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El acuerdo de pena y colaboración eficaz firmado por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción con la defensa de Rafael Guardia Jaén –y posteriormente validado por el juez Leslie Loaiza- es de una generosidad indignante. El Ministerio Público ha asegurado, palabras más palabras menos, que en lo que respecta a la liberación de bienes millonarios tal complacencia es cortesía del Órgano Judicial, pues fue Loaiza quien, al momento de validar el acuerdo, levantó el decomiso. Además, ha procedido a apelar tal decisión. El recurso ha servido para suspender la liberación de bienes, mas no para calmar el desasosiego ciudadano. En todo el proceso ha faltado transparencia; para colmo, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el abogado de la defensa han ofrecido versiones distintas del alcance del acuerdo. Así las cosas, y dado lo que está en juego, lo único que vale y pesa es la información factual, pura y dura. Hagan públicos los acuerdos. Y que sea la ciudadanía la que juzgue.