencia de un puñado de personas. El Órgano Judicial, además de garantizar un proceso justo y apegado a la ley, debe permitir que el país pueda seguir paso a paso sus audiencias mediante la transmisión en vivo del juicio. No hace falta citar los precedentes de enviar la señal de circuito cerrado del juicio a un circuito abierto, para que todo el país tenga la oportunidad de ver lo que es sin duda es el más importante juicio por corrupción jamás instaurado, en el que hay 62 personas acusadas. Insistimos enérgicamente en que estas audiencias deben ser transmitidas en señal abierta de televisión o en internet porque, además, es garantía de transparencia. La opacidad posibilita que la justicia sea manipulada y, dada la importancia del caso, el Órgano Judicial debe comportarse como de primer mundo y no como el de una república bananera.

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Hace 4 añosLas cifras que dibujan la situación del empleo informal son dantescas. Casi 737 mil personas están en la informalidad, y eso es el equivalente a casi la mitad de la población económicamente activa, en la que la empresa privada absorbe unas 794 mil personas. Significa que los trabajadores que podrían pagar impuestos y cotizar en la Caja de Seguro Social no lo pueden hacer, ya que no cuentan con un empleo formal. El ritmo de apertura de empresas no es suficiente para conseguir que más dejen la informalidad y de ahí que la Cámara de Comercio esté preocupada porque, lejos de promover la inversión para generar nuevos empleos, lo que hace el gobierno es mantener los subsidios y ayudas económicas de la pandemia.

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Hace 4 añosLos altos cargos del gobierno parecen gozar de una vida faraónica, a juzgar por la creciente necesidad de contratar más y más personas, sin que a los que pagamos esa planilla nos digan por qué crece tanto este gasto. Si continuamos al ritmo de los primeros cuatro meses, al final de este año la planilla estatal alcanzará los $4 mil 750 millones, que, en promedio, serían unos $200 millones más que el año pasado. Y nuevamente, la institución que lidera los contratos de trabajo en abril es la Asamblea Nacional, con casi mil 730. El que más se le acerca es el Ministerio de Salud, con 482 empleados nuevos. Es evidente que el Ministerio de Economía y la Contraloría han sido extraordinariamente negligentes e irresponsables en el manejo de este gasto, considerando que tenemos un déficit fiscal que supera el 4% este año y se cubrirá con deuda. La insensatez del Gobierno alcanza niveles inéditos. El año pasado, el balance total preliminar del Sector Público No Financiero tuvo un déficit acumulado –a diciembre de 2021– del equivalente a solo $500 millones menos que el actual costo de la planilla estatal: unos 4 mil 240 millones o el 6.7% del PIB estimado. Y aún así, la fiesta continúa como si fabricáramos dólares. ¡Qué inconciencia!

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Hace 4 añosEs un minucioso informe sobre libertad de expresión. Lo hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el caso de Panamá, expone las herramientas de las que ha echado mano el Gobierno para impedir la labor periodística, así como el acoso judicial a medios de comunicación. Una de estas herramientas es la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo espíritu era otro, pero que ha servido a los propósitos de políticos que se niegan a dar explicaciones sobre su gestión. La Relatoría y la propia CIDH han recomendado a los poderes legislativos que “deben fortalecer los marcos locales de protección de datos personales, ya que la explotación de los mismos con fines publicitarios por parte de las plataformas y otros actores del ecosistema digital es a la vez uno de los elementos que, utilizado de manera inadecuada, impulsa, indirectamente, el fenómeno de la desinformación”, algo que ocurre con demasiada frecuencia, neutralizado la Ley de Transparencia y obstaculizando que la información llegue al ciudadano. El Gobierno debe poner más atención a este tema o, de lo contrario, terminará denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abuso.

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Hace 4 añosLa Asamblea Nacional aprobó una legislación que supuestamente dejaría sin efecto la Ley 122 de 2019, de incentivos fiscales al sector turístico. Así nos doraron la píldora, pero en realidad lo que hicieron es dejar vivas las concesiones fiscales ya otorgadas y extendieron este privilegio a empresas que no lo tenían. Lo que han hecho el Ejecutivo y el Legislativo es una tomadura de pelo que, lejos de ser broma, sus consecuencias son serias, pues perjudican las arcas del Estado al permitir la exoneración de obras de interés privado que no deberían contar con este subsidio. Sí, subsidio, porque no hay otra forma de llamarlo. Este antecedente abre las anchas puertas del clientelismo, pues, del mismo modo que empresarios de ese sector pidieron a este gobierno pagar el favor que supone “invertir” en una campaña electoral, de la misma forma habrá otros avivatos esperando su turno para exigir un resarcimiento a sus “inversiones” en política, lo cual hará más estrecha la recaudación fiscal, perjudicando a toda la colectividad. Estos incentivos fiscales crean castas de empresarios que se creen superiores al resto de los panameños. Y claro, ya no son iguales ante la ley, pues gozan de privilegios que nuestra Constitución prohíbe expresamente.

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Hace 4 añosLa gestión del actual director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), así como el de un cargo clave en esa institución y para el país –el de director de Seguridad Aérea– dejan mucho que desear, por no decir que es negligente e indolente. Ellos están en esos cargos para garantizar la seguridad de los vuelos en general y, en particular, de pasajeros y tripulantes. Es imperdonable e inadmisible la actuación de estos funcionarios, quienes han dejado claro que no trabajan para el Estado, sino para intereses económicos que, sin importar las consecuencias para el país y sus habitantes –nacionales o extranjeros– obtienen de ellos lo que quieren y, por si fuera poco, utilizan la institución como trampolín para sus negocios personales, incapaces de ver lo obvio: un evidente y escandaloso conflicto de interés. La AAC es una institución en la que el Presidente deberá poner más atención: es necesario remover el personal que, lejos de satisfacer los intereses de la Nación, está allí para otros fines. La irresponsabilidad de la actual administración de la AAC no debe continuar. Las vidas de ciudadanos locales y foráneos está en manos de estos sujetos. Si continúan en sus cargos, será cosa de suerte que no haya situaciones que lamentar en el futuro.

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