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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 8 añosEsta semana, unos 700 mil estudiantes regresan al sistema educativo a enfrentar las mismas carencias y desafíos estructurales. Así, 33% de los planteles públicos no tiene electricidad, 40% carece de agua potable, y 65% de las escuelas primarias oficiales son multigrado. El Ministerio de Educación se ha fijado, entre los retos más apremiantes para este año, implementar un sistema de medición y evaluación apropiado para los estudiantes, los docentes y el propio ministerio; adoptar una estrategia de mantenimiento permanente de los planteles educativos; fortalecer el programa Panamá-Bilingüe, y fomentar la inclusión tecnológica de las escuelas públicas con acceso a internet y paneles solares. Estos propósitos requieren del respaldo del contacto social que cada generación hace con la siguiente para tener una sociedad más educada, con mayores oportunidades y mejores instituciones. Si no entendemos que la tarea de educar no empieza en los colegios y no termina con los maestros, toda iniciativa en esta materia estará destinada al fracaso. Todos ganamos cuando somos parte del cambio en la educación.

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Hace 8 añosAdemás de los usuarios, el subsidio al tanque de gas de 25 libras ha tenido como beneficiarios a las empresas envasadoras y su red de distribuidores. El Estado absorbía sus costos operativos, lo que les permitía llegar al consumidor a precios irrisorios y obtener ganancias pingües. Hoy, el alza en los costos —por un lado— y el control del precio —por el otro— ha apretado los márgenes. Como medida de presión, las distribuidoras amenazan con cortar el servicio. Saben que ponen al Gobierno contra la pared, pues se trata de un producto de primera necesidad. Absorber el alza en los costos de empresas privadas mediante un mayor subsidio, es inaceptable desde el punto de vista de las finanzas públicas. No es responsable ni justo que, a fin de alimentar al poder económico y contentar a sectores populares, el Gobierno eche más bloques a la pesada mochila de los contribuyentes.

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Hace 8 añosLa luz del sol es el mejor desinfectante. Las auditorías al banquete de cientos de millones de dólares que los diputados canalizaron a través de las juntas comunales demuestran un modus operandi de la corrupción política que se pudo evitar, si las más elementales normas de transparencia se hubieran aplicado. La Corte Suprema de Justicia admitió dos incidentes de desacato contra la presidenta de la Asamblea Nacional, por negarse a entregar a este diario la información completa sobre los contratos y las donaciones efectuadas entre 2014 y 2017. Esta opacidad es el primer síntoma de que se esconde una posible malversación de fondos públicos, y por tanto, se puede suponer que los diputados siguieron festinando con nuestros impuestos. El ejercicio del derecho que todos los ciudadanos tenemos para exigir la rendición de cuentas a los funcionarios del Estado, es clave para el funcionamiento de una democracia sana. Frente al uso de los bienes públicos debe existir la más completa transparencia, y frente a la falta de transparencia, debe darse la más completa acción de la justicia. Exigir la verdad es nuestro derecho y nuestro deber.

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Hace 8 añosLa coyuntura de la falta de agua potable de la última semana en la ciudad capital ha servido de recordatorio de lo endeble que es el Idaan. Esta institución ha sido castigada por la improvisación, la politiquería y el clientelismo. Los panameños no tenemos el agua que nos merecemos, sino la que pagamos. Por más de 30 años la tarifa del agua se ha estancado, la infraestructura de las tuberías presenta un estado deplorable y la entidad ha perdido su capacidad de resolver problemas con sus propios recursos. El precio real de esta crisis no es solo el agua perdida y cuánto ha costado reparar las tuberías rotas. También incluye el perjuicio causado a aquellos negocios que no pudieron atender a su clientela, los hospitales y clínicas que limitaron su atención y la infinidad de molestias que enfrentan familias, empresas y todos aquellos que dependen del agua potable para sus quehaceres diarios. El Idaan no merece la suerte que tiene, pero tampoco puede ser una alforja llena de daños y perjuicios, y de omisiones que le quitan el agua sana a un país sediento. No podemos tolerar más errores y torpezas. Esto es simplemente inaceptable.

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Hace 8 añosEn la historia de la Contraloría General de la República no se había realizado una auditoría tan amplia y completa como la que en el día de ayer se entregó al Ministerio Público. Los hallazgos son repugnantes. Decenas de juntas comunales se prestaron para lavar millones de dólares de nuestros impuestos, en beneficio de la reelección de diputados de todos los partidos políticos. Aquí hay presuntos delitos como el peculado, el enriquecimiento injustificado, el blanqueo de capitales, la falsedad de documentos y otros que exigirán una investigación compleja de parte de los fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es el caso que no puede quedar impune. El Ministerio Público necesita de los recursos económicos y de la actualización de la legislación penal y procesal para cumplir con su misión. La Asamblea Nacional tiene la llave de los fondos y de los cambios legislativos. Señores diputados, demuestren que tienen un ápice de respeto por la Patria y dejen que esa investigación sea posible.

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Hace 8 añosEmpezó el año escolar y nos enfrentamos a los mismos reclamos y críticas de siempre, que harían pensar que nada se ha hecho para darle mantenimiento a las escuelas públicas. La realidad es que 2 mil 296 planteles han recibido un importante trabajo de reparación y mantenimiento, mientras que centenares de colegios van a tener nuevo equipamiento informático y de laboratorio, para poner al día su oferta académica. Claro que faltan escuelas por reparar, por supuesto que hay centros educativos funcionando en zonas rojas o edificios maltrechos, y todavía hay aulas rancho. Sin embargo, los avances y las mejoras han sido significativas. No hay atajos en el tema educativo, ni tampoco se puede atender este gran desafío únicamente con el Ministerio de Educación. Todos los sectores de la sociedad somos parte de la comunidad educativa, y no podemos dejar el mantenimiento para el verano o que la gestión de la infraestructura dependa exclusivamente del ciclo presupuestario del Estado. Para educar con éxito, necesitamos sumarnos todos.

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Hace 8 añosLa tarifa del Metro es una pequeña muestra de cómo al presidente Juan Carlos Varela le ha faltado carácter para actuar con la responsabilidad que exigen los temas de Estado, incluida la gestión de los recursos. Ricardo Martinelli estableció una tarifa absurdamente baja. Él dirá que con el objeto de asegurar su uso por los panameños de menos recursos; otros pensarán que con el propósito de obligar a su sucesor a pagar el costo político de un aumento. Sea cual fuera el caso, era de presumir que, una vez la nueva administración se enfrentara al delicado ejercicio de hacer cuadrar recursos y necesidades, el aumento sería inminente. Por su naturaleza, el Metro es una operación subsidiada, pero, cobrando una tarifa razonable y trazando una estrategia comercialmente para aprovechar el área de las paradas, el subsidio podría reducirse en varias decenas de millones de dólares anuales y se liberarían recursos para atender otras tareas pendientes. Esta lógica, sin embargo, no ha imperado; y la razón es muy sencilla. Los políticos evitan cualquier decisión que los pueda indisponer con los electores, aun cuando saben que, a la postre, esta redundará en beneficios para las mayorías. Dicen que actúan para proteger al pobre, pero lo cierto es que el pobre necesita de mucho más que sensibilidad social. Necesita de estadistas con visión y con carácter para tomar decisiones impopulares, y solucionar los problemas, en lugar de buscar la manera de pasárselos al siguiente.

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Hace 8 añosSi hay algo que no saben los gobiernos es planificar. Gastan millones de dólares para que otros les digan qué hacer, pero en cuanto se los dicen, entonces obran lo contrario. Lo que sí saben es improvisar. Es esto lo que ha convertido la ciudad en un caos, cuya peor parte la cargan los usuarios de las vías públicas, pues son los que deben sufrir todos los días y noches porque nadie planifica la mejor manera de solucionar los tranques que generan las obras dizque para “mejorar la vialidad”. Ningún burócrata se preocupa en saber cuánto le costará a esta gente, directamente de su bolsillo, el caos que arman de forma simultánea con la construcción del Metro, soterramiento de cables, pavimentación de calles, ensanche de vías, obstaculización de calles, reconstruir aceras y los embotellamientos que generan. Todo a la vez, ¡sufra quien sufra! Ejemplos sobran: Se compran buses y nadie pensó en paradas; se construye el Metro, pero después se acuerdan de los estacionamientos, de nuevas paradas, de intercambiadores. Todo sin planificarse, porque “en el camino” surgen las nuevas necesidades. Ya resulta descabellado confiar en que los políticos velen por los mejores intereses de la sociedad.

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Hace 8 añosLas tendencias demográficas indican que la población ha aumentado en Panamá Oeste y en la periferia del área metropolitana. Según la Constitución Política y la legislación, el Tribunal Electoral debe proponer una ley para ajustar la cantidad de diputados correspondientes a los distintos circuitos electorales, de acuerdo con los patrones demográficos. Concretar este proceso amenaza con convertirse en otra fuente de contienda entre los diputados, comprometidos a defender sus intereses por encima del bienestar superior de la población. Aquellos que saben que el ajuste del número de curules les costará muy caro serán la mayor resistencia a los cambios necesarios. Así, cada cinco años asistimos al espectáculo de la renovación de una Asamblea de filibusteros, corsarios y oportunistas que buscan su mayor beneficio. El sentido y la misión de la democracia han sido secuestrados por una clase política parásita que nos mantiene en el subdesarrollo. Quizás sea el mejor momento para que nosotros, los votantes, cambiemos a todo el cuerpo legislativo, y oxigenemos la política y al gobierno de nuestro país.

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Hace 8 añosEl 17 de julio del año pasado fue constituida la actual Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. De acuerdo con su Reglamento Interno, había cinco días para impugnarla. Nadie lo hizo, pero siete meses más tarde, la bancada del PRD propuso reconformar esta comisión para reflejar la nueva realidad política. ¿Qué cambió? Todo parece indicar que los diputados están desesperados por el maná de los recursos del Estado que el Ejecutivo ha dejado de compartir tan generosamente. Lo que debería resolverse en las urnas en mayo de 2019, se ha convertido en una crisis constitucional que amenaza con extenderse si los políticos más responsables y sensatos no asumen su rol. Ya es tiempo de que los adultos terminen con este peligroso juego infantil.

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